Columnistas // 2020-08-23
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PANORAMA POLÍTICO
Mendoza, ¿Activa?
Inflación, devaluación y default selectivo, signan el contexto económico provincial. Los merenderos no dan abasto, y las empresas no están pudiendo generar las inversiones necesarias para un crecimiento de base de la economía. En tanto, los problemas ambientales por falta de control y protocolos preocupan a un gran sector de la población. Por otra parte, la doble vara aplicada por el gobierno provincial en la marcha del 17A, promueve la división, la falta de consensos, y el diálogo.


“Mendoza sigue trabajando y eso no es poco”, afirmó el gobernador provincial en un acto de entrega de viviendas. A pesar de que la curva de casos de Covid va en aumento, Suárez ha sido promotor de mantener las actividades económicas locales lo más activas posibles. Esto es lógico, en el contexto de una provincia que enfrenta inflación, devaluación y deuda.

En el marco de una matriz productiva desgastada y productores agrícolas severamente castigados por un sistema que los expulsa constantemente, Mendoza Activa se constituye en una esperanza para las empresas y la reactivación económica. El Gobierno recibió durante los primeros 10 días de convocatoria 101 proyectos de inversión. Este paquete incluye iniciativas en 15 departamentos de la provincia por más de $410 millones.

Sin embargo, sin dudas se vuelve necesaria una mayor participación y líneas de acción para que los grandes grupos empresarios locales sean promotores de la inclusión de las pymes en su aparato productivo, para lograr un mejor reparto de recursos. La necesidad de inversión de las burguesías en el país, no es solamente necesaria en Argentina sino también en Mendoza para constituir un modelo económico virtuoso y sustentable.

En tanto, la situación en los barrios populares es de extrema urgencia. La vida se basa en el día a día y buena parte de esa comunidad se encuentra en situación laboral informal. Este medio está en permanente relación con referentes de barrios populares y grupos que ayudan con alimentos e insumos de higiene. La mayoría de las mujeres que son sostén de hogar viven el mes con la Asignación Universal y el IFE, ya que sus trabajos han sido suspendidos por la pandemia.

Las estadísticas económicas provinciales son un reflejo de la situación tangible que vivimos y experimentamos diariamente las y los mendocinos. Según señalaron las estadísticas otorgadas por el INDEC, en el mes de julio la inflación registrada fue del 1,9% y el acumulado del periodo enero-julio de 2020 es del 15,8%. En tanto, para la Región Cuyo, fue del 2,3%, por encima de la media nacional.

La DEIE informó que el IPC en julio fue del 2,1%. Mendoza sigue como en los últimos cuatro años con una inflación superior a la nacional.

Por otra parte, las restricciones macroeconómicas que experimentaba Mendoza a fines de 2019, se potenciaron con la irrupción del Covid-19. La administración provincial derivó fondos a la salud pública para sostener el sistema hospitalario ante una inminente demanda de asistencia sanitaria de la población. La situación determinó que las autoridades tomaran la decisión de no cancelar el pago de la cuota de interés del bono PMY24 (título en dólares) cuyo vencimiento operaba el 19 de mayo por un monto de USD 24.706.250.

La provincia está en un default selectivo, incumpliendo con los pagos y “pateando” los plazos, porque además de no afrontar los desembolsos correspondientes al pago de intereses del bono PMY24 en mayo y noviembre del presente año, incorpora la no cancelación de los compromisos correspondiente al bono PMJ21 (en pesos).

En este marco, se vuelve fundamental generar un programa de sustentabilidad de la deuda, es decir, obtener las condiciones mínimas para lograr un margen de tiempo que posibilite a la economía local generar una base económica que permita la seguridad en los pagos de las deudas asumidas por la provincia. Además, en un contexto propicio luego de la negociación de la deuda nacional.

La negociación de la deuda provincial incluye la cláusula RUFO que define la igualdad de los acreedores ante mejoras en la oferta de refinanciación, como así también la necesidad de obtener el 75% del capital de los bonos emitidos para convalidar la oferta sin riesgo del inicio de un juicio por parte de los bonistas que no aceptaron el arreglo. Esto podría ser una eventual barrera para obtener un acuerdo.

En ese marco, la judicialización del Fondo de la Soja, retirado por decreto por Mauricio Macri durante la gestión de Cornejo y reclamado por Suárez en los últimos días, podría significar un ingreso adicional en caso de que la resolución sea favorable.

En tanto, el Gobernador Rodolfo Suarez prorrogó el congelamiento de su salario y el del vicegobernador, Mario Abed y sigue vigente la donación de sueldos de funcionarios. Hasta el momento ya se han recaudado $144 millones.

Preocupaciones en torno a la gestión ambiental

La semana pasada, por tareas de mantenimiento programado del Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A., realizó un corte que dejó sin agua a un brazo del río Mendoza, en un tramo que se extiende por 1250 metros de largo y 50 metros de ancho aproximadamente.

Esto generó la muerte de miles de especies que habitan el Río Mendoza. Desde las asociaciones ambientales han pedido acceder a los estudios de impacto ambiental correspondientes que avalan dichas tareas y las acciones previstas, por la empresa a cargo, tendientes a mitigar el daño ambiental. Por el momento, desde Irrigación no saben si existe algún protocolo o acción de mitigación de daño.

La Asociación Mendocina de Pesca logró rescatar solamente al 5% de la población que murió. En este sentido señalaron la negligencia estatal en la organización, en los planes de contingencia y mitigación. De este modo no hay respuestas sobre cómo se reparará el daño causado, y cuáles serán los protocolos en el futuro.

Otro tema de la semana fue la remisión del ejecutivo a la modificación de la ley de arbolado público, que lo declara como “patrimonio natural y cultural de la Provincia de Mendoza, de interés provincial y se le otorga el carácter de servicio público prioritario”.

La modificación sustancial de la ley, es que deriva las acciones respecto del arbolado público a los municipios. De este modo, la autoridad de aplicación perderá todas las facultades asignadas en la ley que es proteger y mejorar el medio ambiente de la provincia, a través de la implementación de una política ambiental, permanente, racional y sustentable para el control, conservación y preservación del arbolado público.

Actualmente se ha perdido 30% del arbolado original de Mendoza. Conforme crece la ciudad y las zonas urbanas, no crece la población de especies forestales, al contrario, se retrotrae la cantidad de ejemplares en un 30%. En la población actual de árboles en Mendoza, el 73% está compuesto por arbolado viejo y según la propia normativa ambiental y estándares internacionales, el arbolado debería estar constituido en un 70% por arbolado joven.

La doble vara y la política de la grieta

Tras la marcha del 17A, en el que diversas personas se concentraron con múltiples consignas en las calles del centro mendocino, el presidente del PJ en Mendoza, Guillermo Carmona, denunció en la justicia la convocatoria realizada y promovida por funcionarios, porque la concentración viola las disposiciones de restricción a la circulación y concentración de personas en el marco de la emergencia por la pandemia del Covid 19, por el propio gobierno provincial.

El centro de las críticas fue Omar De Marchi, quien no sólo realizó comentarios agraviantes a través de twitter, sino que participó de la marcha en un día en el que no tiene permiso para circular según las disposiciones provinciales por la terminación de su DNI.

En tanto, la represión y detención de personas en diferentes marchas convocadas por los empleados de salud, los estatales, o el Sute, se hizo efectiva y con intervención fiscal. Un ejemplo fue la detención de 19 personas incluido los secretarios generales de ATE y SUTE, mientras acompañaban a los empleados municipales de capital que pedían aumento de salarios.

Si bien a nivel nacional, el Presidente no tomó medidas al respecto, es decir, en ningún momento se dio la orden de reprimir, a nivel provincial tampoco se intervino en la convocatoria, pero la policía es la primera en llegar cuando dos o tres personas piden cobrar más de 10 mil pesos de sueldos para poder comer.

En pos de una Argentina unida, y de terminar con las violencias discursivas, la intolerancia política, y la representación individual, es necesario que los gobiernos, los funcionarios dejen de lado la doble vara, y gobiernen, sin olvidar nunca la igualdad de los ciudadanos ante la ley como derecho consagrado en la Constitución Nacional.


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