Columnistas // 2021-10-31
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PANORAMA POLÍTICO
Los dolores de hoy son las imputaciones que nos faltan
Luego de muchos cabildeos, Macri estuvo en Dolores pero una restricción legal postergó su indagatoria. Lombardi prometía acto masivo para acompañarlo; fue sólo una comparsa. Alberto Fernández está en Roma buscando apoyo del G-20 para encarar la negociación final con el Fondo. Entró en vigencia el congelamiento de precios. Mientras, Mendoza demanda a la Nación en procura de recursos y la Corte Suprema se expide sobre la 7722.


Finalmente esta semana el gobernador de Mendoza, en plena campaña electoral,  dio curso formal a una demanda en contra el gobierno nacional por la supuesta discriminación hacia Mendoza por la transferencia de fondos de origen federal respecto a las demás provincias argentinas. Este intención ya la había anticipado en el Coloquio de IDEA de hace unos días. Las fuentes oficiales mendocinas computan la “pérdida” en torno a $18.400 millones en dos años, producto de un cálculo de transferencia por habitante, sólo circunscripto a este tipo de fondos. 

Llama la atención el oportunismo político de la demanda, cuando la Nación este mismo jueves hacía efectiva escrupulosamente la entrega del monto correspondiente a la  novena cuota de amortizaciones fijas para la construcción del aprovechamiento sobre el río Grande denominado Portezuelo del Viento, cuyo proceso licitatorio fue denunciado y  tuvo que ser salvado por un dictamen de la Fiscalía de Estado. El mismo asciende a una suma muy importante: son U$S57.122.065 (casi seis mil millones de pesos), de un total de U$SS1.023.362.922 que le corresponde recibir a Mendoza en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024. El gobierno de Alberto Fernández ha cumplido en todo el acuerdo firmado hacia el final del gobierno de Macri quien “curiosamente”, no depositó un solo dólar en las arcas del fideicomiso.

También la causa abierta contra la Túpac Amaru en Mendoza tuvo novedades esta semana. En primer lugar, la jueza Eleonora Arenas dictó el sobreseimiento definitivo de todos los funcionarios públicos, entre ellos el intendente Roberto Righi y el ex presidente del IPV Omar Parisi, por el caso de las viviendas construidas por la organización en el departamento de Lavalle. La otra fue el  desistimiento del Ministerio Público Fiscal de todos los juicios por extinción de dominio en contra de miembros de la Túpac por la supuesta adquisición fraudulenta de automóviles, camiones y camionetas. La grosera manipulación de que fuera objeto este tema fue eje de campaña en 2019. El abogado de parte Alfredo Guevara, comentaba en un chat que se llegó incluso al delirio de decir que se destinarían estos “cuantiosos fondos” a la construcción de escuelas. Todavía se recuerdan por aquí los inflamados y abundantes editoriales propagandísticos a favor del gobierno de Cornejo, en medio del clima electoral que finalmente depositó a Rodolfo Suárez en el sillón de San Martín..

La temática de los usos de la tierra y principalmente del agua está siempre en el centro del interés social de las y los mendocinos. A este respecto y por un fallo conocido esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar, parcialmente, al recurso extraordinario que en su momento presentó la minera San Jorge sobre la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias específicas en la explotación de minerales metalíferos en Mendoza. El tribunal supremo declaró la constitucionalidad en general de la norma y además avaló el dictamen previo de la procuradora Laura Monti, quien proponía la inconstitucionalidad de una parte de su artículo 1º. En concreto, el fallo deja sin efecto el inciso que agrega a las sustancias taxativamente prohibidas (cianuro, mercurio y ácido sulfúrico) la expresión "y otras sustancias tóxicas similares". Estas “otras” son consideradas violatorias del "principio de legalidad" (Art. 19° CN), por suponer una "gran indeterminación". Vale decir, según este fallo, que su falta de objetivación permitiría una interpretación indefinida sobre su alcance. La Cámara local de Servicios Mineros interpreta que es un aval implícito a explotaciones que tiene lugar en departamentos donde se tiene “licencia social”, en especial Malargüe y en menor medida San Rafael. Pasando en limpio, los supremos confirmaron la constitucionalidad de la Ley 7722, salvo en la última parte del artículo 1°, que a partir de ahora será inaplicable.

Seguramente que el tema dejará mucha tela para cortar y será parte central del debate del último tramo de la campaña con vistas al 14 de noviembre. El posicionamiento de los distintos Frentes y Partidos respecto a esta materia será difícilmente eludible, dada la alta sensibilidad social que existe en Mendoza sobre este tema.

En este mismo marco y con la estrategia del FdT centrada en interpelar al gobierno provincial  por su floja gestión, sus candidata/os y principales referentes se reunieron en Maipú, donde ofició de anfitrión el intendente Matías Stevanato. Allí se llevó adelante el foro de seguridad, dado que éste es una de las principales políticas públicas puesta en tela de juicio por su ineficiencia. Allí se recogieron demandas ciudadanas  irresueltas de una gravedad inusitada, que van desde el avance del narcomenudeo en los barrios, la desatención a la violencia de género o el recrudecimiento de robos violentos. Otra problemática vigente es la del manejo desastroso desde el punto de vista financiero, pero fundamentalmente prestacional, de la principal obra social de Mendoza: OSEP. Mientras el gobernador era intervenido de su arritmia cardíaca en la CABA, su  administración quedó feamente expuesta en la Legislatura, donde sólo pudieron balbucear algunas insuficientes explicaciones frente las andanadas de dardos opositores, que no hacen más que reflejar el malestar de los afiliados. 

También el  ex presidente Mauricio Macri fue nuevamente noticia esta semana. Sabido es su reticencia a ser juzgado por jueces cuya selección y designación no manipuló durante su gestión.  En su momento llegó incluso  a nombrar por decreto y sin intervención del Congreso a dos miembros de la Corte Suprema. Uno de ellos, Horacio Rosatti, es hoy el presidente del máximo tribunal.

Entre las múltiples denuncia que recaen sobre  MM es el de estar señalado de mandar a espiar ilegalmente a futbolistas, periodistas, empresarios, dirigentes políticos, jueces, y un largo etcétera de personajes públicos. A tal nivel llegó en su momento el escándalo que el periodista estrella del diario La Nación e indisimulado macrista  Carlos Pagni, publicó allí por 2017 un artículo bajo el explícito título de “El pestilente círculo negro del espionaje” donde denunciaba que, “personas instaladas en las entrañas del poder, que utilizan fondos e instrumentos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar, fuera de cualquier marco legal”.

Esta semana, la nutrida agenda judicial de MM cobró notoriedad por concurrir, luego de dos citaciones ignoradas por el ex presidente, a los tribunales de Dolores donde el juez subrogante Martín Bava, veterano de Malvinas,   requería su comparecencia por estar señalado de ordenar el  espionaje ilegal a los familiares del hundido submarino ARA San Juan. Como es práctica tanto la defensa de MM como de los dirigentes de los PRO se dedicaron a presionar e intimidar  al magistrado y familiares con chicanas y una frustrada  movilización que prometía un relanzamiento acompañado de 400 micros a un minúsculo grupo de militantes y los halcones del Pro (Pato Bullrich, el lujanino Omar De Marchi, el organizador Hernán Lombardi) que mostró palmariamente lo fallido de la convocatoria. 

De cualquier modo la indagatoria no pudo realizarse ya que MM debía ser relevado de la restricción para dar información de inteligencia que tienen los expresidentes. Eso sólo lo puede dispensar Alberto Fernández quien ya dictó el respectivo decreto. Como razonó el dirigente Agustín Rossi, si MM se excusó de declarar porque tiene que ser autorizado a revelar información de inteligencia, es “porque está admitiendo implícitamente que hubo una operación de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan”. 

Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los 44, quien fue atacado verbalmente por Patricia Bullrich, sintetizó el espíritu con el que los familiares vivieron el  montaje político: “Más allá de cualquier porquería de estas cosas políticas, esto me da asco. Es una falta de respeto total a las instituciones, a nosotros, a nuestros hijos y es una burla. No debían haberlo hecho. Porque están en democracia y libertad lo están haciendo y yo estoy acá solito esperando que se haga justicia”. Ahora relevado de la obligación de guardar secreto y confidencialidad se allana el camino para que finalmente pueda concretarse su declaración indagatoria. La nueva citación del juez ya fue emitida: será el 3 de noviembre.

En el plano internacional se desarrolla el G20, principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional. Sus miembros representan casi el 90 por ciento del producto bruto global, dos tercios de la población mundial, el 80 por ciento del comercio internacional y más del 80 por ciento de las inversiones globales en investigación y desarrollo. A esa reunión cumbre, que se realiza en Italia, arribó el presidente Alberto Fernández con el objetivo de conseguir respaldo internacional para fortalecer la posición negociadora argentina  frente al Fondo Monetario Internacional.  

Sin dudas que la reunión que mantuvo el mandatario argentino con  la titular del  FMI, Kristalina Georgieva, fue una escala fundamental en este periplo. Si bien no hubo un comunicado oficial sobre los resuelto en esa reunión, la delegación argentina espera que en el documento final del G20 se incluya expresamente la necesidad de eliminar las sobretasas que se imponen a los préstamos de mayor envergadura, como también la creación de un fondo de resiliencia de la pandemia. Para lograr este cambio, es necesario contar con el apoyo del 85% de los votos en el Directorio del Fondo, del que Estados Unidos tiene casi el 20%. La eventual inclusión de un apoyo en este sentido en la declaración final del G20, será una oportunidad para que Argentina solicite además una ampliación del plazo de pago de la deuda, bajo la premisa expresada de que el gobierno no se va  a arrodillar ante el FMI aceptando cualquier tipo de condiciones que afecte el futuro de las y los argentinos. 

El equipo negociador que encabeza AF busca así nuevas condiciones para que se aligeren los intereses del acuerdo de facilidades extendidas que se está discutiendo. Sería igualmente paradójico que el FMI, que hace menos de seis meses declaró que "la deuda argentina no es sostenible" y que esa deuda no es ni "económicamente ni políticamente factible", apareciera hoy en una posición contraria. AF cree que es posible que el FMI baje los intereses de la deuda argentina así como disponga de un plazo de amortización más dilatado.  

 Para que no queden dudas de lo que piensa el presidente argentino respecto de los responsables de semejante endeudamiento, en su discurso ante los líderes del mundo enfatizó; “No hay inocentes en esa historia. Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada”.  Una historia trágica para los argentinos que nuevamente vuelve a repetirse.

 


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