Impera en estas tierras una suerte de ordenancismo autoritario que al amparo de una clara complicidad mediática, la connivencia y el silencio de ciertos sectores políticos e institucionales y un grado de colaboración por parte de un sector del poder judicial,  han desplegado en nuestra provincia una lógica autoritaria y persecutoria de todo aquello que no se ajuste a los cánones impuestos desde el poder.

En su momento el entonces gobernador Alfredo Cornejo, convertido en uno de los alumnos  dilectos de la administración Macri, tuvo como uno de sus ejes de gestión la caza del militante: la persecución y la discriminación ideológica en la administración del estado provincial fue desembozada. Este modus operandi se extendió a todas las áreas de gobierno. 
El listado de situaciones configura una política inéditamente vergonzante en el panorama local, con el agravante de que a estos hechos habría que sumarle (Código Contravencional mediante):

-El control cuasi policial en los lugares de trabajo, 
-El despido de delegados gremiales, 
-La vuelta al recurso de las fuerzas represivas como forma de resolución de los conflictos
-El inopinado amurallamiento de sectores públicos (legislatura, casa de gobierno), a modo de “acting” o puesta en escena, con el sentido de mostrar la necesaria “defensa” de las instituciones frente al seguro ataque del señalado como vándalo. 
-Sindicalistas detenidos por fijar carteles opositores,
-Persecución penal a las organizaciones sociales (el caso Tupac es tanto o más vergonzoso que la arbitraria prisión de Milagro Sala y los tupaqueros jujeños)
-Ciudadanos presos por supuesta falta de pago del boleto de colectivo,
-Debilitamiento de los órganos de control,
-Superpoblación carcelaria, nutrida  a partir del uso arbitrario de la requisa sobre los sectores juveniles vulnerables. 

Este es un cuadro de situación muchas veces solapado y sutil,  que da cuenta del estado de persecución y arbitrariedad que se vive en nuestra provincia.

Con la administración Suarez, la política provincial sigue siendo  un canto al punitivismo y al casi todo vale policial. Las últimas actitudes represivas a empleados estatales  lo ratifican. 
Los gobiernos del radicalismo cambiemita en Mendoza vienen construyendo  coherente y pacientemente este orden autoritario que castiga y disciplina lo que no obedece sus pautas y normativas.
 
Falta ubicar una pieza en el rompecabezas absolutista: finiquitar la estrategia de cooptación y colonización del poder judicial local. 

Los nombramientos de los supremos Garay (de ministro de gobierno de Cornejo a ministro de la Corte) y Valerio junto a los intentos de ampliación de la Suprema Corte de Justicia, son el precedente de la frutilla del postre que se llama Patricia Day y que terminará de configurar la tan ansiada mayoría automática: Finalmente la estructura judicial local quedará  subordinada a los caprichos y voluntades de los ocupantes del dicho sillón de San Martín. 

Los organismos de derechos humanos de Mendoza, junto a otros sectores, vienen advirtiendo con preocupación una situación que sin exagerar, atenta contra la convivencia democrática y los derechos de las personas.

Hace un par de semanas se realizó un primer conversatorio, donde abogadxs, ex jueces y militantes sociales analizaron las características de los avances del ejecutivo sobre el poder judicial. 

Este jueves 2 de julio se llevará adelante un segundo encuentro donde se escuchará el testimonio de protagonistas y víctimas de la persecución oficialista.  El mismo se efectuará por la plataforma zoom a las 19hs, ID: 830 7487 9703, contraseña: ddhh2020.

Invitamos entonces a acompañar el testimonio de militantes sociales y gremiales. Una forma concreta de ayudar a visibilizar una situación que pone a Mendoza al tope del ranking de la debilidad institucional argentina.