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Ya es sabido que el jefe de gobierno porteño tiene una destructiva obsesión por la educación pública y una saña especial con la comunidad educativa. Acaso porque esta representa un escollo para la profundización de su política neoliberal. Aunque en cada una de sus conferencias de prensa diga con muy buenos modos que para su gobierno la educación es prioridad, su política educativa concreta da cuenta de que eso no es así y quienes transitamos las aulas todos los días somos testigos de que eso es absolutamente falso.
El proyecto político que él encarna no valora la educación pública como un instrumento igualador, de transformación social ni de democratización del conocimiento. Tampoco cree que la política debe universalizar derechos, sino que, sólo debe darle las herramientas al mercado para que la vida se organice a partir de la libre oferta y la demanda.
Sin embargo Larreta tomó como eje de su campaña electoral a fines del año pasado y principios de este la presencialidad escolar. Su mensaje y el show montado sobre su preocupación por la educación de los chicos contradicen lo que realmente sucede en la escuela, pero tiene sus razones en la campaña electoral por un lado, y por otro, responde a la propia interna en su partido.
Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que están en la vereda de enfrente de Larreta dentro de Juntos por el Cambio, sin responsabilidades de gestión y con los medios de comunicación abiertos, largaron su campaña electoral polarizando contra el Gobierno Nacional y mostrándose como los opositores naturales al oficialismo, utilizando la presencialidad escolar como excusa. Apurado, el jefe de gobierno, hizo dos movimientos: jugar en la propia interna mostrando que tenía espalda para pagar un precio político alto pese a los contagios y el descalabro educativo, e intentar ser el que conduce la confrontación contra el gobierno nacional en un año electoral y en vistas al 2023. Aunque esto último está abierto, Larreta ya no puede ser reelecto en la ciudad, lo que indica que podría convertirse en un eventual candidato a presidente.
Tanta urgencia y necesidad tenía Larreta que hizo una cosa en privado y otra en público. La primera semana de abril, acordó con el presidente (y otros gobernadores) una serie de medidas sanitarias con el objetivo de disminuir los contagios. Horas más tarde, borró con el codo lo escrito con la mano y firmó una carta de su partido dirigido a la ciudadanía donde se acusaba al gobierno nacional de atentar contra las libertades individuales por las medidas de cuidado que él mismo había acordado.
Días después, por recomendación de los expertos, el gobierno nacional dictó un paquete de nuevas medidas en el que las clases presenciales pasaban a la virtualidad desde el 19 de abril y por 15 días, ante el aumento de casos en zonas de alta circulación del virus, y AMBA era una de ellas. Ese 19/04 – día que comenzaba a regir las medidas - CABA registró casi 3 mil casos nuevos de contagios y 21 fallecidos, con una ocupación del 75% de las camas de terapia intensiva.
El gobierno de la ciudad, desafiante, se negó a acatar ese DNU; apeló la medida por las clases presenciales en la corte suprema, y le pidió a la justicia de la ciudad – amigos y parientes suyos
– que realizara un fallo según su necesidad. Acto seguido y sumamente expeditiva, la justicia de ciudad le ordenó garantizar las clases (consumando así un bochorno jurídico, ya que se encontraba fuera de su competencia). Larreta anunció en conferencia de prensa que las clases continuaban siendo presenciales, poniendo así su campaña por encima de la salud y la vida y desoyendo una medida sanitaria que debía cumplir.
A principios del mes de mayo la Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales. Un fallo obsoleto en cuanto a lo administrativo porque lo hizo fuera de término, pero que consumó un hecho muy grave para la democracia: la justicia avaló que un gobierno jurisdiccional pueda incumplir las medidas sanitarias dispuestas en un decreto presidencial poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Este pacto político-judicial que llevó a cabo la derecha porteña y JxC sólo tuvo un objetivo: intentar deslegitimar y desgastar las políticas sanitarias del gobierno nacional, tapar la campaña de vacunación y polarizar un conflicto que nada tenía que ver con lo educativo poniendo la educación como excusa.
La ciudad y la corte suprema no tuvieron la lucidez de comprender que se trataba de una medida sanitaria y no educativa. Aunque sí la decisión política de mostrar poder y los aceitados vínculos entre ellos: lo que es complejo y peligroso es que no tuvieron tapujos en mostrar de cara a la sociedad que, Juntos por el Cambio, la Corte Suprema y el poder económico concentrado son parte de un mismo bloque que está dispuesto a cargarse la democracia para que en el país no gobierne el peronismo.
“La escuela no contagia” fue la frase de cabecera de la ministra Acuña para sostener la presencialidad escolar a como dé lugar. Como contrapartida comenzaban a internarse niños en los hospitales. Infectólogos, intensivistas, médicos, coincidían en que era necesario el pase a la educación virtual. La comunidad educativa lo denunció hasta el cansancio por todos los medios que tuvo a disposición. Las aulas comenzaron a vaciarse como producto de muchas situaciones: las familias, con sentido de la coherencia y amor propio, dejaron de enviar a sus niños a clase; los docentes, niños, auxiliares y conducciones escolares comenzaron a transitar covid y aislarse; las burbujas comenzaron a pincharse y las escuelas se fueron cerrando parcialmente porque no había docentes ni chicos en los edificios escolares.
Entre un paro docente de más de dos semanas, burbujas pinchadas, niños ausentes, amparos colectivos de las familias y una disputa judicial por el cómputo de faltas, la escuela transitó el como si de la presencialidad marketinera de Larreta avalada por cinco cortesanos de la más baja estirpe judicial.
Luego de que el gobierno nacional dispusiera nuevamente un nuevo paquete de medidas sanitarias el último 20 de mayo, entre ellas el pase a la virtualidad del dictado de clases, la ciudad, ya sin argumentos, apostó directamente por castigar a los chicos y chicas porteñas, clausuró las clases en la semana del 24 de mayo: ni presenciales ni virtuales, no habrá nada. Como un niño rico despechado, Larreta – el necropolítico – se enoja porque no puede sostener ya sus obsesiones y caprichos.
Aunque cueste creerlo, es cierto: el gobierno de la ciudad, argumentando que la presencialidad es irremplazable, decidió suspender las clases en la ciudad de buenos aires. Se configura así un hecho inédito a nivel global: el de Larreta será el único gobierno que, con
una pandemia en curso y teniendo una alta altísima tasa de contagios y fallecidos en su distrito, en vez de aplicar una medida sanitaria como es el paso de la presencialidad a la virtualidad, aplicó una medida educativa: suspender la educación por tres días vulnerando el derecho de los chicos y chicas a recibir educación. El plan que presentaron es que los chicos recuperen tres días de clase en diciembre, lo que atenta contra la continuidad pedagógica y muestra a las claras la saña con la comunidad educativa. La continuidad se garantizaba entregando computadoras, pero para eso hay que tenerlas y la ciudad si algo hizo es no invertir en equipamiento.
Tuvieron que fallecer 16 trabajadores de la educación para que se comprenda el grave daño que generaban las aulas abiertas. Algo que la comunidad educativa advirtió desde el primer momento y que el propio ministro de educación Nicolás Trotta se encargó de negar hablando de “presencialidad cuidada”. Se puede mirar cualquier gráfico sobre cómo evolucionó la tasa de contagios y todos dan el mismo resultado: aumentaron exponencialmente cuando las escuelas se abrieron.
Para expresar todo su enojo Larreta juega además con las necesidades y organización de las familias: al suspender las clases, suspendió también las entregas de las canastas escolares y las reprogramó para más adelante. Sacarles la comida a los chicos de la boca es el acto más mezquino y violento que una persona que gestiona la esfera pública puede realizar. No hay dudas de lo que es éste gobierno: cínico, peligroso, infantil, miserable y mentiroso.
Es claro que a quienes gobiernan la ciudad no les importa la educación pero sí el marketing político y ponen por delante de todo la contienda electoral que se avecina. Desde el comienzo de la pandemia las herramientas digitales se volvieron imprescindibles casi para cualquier tarea a desarrollar. Sin embargo, el ministerio de educación porteño no compró ni un mouse, ni un cable, nada para garantizar la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. No invirtió ni un peso para garantizar la educación a distancia, discontinuó la compra de insumos sanitarios para las escuelas y por la plata que le quitó a las cooperadoras ahora invertirá, por día por alumno, sólo $1,83 para la compra de elementos contra el Covid.
Mientras Larreta le robó a infraestructura escolar este año 528 millones de pesos, argumentando que la ciudad no tiene plata porque el gobierno nacional le quitó un punto en la coparticipación, le destinará 800 millones de pesos a realizar encuestas telefónicas y focus group. Hasta acá el jefe de gobierno mostró todas sus credenciales e hizo todo para ser el “empleado del mes” y calificar como candidato para el proyecto neoliberal. Sólo sabrá él si le pidieron tanto, pero lo real es que fue a fondo. Todavía está a tiempo de poner marcha atrás, entregar las computadoras para los chicos y garantizar la continuidad pedagógica.
Quienes creemos y valoramos la educación pública tenemos la obligación de ayudar a construir una estrategia electoral inteligente que nos permita poner en el centro de la escena la defensa por una educación pública de calidad para todos y todas. Este año los y las porteñas tenemos la posibilidad, a través de los votos, de expresar que en la ciudad deben cambiar las prioridades. Es necesario comenzar a construir una alternativa para el 2023 que permita soñar con vivir en una ciudad mucho más igualitaria, democrática e inclusiva.