Columnistas // 2021-10-24
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PANORAMA POLÍTICO
Échale la culpa a la peste
Con la OSEP quebrada por las deudas a prestadores y proveedores, el gobernador Suárez pide licencia y se opera en Buenos Aires. En Mendoza, el FdT afina su estrategia marcando los desaciertos de los radicales. Dentro de JxC se muestran los dientes para ver quién conduce. El gobierno nacional, hace foco en combatir la inflación y lanza un congelamiento con fuerte resistencia entre los empresarios concentrados y la oposición oportunista. Macri volvió a faltar a la cita con la Justicia.

La familia de Ámbar Pérez Casanovas de un año y medio y electrodependiente, reclamando la atención de OSEP. / Foto: La Unión

En los últimos días en Mendoza estalló la burbuja que venía incubándose durante un largo tiempo. Muchos años de desmanejos en la obra social de empleados públicos, la más grande de la provincia, que cuenta con cerca de 400 mil afiliados ha mostrado por estos días la profundidad de la crisis que se venía gestando.  Mientras Rodolfo Suarez asegura que "El sistema sanitario nunca colapsó" gracias a las decisiones que tomó su gobierno, en la Legislatura provincial durante el tratamiento del Presupuesto 2022 se destaparon los gravísimos problemas económico-financieros que enfrenta la OSEP, que actualmente conduce Carlos Funes. 

OSEP se financia con el 6% del aporte que realizan solidariamente los empleados públicos.  También se fondea con aporte estatal, que consigna un porcentaje similar. Su presupuesto asciende a 15.148 millones de pesos y se destina mayoritariamente a tres áreas esenciales: a la compra de medicamentos e insumos (35%); un 30% se dirige al pago de prestadores y proveedores y un 25% al pago de salarios del personal. Además de las pésimas prestaciones para sus afiliados, donde es prácticamente quimérica la obtención de un turno y obligatorio el pago de un cuantioso aporte en carácter de “coseguro”, la fragilidad de la institución ya no puede ocultarse. Un ejemplo es el bono emitido por 2.250 millones para el pago de proveedores porque los recursos no alcanzan.

Fiel a su costumbre, el gobernador encontró un chivo expiatorio: “Son consecuencia de los gastos extraordinarios que debieron hacerse en el marco de la pandemia de covid-19”. No se la dejaron pasar los proveedores y los prestadores (médicos, especialistas, clínicas) con un reclamo airado por las demoras en los pagos y lo exiguo de los montos que han limitado seriamente las opciones de atención de las y los afiliados. Se cuentan por miles los que sufren todos los días las demoras en los turnos y la baja calidad de los servicios. 

La solución propuesta por Suárez es ortodoxa: "Hay dos maneras de solucionar esto: Bajando la calidad de las prestaciones o aumentando la cuota. Estamos buscando el equilibrio para regularizar la situación". Eso sí, su intervención por una arritmia cardíaca se realizará en un sanatorio privado de Buenos Aires. No le falta razón a un mensaje ampliamente difundido por wpp que expresa el sentir de muchas/os: “él se va a operar a Buenos Aires usando los privilegios de los que pueden escapar a la tormenta perfecta de la OSEP. Un sistema de salud quebrado que ya no da más”.

No solo la OSEP hace agua. Hace un tiempo desde aquí se comentaba sobre la vacía columna de proyectos estratégicos del gobierno de Suárez, que no pasan de ciclovías en el Gran Mendoza y alguna que otra obra de poca monta. Para robustecer al famélico “plan” se vuelve a anunciar ahora la ampliación del Metrotranvía hacia el Norte (hasta el Aeropuerto) y hacia el Sur (Luján), aprovechando las vías existentes. Llama la atención del cambio de proyecto, porque en agosto se hablaba de conectar el Aeropuerto Gabrielli con la Ciudad utilizando la red de vías del FC Belgrano, con el  apoyo del Ministerio de Transporte de la Nación.

Aquella vez también recordábamos que la anunciada iniciativa tiene poco de original. El proyecto integral de conectividad fue presentado por la Senadora Fernanda Lacoste y el Diputado Carlos Sosa, hace más de 3 años, al que nunca se le dio tratamiento parlamentario por la mayoría radical. Éste es mucho más ambicioso, ya que en él se plantea la ampliación de servicios ferroviarios y un sistema de Anillos de Circunvalación, en torno a los ejes de las Rutas 40 y 7 (norte-sur y este-oeste). 

La estrategia del FdT mendocino se ha orientado a marcar los desaciertos del gobierno en procura de recuperar un espíritu opositor que estuvo ausente en septiembre. Así se opuso a la aprobación a libro cerrado del presupuesto enviado para 2022. Salió con media sanción de Diputados, pero sin el rolleo pretendido por los radicales que querían ocultar el abultado endeudamiento en dólares que viene de la época de Alfredo Cornejo e invariablemente se va ampliando año tras año. Esto le valió duras críticas, entre las que se cuenta la del jefe de la bancada oficialista Andrés Pety Lombardi, quien acusó a los peronistas de  poner palos en la rueda. “Es austero y equilibrado, le da previsibilidad a Mendoza. Es lamentable que algunos actúen en detrimento de los mendocinos”, dijo sin la menor autocrítica por las razones de fondo que le endosa el arco opositor.  

Mientras el oficialismo mendocino trata de capear con excusas sus propios desaciertos,  el acto anunciado para el 28 de octubre por el radicalismo bonaerense en Ferro sigue adelante. La cúpula partidaria y el candidato Facundo Manes intentan mostrar los dientes a sus socios/rivales del Pro para lo que viene después del 14 de noviembre. Una lucha larvada de la que poco se quiere hablar en público, pero que seguramente se expresará en el corto plazo. Mucho más después del despliegue territorial de la semana pasada que realizó el Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta en territorios gobernados por los radicales, entre ellos Mendoza.  Aspiran a cumplir un rol alejado al de comparsa que gustosamente hicieron durante el gobierno de Macri. Buscan hacer valer el desempeño de las primarias, donde su aporte fue crucial en la mayoría de las provincias. Manes gusta decir que, sin el millón de votos que obtuvo, era imposible triunfar en la provincia de Buenos Aires. Incluso algunos van más allá y cuestionan el sesgo ultra liberal de la coalición, pero son pocos y sobre todo en los espacios de decisión, donde prevalece la férrea postura de Cornejo que todas y todos conocemos y hemos sufrido.

Como se había anticipado en este Panorama,  Mauricio Macri nuevamente evadió  la justicia y sigue sin presentarse ante el juzgado federal de Dolores para ser indagado como imputado en la causa por el presunto espionaje  al colectivo de familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en aguas del Atlántico sur en noviembre de 2017. Esta vez, la chicana para escapar al interrogatorio fue recusar al juez y solicitar la suspensión de la indagatoria. Nada nuevo en ese universo, algunos de cuyos miembros se han tenido que fugar del país para no terminar entre rejas. Inmediatamente la abogada de las víctimas solicitó la detención de MM al dar por "acreditada la reticencia del encartado  y la incomparecencia injustificada del reo Macri".  Sin embargo el ex presidente, fiel a su estilo,  dice ser una  víctima de una persecución política y busca, como siempre, que el Poder Judicial le cubra las espaldas. Hasta ahora lo ha conseguido. 

 El gobierno, a través del Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti  decidió congelar, por Resolución 1050/2021,  los precios  de 1.432 productos de alimentos, bebidas y artículos de limpieza e higiene. La medida tendrá vigencia por 90 días y será aplicada retroactivamente al 1 de octubre.  Previsiblemente las grandes cámaras empresarias, como la Asociación Empresaria Argentina,  considera negativa esta decisión ya que, según su punto de vista, el congelamiento no resuelve los problemas de inflación, desalienta las inversiones como también la  creación de empleo por parte del sector privado. Lanzados a resistir la medida, dieron un paso más y buscaron intimidar al gobierno y a los consumidores como lo hizo el presidente  de la Cámara Argentina de Comercio  Mario Grinman, quien adelantó que va a haber desabastecimiento. “Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos”, retrucó  el flamante Secretario de Comercio. 

 Juntos por el Cambio, donde militan los grandes empresarios del país, muchos de los cuales formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, se alinearon automáticamente con los intereses de  los supermercadistas  e industriales formadores de precios, oponiéndose a la medida. Ya a esta altura cuesta distinguir hasta donde la oposición es una fuerza política y hasta donde una mesa de negocios. Al coro se sumaron los grandes  medios de comunicación quienes son auspiciados por  las mismas corporaciones empresarias que resisten la medida. 

Los argumentos del gobierno son atendibles: cada día que pasa, la canasta básica se lleva una porción más grande del salario de los trabajadores, dinero que va a parar a las alforjas de los formadores de precio. Es claro también para el gobierno que 90 días de precios congelados no arreglará los problemas estructurales que padece la economía argentina, menos aún los inflacionarios. Es una de las tantas herramientas de la que dispone el Estado  para enfrentar coyunturas donde la aceleración de los precios  de los alimentos, bebidas y otros bienes de consumo masivo,  se  vuelven una amenaza para la sobrevivencia de  los hogares de medianos y bajos ingresos. 

Para alguno de los grandes empresarios y sus economistas no son los exorbitantes márgenes de ganancia que obtienen  sus monopolios u oligopolios los responsables de los  aumentos de precios,  sino los elevados costos que generan los impuestos y los sueldos de los trabajadores. La receta es, en consecuencia, reducir el gasto público (en educación, salud, cultura, obra pública, etc) y flexibilizar las leyes laborales, entre otras cosas, eliminando la indemnización por despido como propone Rodríguez Larreta. Si bien es resistida por grandes empresas como Molinos Río de la Plata, Arcor o Ledesma, también hay que señalar que a medida fue consensuada por un alto número de  productores, comercializadores y distribuidores.

La experiencia demuestra que el efecto inicial de un congelamiento de precios mejora el poder adquisitivo de las familias con ingresos fijos. Esta mirada se contrapone a la ortodoxia económica que repite como una oración que estas medidas contra la inflación nunca dieron resultado. De lo que se trata, en el fondo, es de una puja distributiva donde el gobierno se ha parado del lado los consumidores de bajos salarios, contra aquellos que defienden los intereses de los sectores más concentrados de la economía.  Sin dudas que la responsabilidad por el éxito de esta medida depende del trabajo coordinado entre distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal.

 


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