Tanto Argentina como Latinoamérica a lo largo de la historia se han visto envueltas en períodos pendulares entre democracia y golpes de estado disfrazados de institucionalidad. El intento desestabilizador de una democracia que se asienta en las leyes e instituciones vigentes se vio empañada por los intereses de sectores opuestos al pueblo. El viejo fantasma de la represión  y el medio volvieron a resurgir luego de varios años cuando pensamos que las oscuras épocas habían quedado finalmente sepultadas.

El pasado mes se conoció la noticia del hallazgo por parte del Ministerio de Defensa que era dirigido por Agustín Rossi,  de  una nota donde se evidenciaba el envío de armas y  pertrechos como balas, gases, entre otros a Bolivia, de los cuales la mitad estaba declarada y cuyo destino habría sido Gendarmería de aquel país pero dónde la otra se trasladó oculta en los aviones Hércules y sin ser registrada ingresó al país boliviano de forma ilegal.  En consecuencia, se descubrió posteriormente en los depósitos de la policía boliviana 26.000 balas antidisturbios que fueron sacadas de Argentina por Gendarmería nacional con la excusa de “defender” a la embajada en el Estado Plurinacional. Una parte se sospecha habría sido enviada a la Fuerza Aérea Boliviana y el resto  destinada a reprimir las llamadas “masacres de sacaba y Senkata”.  Lo que alarmó aún más debido a que en esa época contemporáneamente se estaba produciendo el golpe de estado al gobierno de Evo Morales por la fuerza que puso en su lugar a Jeanie Añez.
Como bien expresó el ex ministro de Defensa Rossi, el mismo no tuvo sustento legal de ningún tipo y que “ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la Autorización del departamento de Defensa”. 

En lo que atiende a la órbita judicial el Gobierno Argentino inició una investigación y la denuncia penal a por contrabando de armas, haciendo responsable a funcionarios que hoy encabezan el principal sector opositor la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich. Por otro lado se señaló al ex jefe de Gabinete Marcos Peña quien habría mantenido una reunión previa a que partiera el primer contingente con la ministra. Así también se señala al ex canciller Jorge Faurie por su colaboración desde el país boliviano para articular dicha operación, el ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, el ex subsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman, el ex subsecretario de Política de Seguridad e Intervención Federal Darío  Oroquieta, Otero y Ramón Domínguez por Gendarmería, y Fulbio Pompero secretario de Asuntos Estratégicos entre otros participantes de la misma. En su mayoría todos formaban parte de la “mesa de seguridad” que tenía como función coordinar dicha operación.

No obstante en el expediente sólo figuran como imputados Macri, Bullrich, Aguad, Otero y el ex embajador en Bolivia Normando Álvarez García. Recientemente el ex presidente intentó paralizar la investigación pero la Justicia desestimó su petición y hoy continúa el avance de la causa donde Aduana argentina se ha presentado como querellante en la misma. 

Sin embargo no todo se reduce a un escándalo político-judicial sino que en materia internacional ha suscitado una crisis de Estados y de colaboración. Mientras el gobierno de Macri durante el 2015 al 2019 hizo todo lo posible para desarticular el Parlasur, Luis Almagro por su lado como secretario de la OEA mantuvo un contacto permanente con la “Mesa de Seguridad” por lo que se presume de forma  sucinta y nuevamente el apoyo norteamericano al derrocamiento de los gobiernos populares legítimamente elegidos. “Sería responsable de planificar, justificar y consolidar el golpe de estado en Bolivia por el Grupo Lima” el Grupo Puebla recientemente.

Lo sucedido con el país andino volvió a poner en centro de la escena el debate por la defensa de la democracia como lucha constante e incansable, que todos los ciudadanos y sobre todo los funcionarios deben hacer valer. Los intentos de golpes blandos como el económico durante la presidencia de Macri se vió reforzado por la desarticulación regional que durante los gobiernos de Evo, Néstor, Cristina, Lula, Correa y Chávez, como proyecto de la Patria Grande se vió robustecida, significando una amenaza a los intereses de los principales “holdings”. Por lo tanto no es una mera casualidad la colaboración del ex presidente y sus ministros como una forma de “devolver favores”.  Desde nuestro lugar nos oponemos sistemáticamente a todo intento de debilitamiento democrático y propugnamos por su defensa mediante vías institucionales como la justicia. Y que este hecho de alta gravedad pase desapercibido hacia el olvido.