Los resultados de las elecciones generales de medio término en Mendoza arrojaron resultados que impactaron de manera directa en  la vida interna de las alianzas y coaliciones más votadas: CM y el FdT. Fueron 23 puntos de diferencia que animan al oficialismo provincial a “vender el ternero antes que nazca” y a la coalición liderada por el peronismo a hacer un balance y a generar respuestas que lo pongan en carrera nuevamente.

Una rápida lectura permite confirmar que la holgura de la diferencia entre ambas presagia una catarata de potenciales candidaturas por parte de los ganadores y una necesaria reflexión para encontrar el rumbo y la sintonía con las y los mendocinos en lo que concierne al peronismo y sus aliados.

Aunque parezca prematuro, y lo es, la carrera hacia la gobernación en el 2023 ya se largó en Cambia Mendoza. En la semana posterior a los comicios, el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, representante del PRO y sobrino de Omar De Marchi, reclamó al gobernador Rodolfo Suárez la apertura del gabinete provincial para alguno de los alfiles que conforman las huestes liberales de Mendoza. El pedido es una respuesta a la acción de Suarez de colocar a dos ministros de raigambre propia y “capitalina” en los ministerios de Turismo y Hacienda, que quedaron vacantes por la asunción de sus titulares en el  Congreso. En efecto, antes de las elecciones de noviembre, el gobernador se apuró a nominar a Víctor Fayad (h) en Hacienda y a Nora Vicario como ministra de Turismo en reemplazo de Lisandro Nieri, quien entra como diputado en reemplazo de Cornejo hasta el final del mandato, y a Mariana Juri, que resultó elegida senadora nacional.

La raíz del reclamo expresa una tirantez política entre Cornejo y De Marchi que viene de lejos, de la época en que éste era gobernador y Macri presidente. Ahora que se vuelven a probar el traje y los filtros de las cámaras con vistas al 2023, los liberales piensan en una candidatura propia que convoque a los fragmentos que se han separado de Cambia Mendoza y los radicales tienen al menos 3 postulantes que quieren competir: los intendentes Ulpiano Suárez, Daniel Orozco y el ultra cornejista Tadeo García Salazar. Luego de la pausa de las vacaciones veraniegas y de Vendimia, seguramente que esta disputa política ganará espacio y calorías en la prensa y en los despachos.

 Por su parte, en el peronismo se han comenzado a oír voces disonantes con la conducción de Anabel Fernández Sagasti. Entre ellas, la de los intendentes de Lavale Roberto Righi y de San Rafael Emir Félix. El primero, cuestionó que el PJ no convocó a todos los sectores del peronismo, como a Emanuel Iannizzotto o a Jorge Pujol, que representaron al Partido Verde y a Compromiso Federal respectivamente. “Hay que contenerlos a todos", dejó como crítica. Además Righi piensa que deben expresarse las disidencias con la gestión del Gobierno nacional. Por su parte, Félix en una acción evidentemente coordinada, propuso al intendente lavallino para encabezar el PJ el año venidero, por entender que Anabel está muy ligada a Cristina “tenemos que buscar el modo de ser más competitivos” planteó. El modelo propuesto es “más mendocinismo” y menos alineamiento nacional.

Este análisis resulta un tanto superficial y precipitado, porque omite la realidad de que los últimos gobiernos que consagró el peronismo se gestaron a partir del triunfo del por entonces Frente para la Victoria: en 2007 con Celso Jaque y en 2011 con “Paco” Pérez. También plantea una contradicción que no es tal, puesto que proponer un proyecto vinculado al desarrollo de Mendoza no implica de ningún modo que se plantee a partir de un conflicto con la Nación. Muy por el contrario, establecer una relación virtuosa y madura, que no tiene necesidad de ser permisiva con los intereses locales, históricamente ha resultado mucho más provechosa para ambas instancias.

El debate recién comienza. De su profundidad y de sus conclusiones principales dependerá que en el futuro cercano el peronismo vuelva a tener posibilidades no sólo de conservar los municipios que gobierna, sino convencer a la mayoría de las y los mendocinos que puede liderar un modelo diferente al de estancamiento y “buena administración” que parece expresar Cambia Mendoza.

La realidad provincial no obstante, plantea un fin de año con aumentos tarifarios  que venían como “bonus track” luego del triunfo electoral del gobierno. La audiencia pública organizada para justificar el pretendido aumento del 47% del agua, fue escenario propicio para que quedaran expuestas las deficiencias en la gestión de la AySAM, a cargo del ex ministro de Iglesias Alejandro Gallego. Este aumento, todavía no homologado, se suma al 30% autorizado a comienzos de 2021, lo que completaría un 77% para 2021, es decir casi 30 puntos por encima de la inflación proyectada para todo el año. Las críticas de entidades de defensa de consumidores y de legisladores de la oposición fueron duras no sólo con lo desmesurado del tarifazo, sino con el estado de colapso en la gestión de la empresa. La propuesta oficial parece ser menos agua y mucho más cara para los barrios de Mendoza. Se esperan asimismo reajustes en la tarifa eléctrica derivadas del aumento en el cargo de distribución y en  el transporte púbico. Para el gobierno la victoria sí da derechos…a subir las tarifas.

Mientras en tierras cuyanas se observan las primeras consecuencias del resultado electoral del pasado 14 de noviembre, el gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández se esperanza  con un crecimiento de la economía cercano al 10% y una inversión que rondará el 30% en 2021. Un índice muy superior al 5,5% que se preveía a principio de año y que se proyectó en el presupuesto del año en curso. Lo significativo de esta recuperación, cuyos efectos son ya visibles en una parte considerable de la población,  es que permitirá recobrar la totalidad de la caída del  9,9% del PBI que sufrió el país  en  el 2020, a  consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo otra peste pone en riesgo este repunte de la economía. Se trata de la exorbitante deuda externa tomada por Mauricio Macri y heredada sin beneficio de inventario por el gobierno del FdT.  John Adams quien fuera, hacia fines del Siglo XVIII, presidente de los Estados Unidos  decía que hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. La vigencia de estas palabras, lucen intactas.  Sin dudas que la deuda condiciona y es uno de los mecanismos más perversos para sustraer la riqueza de un país. En este sentido  Argentina atraviesa hoy momentos decisivos en la negociación que está llevando adelante con los acreedores externos, en especial con el Fondo Monetario Internacional, por la monumental deuda que tomó MM. Con un agravante:  de los 44 mil millones de dólares que giró el FMI durante el anterior gobierno, no se invirtió un solo dólar en Argentina sino que, como lo reconoció el mismo ex presidente, "La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo". Traducido a un lenguaje coloquial, todos esos recursos se utilizaron para financiar la fuga de capitales el qué según el Banco Central de la República Argentina (BCRA)  alcanzó, entre  diciembre de 2015 y octubre de 2019,  los 86.200 millones de dólares.

Consciente de los riesgos que encierra esta negociación  Alberto Fernández anticipaba,  "Si todavía no cerramos un acuerdo (con el FMI) es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda". Vencer la resistencia de estos acreedores no es tarea sencilla pero  sin un buen acuerdo con el Fondo,  no hay recuperación económica posible. Sin embargo, en medio de golpes especulativos y ataques despiadados de una oposición que no asume ninguna responsabilidad por el lodazal que dejó,  el gobierno que conduce AF sigue cumpliendo con sus compromisos financieros. Se  saldó un pago de intereses en agosto por 334 millones de dólares, otro en septiembre por 1.880 millones de dólares. Aún falta cancelar  1.880 millones de dólares en diciembre. Si bien estos pagos se realizaron con   Derechos Especiales de Giro (DEG), esos recursos bien podrían haber sido destinados a programas sociales y de recuperación económica.  Hay que recordar que el presupuesto enviado por AF al Congreso no contempla ninguna partida  para el pago de deuda el año 2022. Una clara muestra de la confianza del gobierno en que  el programa de Facilidades Extendidas que negocia con el FMI llegará a buen puerto. Ante la remota hipótesis de que esto no se concretara, el próximo año el país debería desembolsar unos  19.000 millones de dólares. La misma Cristina Fernández de Kirchner afirma en una carta reciente que "Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país". No solo la vicepresidenta hace público su posición. También un grupo creciente de los  empresarios más importantes del país comienzan a expresar sus coincidencias con la necesidad de un acuerdo que no ponga en riesgo el proceso de reactivación que se está generando.  Con un FMI que pide  más ajustes y suma presiones sobre el tipo de cambio la fortaleza política de AF para conducir este proceso se torna definitiva.  De igual manera, cualquiera sea el acuerdo al que se arribe, el mismo deberá pasar antes de su aceptación, por  el filtro del Congreso Nacional.

Queda claro que en las condiciones en que Mauricio Macri pactó la devolución de la deuda, no hay austeridad fiscal ni sociedad  que soporte una carga de tal magnitud. Este acuerdo tiene que alcanzarse antes de marzo del próximo año, la deadline que marcará a fuego el futuro de la alianza que lidera el peronismo en el poder.

Fue  esta misma escasez de dólares lo que llevó al  Banco Central, esta semana,  a prohibir el uso de tarjetas de crédito para vender, en cuotas,  pasajes, hotelería y  otros  servicio turísticos en el exterior.  En consecuencia quienes deseen contratar servicios en el extranjero, y utilicen para ello tarjetas de crédito, deberán cancelarlos en una sola cuota o bien, si lo hacen en más de una, están obligados a pagar el interés correspondiente a la tasa que le fije el banco que emite la tarjeta. Aunque la prensa opositora habla de cepo al turismo y amenazas de amparo contra la decisión del Banco Central el gobierno, con esta medida se deja  de subsidiar temporalmente a quienes usen esa modalidad de pago para vacacionar en el extranjero.

El economista Nicolás Dvoskin en Ambito Financiero, explica que cuando se compra algo  que insume dólares en cuotas sin interés, el Banco Central  libera de una sola vez (no en cuotas), en este caso a las agencias de turismo,  la totalidad de los dólares pactados en la operación. A cambio la agencia entrega pesos al BCRA y financia el gasto de sus clientes con tarjetas de crédito, también en cuotas, en pesos y sin intereses.

 Es claro que  con una inflación anual que ronda el 50%,  si se compra en cuotas sin interés,  la última cuota va a ser mucho más pequeña que el de la primera. En el caso de servicios turísticos en el exterior,  el valor en dólares de la cuota 1 es mayor que el de la cuota 12, afirma el especialista. El que paga la diferencia es el Estado, que es  quien termina subsidiando el gasto de quien elige vacacionar en el extranjero y que opta por esta modalidad de pago. “De esta manera no solo se está estimulando el gasto, la producción y el trabajo afuera y no adentro, sino que además se están usando dólares, que son escasos” afirma el analista. En este caso, con el agravante que este tipo de operaciones no tiene el límite de los 200 dólares mensuales, que es el cupo establecido para el dólar ahorro.  Desde el gobierno se aclara que esta decisión es momentánea, y alcanza únicamente para los viajes fuera de la Argentina. Pero como dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, “El mensaje que estamos dando es que tenemos un país con una crisis tremenda y de balance de divisas, en el que hay que priorizar los dólares que necesitamos. El que quiere ir al exterior se puede ir, no lo estamos impidiendo. Lo que estamos diciendo es que se lo pague”.