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El caso de Úrsula Bahillo duele, pero no sorprende. Aún no terminamos de llorar a Florencia Romano, otra víctima de un sistema que miró para otro lado, y pasó otra vez. De nuevo salir a intervenir las comisarías, que una vez más entregaron un miserable papel como garantía de protección, que nunca llegó.
Otra vez a marchar, hacer vigilia y recibir balazos de goma, que nunca dolerán tanto como la ausencia de una hermana, prima, madre o amiga. La bala de goma amorata y, con el tiempo, la marca se va. Mirar una silla vacía, un plato menos en la mesa, un grupo de WhatsApp con un integrante menos nunca deja de doler.
Algunos medios llaman a este caso la “crónica de una muerte anunciada”, pero los noticieros igualmente cubren el rostro de su asesino, el policía Matías Ezequiel Martínez, cuando abordan la noticia. ¿Bajo qué excusa? ¿Presunción de inocencia?
En los últimos días de Úrsula, quedaron plasmados su terror y desesperación en los chats de WhatsApp con sus amigas, en los que afirmaba que su ex pareja "la tenía amenazada", y contaba la pesadilla de los últimos siete meses con Martínez: golpes, insultos y dolor, mucho. Pedía desesperadamente que sus amigas no respondieran a sus mensajes, y les recordaba lo mucho que las amaba, como si supiera.
A Matías Martínez lo encontraron a escasos metros del cuerpo de Úrsula, con las manos manchadas de su sangre y el arma homicida en la mano. Irónicamente, sus manos ya estaban manchadas de angustia, la que reflejaban las dieciocho denuncias de Úrsula y dieciocho más de otras mujeres, a quienes Matías acosó, de quienes abusó y luego amenazó, aprovechándose de su privilegio como oficial de la policía bonaerense. Abusó sexualmente de una niña discapacitada, que hoy tiene 14 años, y salió impune.
Al momento del crimen, Martínez estaba de baja por una carpeta psiquiátrica, que en caso de ser enjuiciado le facilitaría plantear su defensa basada en un trastorno psiquiátrico, que tendría como consecuencia su inimputabilidad. Una vez más, el sistema que debe garantizar la integridad de la mujer, al servicio del agresor.
En 41 días ha habido cuarenta casos de femicidio, y esos ni siquiera son los números reales. Raquel Hermida, abogada que se dedica a casos de violencia de género, contó que muchas veces, las mujeres víctimas de violencia ingresan a los hospitales por lesiones luego fallecen, pero jamás entran al conteo de víctimas de femicidio. Agregó que hay gran cantidad de femicidios que no entran en los conteos y cuya investigación queda suspendida ante la falta de sospechosos. Las organizaciones como Mumalá o Marea no alcanzan a cubrir todos los casos.
Recientemente se hablaba-en estadísticas-de un femicidio cada veintisiete horas. Hoy, hay una mujer menos cada veinte horas a manos de la violencia machista. Lo peor de todo, es que la cifra es estimativa. Hermida revela que las comisarías de la mujer deberían disponer de datos sólidos y fiables, pero los ocultan porque un registro completo evidenciaría la pasividad de estos organismos.
Para Hermida, los femicidios que pudieron haberse evitado con un funcionamiento ágil de la justicia son homicidios culposos, por parte de todos los funcionarios; cuando desestiman una denuncia, cuando hay negligencia o desconocen la norma, ellos también cargan con la responsabilidad de una mujer que esa noche no vuelve a casa.
La doctora reconoce que llevar adelante este tipo de casos supone un peligro para la vida propia. Vive amenazada, con miedo, imposibilitada de mostrar situaciones de su vida cotidiana como cualquier persona común. Deja claro que, si alguna o algún letrado de Rojas quisiera iniciar una causa a la policía de la zona por la negligencia en el caso de Úrsula, su vida estaría en riesgo, al ser una zona pequeña y conocerse todos.
Para ella, el botón de pánico no sirve. Participó de muchos casos en los que agregaron como inscripción en la lápida de las víctimas que llevaban un botón de esta naturaleza, y afirma que hay una cantidad alarmante de lápidas con esta frase. Cita el caso de la chica que llevaba con ella el botón de pánico, y su cuerpo fue encontrado en el Río de la Plata, el botón con ella. En 2020 había 9900 dispositivos de este tipo solo en Buenos Aires, hoy no se sabe cuántos, pero no hay duda de que no sirve la alarma, si no hay quien la escuche. Hermida pide tobilleras electrónicas que, si bien no son infalibles, tienen un amplio margen de efectividad.
En la actualidad, luego de radicar una denuncia la víctima tiene que resguardarse, temiendo por su vida, y al romper su abusador las medidas de alejamiento o reincidir tiene que acercarse la misma víctima a la comisaría nuevamente y volver a denunciar, si puede.
Para poder revertir esta situación, no basta “solo hacer un cursito de violencia de género, sino hacer un buen curso de violencia de género” opina la abogada porteña. Además de ser atacada por su agresor, la víctima sufre la revictimización constante del sistema judicial que, se supone, debe protegerla.
Una mujer muere más de una vez: cuando la violenta su agresor, cuando la justicia mira hacia otro lado e ignora sus gritos de auxilio, y cuando finalmente deja de existir, no solo a manos de su asesino, sino del sistema que le falló deliberadamente.
A Úrsula no la mató únicamente Matías Ezequiel Martínez, sino también la comisaría de la mujer y la policía bonaerense de Rojas. Martínez empuñó el arma, y la policía no lo detuvo.