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La participación ciudadana en las decisiones políticas desde hace ya varios años se ha vuelto un tema muy presente en las agendas de los gobiernos, en los análisis políticos y en los estudios de investigación. La misma no solo se pone en manifiesto en los diferentes niveles de gobierno (municipal, provincial o nacional) sino que también está vinculada a los diferentes contextos políticos e históricos en los cuales se vive.
Cabe mencionar primero que, si bien la participación ciudadana nos invita a reconocer sus beneficios a la hora de mejorar la gestión pública, la transparencia y el fortalecimiento institucional, esta no es la única receta ni la gran solución a todos los problemas de gobierno. Pero sí, nos invita a repensar las características de la participación de la sociedad civil en las diversas etapas, para poder analizar el escenario actual, la gestión y los horizontes que se propone el gobierno de la provincia. Es por ello que es menester abordar los requisitos y los desafíos a considerar de la gestión estatal como también de la sociedad civil.
En Mendoza, la mala situación económica de los últimos 10 años ha llevado a una consecuente crisis política que se refleja en un común denominador: la falta de responsabilidad de quienes se hicieron cargo de los últimos gobiernos e incluso del actual que no muestra aún capacidad de diferenciación con sus antecesores. Estas consecuentes crisis políticas motivan, al menos, a repensar nuevas formas de acción pública que canalicen realmente las demandas sociales.
El debilitamiento de las instituciones de Mendoza no se debe pura y exclusivamente a un partido político o a un gobernador en particular. Pero, lo cierto es que sí existe una mayor o menor intencionalidad de ejercer el control absoluto de todas las instituciones públicas que deberían llevar adelante la rendición de cuentas de los gobiernos, garantizar la división de poderes y evitar los sobre endeudamientos. Y ya hemos visto que estos procesos no traen beneficios para los ciudadanos y ciudadanas.
En una suerte de relato de herencias tras herencias recibidas, la política parece no encontrar el camino del desarrollo integral y la planificación estratégica que demandan los tiempos que se viven. Con la intención de contextualizar la crisis de representación política que vive la provincia, es necesario hacer algunas menciones previas. Negar que el último gobierno justicialista encabezado por Francisco Pérez y Carlos Ciurca dejó en las cuentas públicas un sin fin de deudas con proveedores y una falta de inversión real sería de mi parte obsecuente. Pero lo cierto es que, dicho esto y asumiendo que Mendoza fiscalmente no se encontraba allá por el 2015 en el mejor de sus momentos, tampoco esa situación fue mejorada por la gestión de Alfredo Cornejo y Laura Montero.
Los indicadores económicos de la provincia reflejan un endeudamiento que se torna impagable, en moneda extranjera y con una política basada en el rollover constante. (Pedir deuda para pagar deuda). Está claro que era necesario sanear las arcas del estado para planificar el crecimiento económico y social de Mendoza, pero eso no se hace con relato sino con inversión y desendeudamiento para poder ponerle fin a las malas gestiones de nuestra provincia.
Actualmente, sería injusto de mi parte culpabilizar al gobernador de la crisis económica debido a que tan solo lleva meses de su mandato y en medio de una pandemia global. Ahora bien, sin analizar lo heredado por Alfredo Cornejo y con la intención de centrar el análisis en el horizonte futuro más que en pasados paupérrimos, podemos repensar las principales medidas políticas y sociales que tomó el gobernador para identificar si existe o no participación de la sociedad civil, y qué tipo de participación.
A tan solo días de asumir como gobernador, impulsó el tratamiento de la modificación de la ley 7722, un pilar cultural, político y sustentable de nuestra institucionalidad. Dicha reforma tuvo como “participación” el ampararse en que fue una promesa de campaña electoral, que contaba con la legitimidad que le otorgó su contundente triunfo contra la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, pero lo cierto es que el revés político y su consecuente decisión de dejar sin efecto la modificación, no se dio por la presión de la dirigencia política mendocina o los medios de comunicación masivos, sino por la manifestación real transversal y política de la propia ciudadanía. Un verdadero ejemplo de que la falta de participación ciudadana a la hora de tomar decisiones políticas puede hacer que esas decisiones fracasen.
Como segunda medida de trascendencia, el actual gobernador presenta un proyecto de Reforma de la Constitución de Mendoza. Cabe mencionar que es muy necesario repensar la Carta Magna de la provincia. Ahora bien, nuevamente Rodolfo Suárez decide avanzar con dicho proyecto, sin participación de la sociedad civil real y con solo dos propósitos: modificar los distritos electorales de la provincia de Mendoza y hacer una Legislatura Unicameral.
Dicho esto, y con toda la buena intención de ayudar a repensar la política y por consecuencia los desafíos que presenta el proceso de participación de la sociedad civil es que debemos replantear, sistematizar y generar las condiciones para mejorar los alcances y los resultados de los procesos de participación, en base a las malas experiencias mencionadas anteriormente.
Como primer aporte, incorporar a los actores sociales heterogéneos de nuestra provincia logrando que tengan capacidad de organización, de presencia en los debates y de política de consensos. Dicho de otra manera, evitar caer solo en la corporación mediática, estatal y política como único canal de legitimación. La pluralidad a la hora de diseñar políticas públicas debe ser condición sine qua non.
En segundo lugar, analizar las circunstancias: si estas promueven o no la participación y la relación directa que hay entre el grado de influencia de la sociedad en función de su posición económica y social. Diferentes estudios demuestran que los sectores que más participan son aquellos con mayores recursos, los que ocupan una mejor posición en la estructura socio-económica -CEPAL- o los que poseen mayor grado de profesionalización. Mientras que los sectores con menos recursos se encuentran en una situación desventajosa y con poca capacidad de presionar por sus propios intereses. Entonces la participación de la sociedad civil está íntimamente vinculada con la distribución social.
Y, por último, la voluntad política de generar los lugares que promuevan la participación de la sociedad civil, no solo en instancias esporádicas. Estos ámbitos deben sostenerse de manera permanente en el tiempo e incluso más allá de los cambios de gobierno. Para eso el rol de las metodologías se torna central, la voluntad política debe ir de la mano de reglas de juego que promuevan la pluralidad social, el diálogo y la equidad de oportunidades para garantizar la inclusión de los diferentes sectores.
También, el diseño de dispositivos que pongan en valor los resultados finales de la participación de la sociedad civil, para reflejar las preferencias y generar allí los consensos necesarios para llevar adelante las políticas públicas con viabilidad política, aprobación por parte de la sociedad y transparencia.
La participación ciudadana ha cambiado en su esencia, sacando a luz nuevas reglas de juego a la cual todos los gobiernos deben ser permeables sobre cómo se relacionan con la sociedad civil. Por ello, es fundamental profundizar el debate en torno a la participación ciudadana y recuperar una mirada integral de los actores y de los procesos políticos y sociales que se viven, esto implica una agenda abierta al diálogo que permita indagar sobre los alcances de las políticas públicas.