Está claro que las resoluciones de un gobierno democrático mantienen vigencia y continuidad durante el gobierno que lo sucede, por esto de la continuidad jurídica del Estado. Y que las normas tienen una jerarquía o prelación en las que un decreto no puede derogar una ley (y menos una Constitución).

Sin embargo, nada de eso sucedió en la Argentina luego de la ruptura del orden constitucional de 1955 y de las continuas interrupciones a la democracia que se sucedieron hasta 1983.

La suerte de la sede de la CGT ubicada en calle 25 de Mayo 1245 de la Ciudad de Mendoza quedó a expensas de estos caprichos golpistas ya que fue adquirida por un gobierno democrático y cedida a la central obrera mediante una ley de la Legislatura. Todo legal e incuestionable.

Pero un golpe de Estado ilegal que impuso autoridades usurpadoras decidió anular lo dispuesto por un gobierno constitucional. ¡Qué podía esperarse de asaltantes del poder que en 1955 ‘derogaron’ ¡por decreto! hasta una Constitución, como la de 1949!.

La historia dice que en 1950 el Departamento General de Irrigación decidió vender al gobierno provincial del gobernador justicialista Blas Brísoli el inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo 1245 de la Ciudad de Mendoza, que fuera su sede hasta 1946. La Resolución llevó el número 760 y es del 22 de agosto de 1950.

En 1951 el gobernador Brísoli firmó los decretos 558 y 1181 por los cuales el Estado mendocino dispuso adquirir este inmueble con destino de cesión para la CGT Mendoza.

Y en 1953 -bajo la gobernación justicialista de Carlos Evans- las cámaras de Diputados y de Senadores de Mendoza completaron el trámite al aprobar el proyecto de ley presentado por los doctores Ernesto Corvalán Nanclares y Alberto Serú García, que dispuso la cesión total del inmueble a la CGT Regional Mendoza, para la puesta en funcionamiento de una escuela sindical.

Ese mismo año la central obrera provincial instaló en ese edificio su sede oficial.

En resumen: Irrigación vendió, el Estado provincial compró y cedió a la CGT y ésta se instaló. Todo bajo la normativa vigente y ajustado a derecho.

Pero el 16 de setiembre de 1955 se produjo el golpe de Estado (no precisamente ajustado a derecho) por el cual los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu usurparon el poder y derrocaron al presidente Juan Domingo Perón. En Mendoza el gobernador Carlos Evans fue remplazado por los sucesivos interventores militares Roberto Nazar y Héctor Ladvocat y por el interventor radical Isidoro Busquets.

En todo el país comenzó a regir el decreto 3.855/55 que proscribió al justicialismo y ordenó -sin conseguirlo- ‘borrar’ todo vestigio de peronismo. 

El 10 de octubre de 1955 el gobierno de facto destituyó a la conducción de la central obrera mendocina conducida por los dirigentes Ignacio Gómez, Eduardo Dean, Guillermo Cusnaider, Ricardo Pierro y Ángel Vona. El 13 de noviembre ordenó la intervención de la CGT Mendoza y la ocupación de su sede de 25 de Mayo 1245 de Ciudad.

La intervención federal a Mendoza de los militares Nazar y Ladvocat y del dirigente radical Busquets procedió a la clausura del local de la CGT en calle 25 de Mayo y designó como interventor de la regional obrera al capitán Roberto José Videla. quien pretendió ‘dictar’ un estatuto provisorio de la Confederación General del Trabajo de la Provincia de Mendoza

“En Mendoza el movimiento obrero se mantuvo en la clandestinidad, no se podía hacer reuniones porque los gremios estaban intervenidos. […] el movimiento obrero fue descabezado porque todos sus dirigentes fueron encarcelados, desde el delegado regional hasta los miembros del secretariado”, cuenta de ese penoso momento el dirigente justicialista, Decio Naranjo.

A partir de este momento la utilización de su sede de calle 25 de Mayo por parte de la CGT estuvo condicionada a ‘permisos militares’ y a aperturas semidemocráticas al ritmo de los vaivenes de un largo periodo de intermitencias entre escenarios con predominio de gobiernos de facto.

El 31 de marzo de 1972 en la sede de calle 25 de Mayo de la CGT se llevó a cabo el plenario de secretarios generales de la central obrera que se declaró en estado de alerta y movilización y dispuso un paro y concentración ante el descomunal aumento de las tarifas eléctricas. Todo derivó luego en ‘El Mendozazo’. 

El interventor federal de Mendoza, era por entonces el dirigente del Partido Demócrata, Francisco Gabrielli que en plena explosión social fue remplazado por el comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, General Luis Gómez Centurión.

A pesar de las idas y venidas institucionales de la provincia y del país y de las dificultades para hacer uso permanente de su sede, la titularidad del local de la CGT no fue cuestionada sino hasta la llegada del denominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ que instauró en el país la mayor dictadura genocida de la historia del país.

Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el interventor militar de Mendoza brigadier mayor Jorge Sixto Fernández a través de su ministro de Gobierno, brigadier Teófilo Ramírez Dolan, le reclamó a la CGT (intervenida por el coronel Augusto Landa Morón) la ‘devolución’ del inmueble ante el reclamo del Departamento General de Irrigación (intervenido a su vez por el comodoro (RE) Juan Mario Alberto Marino) porque “el gobierno no pagó la operación de compra del inmueble”.

Es decir que el cuestionamiento a la titularidad de la sede de la CGT Mendoza surgió por acuerdo de cuatro militares que usurpaban puestos: un coronel en la CGT, un comodoro en Irrigación y dos brigadieres en la propia gobernación de la Provincia. 

O sea que se cometió un acto insanablemente nulo y no ajustado a derecho de parte de tres oficiales de Aeronáutica y uno de Ejército, que desconoció actos previos dispuestos durante periodos democráticos y de acuerdo con las normativas vigentes, por dos gobernadores, una Legislatura y las autoridades legítimas de Irrigación y la central obrera. 

Poco después el coronel José Tidio Lagomarsino de León, nuevo interventor en CGT nacional de la República Argentina y el comodoro Marino de Irrigación acordaron que la central obrera entregaría el inmueble antes del año 1981. Y que el Juzgado Federal de primera instancia de Mendoza (expediente 24600-4) debía homologar el acuerdo. 

Con la puesta en duda de la titularidad de la sede en manos de la CGT, comenzó el proceso de despojo del inmueble que se terminó de plasmar el 10 de agosto de 2021 cuando oficiales de justicia desalojaron el edificio de la central obrera.

La vuelta a la democracia en 1983 con el gobernador radical Santiago Felipe Llaver no supo reparar el despojo acordado entre cuatro militares usurpadores de cargos. No hubo restitución a la CGT y la sede tuvo destino de resguardo para damnificados por el sismo de 1985.

En 1990 el gobernador justicialista, José Bordón firmó un acuerdo con la CGT (cuyo secretario general era Guillermo Luchessi) en el que se ‘restituyó’ la sede a la central obrera, pero -inexplicablemente-, lo fue ‘en calidad de préstamo’, por lo que el acto insanablemente nulo del despojo acordado entre cuatro uniformados, mantuvo sus efectos.

En 2013 la CGT (a cargo del secretario general Jorge Córdova) e Irrigación (bajo el superintendente José Luis Álvarez) firmaron un comodato gratuito con el compromiso del mantenimiento y el pago de servicios y con una cláusula amplia de rescisión. Por entonces la Municipalidad de Capital comenzó a reclamar deudas atrasadas por 754 mil pesos que canalizó por Irrigación en lugar de hacerlo por la central obrera.

En 2018 el superintendente Sergio Marinelli de Irrigación dictó la resolución 715 que rescindió el comodato y emplazó a la CGT para que hiciera entrega del edificio, al tiempo que radicó una denuncia en la Justicia.

Nunca se desconoció -como se debía- la validez del entendimiento insanablemente nulo entre cuatro militares en una época de dictadura que contravino cuatro disposiciones legales adoptadas bajo gobiernos constitucionales: una resolución de Irrigación (vendiendo el inmueble en 1950), dos decretos del Ejecutivo Provincial (comprando a Irrigación el Inmueble en 1951) y una ley de la Legislatura (que cedió el edificio a la CGT en 1953).

El 10 de agosto de 2021 la Justicia le entregó al Departamento de Irrigación un inmueble del que el organismo del agua se había desprendido setenta y un años antes, al haberlo vendido al Estado provincial en 1950. 

Y desalojó a la CGT de una sede que poseyó por derecho propio durante setenta y ocho años, desde 1953, más allá de que su ocupación efectiva fue siempre intermitente en medio de prohibiciones y cuestionamientos a su titularidad.

En la Cámara de Diputados hemos presentado el proyecto número 80.375 en el que expresamos “el más absoluto repudio a todo intento por despojar a la CGT Mendoza de su sede histórica ubicada en calle 25 de Mayo 1245, ya que sobre ella la central obrera tiene legítimos derechos desde 1953”.

Aspiramos a que en algún momento en Mendoza la democracia esté a la altura que se necesita para que sean restituidos todos los derechos conculcados por las dictaduras. 

Y ese día la CGT Mendoza podrá recuperar su sede sindical.