En los últimos días hemos conocido nuevas manifestaciones públicas de violencia machista, tras las expresiones de dos diputados de la Nación pertenecientes al PRO, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, sobre la actriz Florencia Peña a propósito de su visita a la Residencia presidencial de Olivos. Sus “opiniones”, basadas en elucubraciones personales sobre supuestos “escándalos sexuales”, constituyen violencia de género que agrede directamente a la ciudadanía que debieran representar y que reclama el fin de esa violencia. Han perdido la legitimación para ocupar su cargo en el Congreso de la Nación.

Sorprende que frente a la repercusión y el rechazo a sus manifestaciones, Iglesias insista sobre su postura, con una actitud deliberada y sostenida en el tiempo, grave en relación a su función como legislador, dando cuenta de la perspectiva misógina con la que se desempeña en sus funciones públicas.

 Al mismo tiempo, en Mendoza y desde el Poder Ejecutivo, otra funcionaria pública, Vanina Barone, responsable de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, niñas y adolescentes dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; y titular de la Secretaría de la mujer de la Unión Cívica Radical, se sumó al ataque de los dos "machos parlamentarios" haciéndose eco de la violencia machista de aquellos, publicando en redes sociales expresiones cargadas de misoginia -con imágenes y memes elegidos-, contra otras mujeres que también asistieron a reuniones oficiales en Olivos.

 Es sencillamente inadmisible que quien debe ser garante de la implementación de políticas públicas de promoción de Derechos Humanos fundamentales a niñeces, se dedique a reproducir violencia de género.

 Esto demuestra, al menos, dos cosas:

-Por un lado, que los ataques van dirigidos a esas mujeres por su género y entonces no solo a ellas sino a “las mujeres” como colectivo.

-Por el otro, que la producción y reproducción de violencia machista no es sólo patrimonio de los varones, -aunque llevan histórica y orgullosamente el invicto - sino que opera a través de quienes no logran ver el mundo con otra lente que no sea la del sistema de privilegios y opresiones que es el patriarcado.

La responsable de la Dirección de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Mendoza tras sus expresiones reproduce violencia patriarcal y al hacerlo, por su cargo y su función, la convierte en institucional.

Los/as autores/as de estos dichos misóginos, deliberadamente los hacen públicos porque buscan instalar un mensaje, un modo de pensar, un discurso armado en base a estereotipos contra las mujeres que les asigna el rol de otorgar favores sexuales y ser las "putas" (sic.) complacientes de hombres poderosos, reforzando la imagen de la mujer adorno. Atacan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.

En este sentido, la socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos reflexiona: “¿Son en verdad liberales quienes arrasan los derechos individuales y suponen que todas las mujeres están esencialmente caracterizadas por la actividad sexual, vinculadas por su condición al ejercicio prostibulario, al mismo tiempo que desprecian miserablemente a quienes son oficiantes del sexo?”.

Florencia Peña es una artista popular, que no resulta molesta siempre que se limite a hacer programas de entretenimiento y no traccione políticamente, más aún en época electoral ya que su posición política es ideológicamente contraria a la de sus agresores. Son claros casos de violencia simbólica, política e institucional. Es violencia política porque busca menoscabar e invisibilizar el accionar de las mujeres en un ámbito y contexto de contenido político.

Y es, sobre todo, violencia institucional porque es ejercida por agentes del estado, diputados de la Nación y una funcionaria provincial, en franca violación a la Ley Micaela, a cuya observancia están obligados/as. Si las estructuras estatales en que se desempeñan toleran sus actos de violencia, la reproducen y fortalecen institucionalmente.

Ahora bien, el Congreso de la Nación tiene sus mecanismos propios de investigación y sanción, los cuales ya estarían en marcha. En cuanto al ejecutivo provincial, finge que aquí no pasó nada, que la responsable de niñez y adolescencia de la provincia no se expresó públicamente de la manera que lo hizo.

Las manifestaciones de la funcionaria dejan en evidencia un posicionamiento que atravesará las decisiones en su carácter de directora, afectando los derechos de niñez y adolescentes garantizados por las leyes 26.150 (Educación sexual Integral), 26.485 (Violencia contra las mujeres) 26.061 (Protección Integral de los derechos de Niños, niñas y adolescentes), 26.743 (Identidad de género) y demás instrumentos sobre derechos humanos. La funcionaria debería rendir cuentas sobre las políticas públicas adoptadas en materia de derechos sexuales e identidad de niños, niñas y adolescentes.

Es hora de que quienes deben dar ejemplo de capacitación en perspectiva de género, y la responsabilidad estatal de practicarla, difundirla, respetarla y hacerla respetar, lo hagan.

Es hora de que, si no lo hacen, sean separados de sus cargos públicos e imposibilitados de volver a ocupar alguno.

Es hora de que el patriarcado no sea sostenido ni tolerado por quienes tienen la obligación de desarmar ese sistema de todas las opresiones, discriminaciones y violencias construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres.