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El domingo al medio día las organizaciones sindicales, de mujeres y de derechos humanos comenzaron a alertar y difundir la fuerte represión que sufrieron los manifestantes que trabajan en la municipalidad de Capital, que protestan hace semanas encadenados en el kilómetro cero, pidiendo aumentos de sueldos y pases a planta. Los empleados denuncian estar cobrando $10 mil pesos mensuales, lo que les impide asegurar el plato de comida diario a su familia. Hay personas que llevan más de 11 años contratados, y ahora han sido amenazados por el municipio con el despido, de hecho, el Intendente declaró la emergencia económica como medida legitimadora.
36 personas fueron trasladadas a diversas comisarías en el transcurso de la siesta. Algunos terminaron hospitalizados por los golpes, una mujer sufrió la fractura de un brazo por la violencia policial. Roberto Macho secretario general de ATE, y Sebastián Henríquez secretario general del Sute, quienes se encontraban acompañando a los municipales, también fueron detenidos y golpeados. El conflicto llegó a nivel nacional. Ctera repudió las detenciones y la violencia. El Partido Justicialista local, emitió un comunicado con su repudio, pero hubo en su mayoría silencio por parte de la dirigencia peronista local. Por su parte, el Comité de la Unión Cívica Radical de Mendoza, acusa directamente a Roberto Macho por la situación vivida este domingo, desconocieron la represión, y afirmaron que esto es parte de una campaña de desestabilización de ATE junto con La Cámpora contra el gobierno provincial.
Confusión. Los municipales no pertenecen a ATE, y es innegable, todos hemos visto circular los bonos de sueldo, que cobran como contratados $10 mil pesos mensuales, un salario que no responde al mínimo, vital y móvil. El gobernador de Mendoza, y el intendente de la capital Ulpiano Suárez no emitieron declaración alguna, e ignoraron completamente la represión, la violencia, y la detención masiva de personas en furgones. En un momento reinó el caos porque nadie sabía a dónde estaban los detenidos hasta que los abogados que voluntariamente se hicieron presentes en las comisarías comenzaron a comunicar el paradero y situación de las y los detenidos.
No es la primera vez que el gobierno provincial permite la violencia policial: La última vez fue en diciembre del año pasado cuando la policía reprimió masivamente a los miles de manifestantes que protestaban por la derogación de las modificaciones de la ley 7722. El gobierno debió dar marcha atrás en ese momento. Esta vez, parece haber olvidado su voluntad de diálogo.
En tanto, el viernes pasado, el gobierno abrió los sobres por la licitación de Portezuelo del Viento a pesar de la reunión realizada el 26 de junio, en la que los gobernadores que comparten el río pidieron nuevos estudios ambientales y la paralización de la obra. Mientras Suárez pidió un laudo presidencial, el viernes en la Nave Cultural, se pudo conocer a los oferentes de la licitación. Se trata de un consorcio de empresas donde forman parte la empresa china Sinohydro junto a las empresas mendocinas IMPSA, Ceosa y Obras Andinas S.A.
Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública aseguró que “es muy importante que se hayan presentado empresas locales”.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, se refirió a los nuevos estudios de impacto ambiental solicitados en el ámbito del Coirco, “el estudio es impacto ambiental, hay uno que está firmado por el Coirco. Esto significa que el Coirco avaló nuestra evaluación de impacto ambiental”.
En ese sentido expresó que “la obra, y los dos estudios, tanto el de Mendoza como el del Coirco han sido aprobados. Hay uno por la obra en sí mismo y hay otros cuatro estudios por las obras complementarias. Todos tienen sus estudios de impacto ambiental y han cumplido con los procedimientos ambientales”. Además, destacó la participación de cuatro universidades nacionales en los estudios.
“Lo claro es que es una discusión política y no técnica. No hay ninguna nota, ningún documento donde La Pampa exprese que hay alguna falencia en los estudios de impacto ambiental”.
En materia petrolera, el Ministerio de Economía y Energía otorgó los primeros dos acuerdos técnicos de evaluación a la unión transitoria de empresas (UTE) Hattrick Energy-Emesa. Estos acuerdos contemplan un plan de inversión a dos años para realizar todos los estudios para una eventual exploración y explotación hidrocarburífera. El compromiso de es de 771 mil dólares en las áreas Sur y Norte del Río Atuel en Malargüe.
El mito del “ahogo” de nación, y la realidad de la economía provincial
Luego de que Alfredo Cornejo pidiera un informe al ministro del Interior Wado de Pedro por los fondos que recibe Mendoza de Nación, y tras denunciar una situación de discriminación, vale aclarar algunos puntos. En primer lugar los estados provinciales reciben fondos desde la Nación por la Coparticipación Federal de Impuesto que está establecido por ley, por lo tanto, ahí no hay discriminación alguna, a pesar de que el tema de la coparticipación es una discusión de décadas en la Argentina.
Por otra parte, nación ha enviado Aportes No Reintegrables (ANR), son fondos que el gobierno nacional gira a las provincias por condiciones especiales, como es el caso de la pandemia. Mendoza registra hasta el mes de abril la recepción de $ 1.929,9 millones en concepto de ANR.
Por otra parte, del 100% de los gastos en que incurre la provincia, la mitad en promedio se financia con los recursos que envía la Nación. En el acumulado abril 2020 de los recursos corrientes que figura en la Ejecución Presupuestaria de Mendoza se financia en un 49% con fondos provinciales y un 51% con fondos nacionales.
En el caso de Portezuelo del Viento, la Nación le ha girado trimestralmente los fondos pactados, por la antigua deuda de la ley de promoción industrial.
Respecto a las actividades que sostienen, sin éxito la economía provincial, según datos del gobierno la agricultura en la matriz productiva de Mendoza no ocupa un lugar primordial y menos la vitivinicultura. Los primeros lugares de nuestra matriz son protagonizados por los sectores de comercio, servicios y la industria manufacturera. Los mismos contienen el 56% de nuestro producto bruto geográfico, o valor agregado, teniendo 20.5%, 20.3% y 15.2% respectivamente.
Sin embargo, el sector productivo que ha recibido más ayuda estatal en la provincia es el vitivinícola. Es por esto que desde los sectores empresarios, con cierto enojo, piden representación en el Consejo Ambiental, Económico y Social propuesto por Suárez. Sin dudas el gobierno necesita del expertise de las empresas concentradas en los distintos rubros, para tomar medidas integrales que sirvan de motor a la reactivación económica local.
Vuelta a clases y contagio comunitario
La DGE anunció en la semana el protocolo para preparar el retorno escalonado en modalidad presencial a las escuelas y esbozó que “en algún momento, aún no definido, existirá una bimodalidad entre no presencialidad y presencialidad hasta fin de año.
Desde el Sute, mostraron preocupación por esta medida. En primer lugar, existe la duda de si hay o no contagio comunitario, pregunta qué se hace gran parte de la sociedad mendocina. Al cierre de esta edición había en Mendoza 189 casos positivos, 6 nuevos casos por contacto estrecho este domingo.
En este sentido, desde el Sute enumeran una serie de aspectos que preocupan a la comunidad educativa como la utilización del transporte público y el virus, el estado edilicio de las escuelas, además de las condiciones laborales y salariales y las propiamente organizativas de la labor docente. Además, señalaron que la DGE no ha tenido en la cantidad de docentes, celadores, directivos que pertenecen a grupos de riesgo.
Según los epidemiólogos julio será el peor mes en cantidad de casos, y se espera el pico. Los protocolos de la vuelta a clases deberán pensarse sin dudas en agosto, cuando se prevé que comience a bajar la curva. En tanto, desde el ministerio de Salud no confirman la circulación comunitaria.
En fin, la represión no es confusión, pero el manejo de la situación económica, política, social y sanitaria de la provincia se nos aparece como en un espiral difuso, y las y los mendocinos en el medio, intentando encontrar un rumbo certero.