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En Argentina comienza a notarse un proceso de naturalización de los diferentes abusos de poder ejercidos por las fuerzas que, en principio, deberían cuidarnos. Las policías provinciales y federales han sido protagonistas en esta pandemia, no por la lucha contra el crimen organizado si no por su mala praxis en su tarea de protección a la ciudadanía. Detenciones arbitrarias, amenazas, torturas, abusos a mujeres, asesinatos y desapariciones se han dado lugar en este tiempo de pandemia. Estos reiterados abusos de poder las han puesto en el centro de la mira.
Este proceso de naturalización tuvo su auge en la última gestión presidencial, la de Mauricio Macri y principalmente en la imagen de Patricia Bullrich. Eran las autoridades quienes veían, por ejemplo, como “buena” forma de actuar que las policías ataquen por la espalda, como fue el caso del oficial Chocobar, quien fue recibido por el principal ex mandatario como modelo para sus colegas. Desde los diferentes organismos de derechos humanos alertaban de la peligrosidad que eso tenía, la aprobación de la violencia policial por parte de quienes gobernaban aumentaban los malos procedimientos que las fuerzas tenían.
En contexto de pandemia esa violencia no ha desaparecido. El poder de control que poseen para el cumplimiento de las medidas contra el Covid ha fortalecido las arbitrariedades en su actuación. Desde la gestión actual se ha enfatizado sobre su preocupación ante estos hechos, en contrario a la gestión precedente. ¿Pero, con eso alcanza? No. Cambiar esta forma de actuar por parte de las fuerzas de seguridad no será lograda, en principio, sin una política estatal fuerte en cuanto a la formación de uniformados y uniformadas. Es desde ahí donde hay que comenzar a derribar los pensamientos de superioridad de poder ante la ciudadanía, donde se debe formar con principios basados en derechos y humanos y perspectiva de género para ir contra la discriminación y arbitrariedad con la que se manejan, entre otros aspectos.
Cuando hablamos de memoria, verdad y justicia también hablamos de los atropellos de las fuerzas de seguridad contra sus ciudadanos. Llevamos consigo el recuerdo de las miles de almas que fueron detenidas, torturadas y luego asesinadas o desaparecidas por el estado. No queremos fuerzas de seguridad represivas, torturadoras ni asesinas en Argentina. La pelea para el cambio estructural en la formación, procedimientos y actuación de las fuerzas de seguridad debe ser fuerte y constante. Luchar para que se desnaturalicen los abusos de poder tiene que ser una tarea de todo el arco político, no debe permitirse grieta alguna si buscamos que no existan estas prácticas desmedidas. No queremos policías que sigan matando a nuestros pibes o pibas, no queremos una policía que nos siga desapareciendo en los barrios, no queremos policías impunes ante todos hechos.
El afrontar estos temas debe tener un lugar primordial en la agenda política actual y de pos pandemia. Si seguimos dejar pasar el tiempo perderemos más vidas y libertades. La política de derechos humanos ha sido nuestra bandera y reconocimiento a nivel internacional, seguir permitiendo estos sucesos es tirar a la borda tantos años de lucha de organismos y políticas de gobiernos anteriores.
No me permitiría terminar este artículo sin nombrar a Magali, Luis, Lucas y Facundo. En ella y ellos se encarnan las más a repulsivas prácticas de las policías. No deben tener nuestro silencio. Con ellos volvemos a decir, una vez más, NUNCA MÁS.