“Mendoza es hija del Agua, dependemos de ella. Este bien escaso tan preciado por nosotros obligó al gobernador Celso Jaque a declarar la emergencia hídrica en 2010”, relata una carta escrita por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura al presidente Alberto Fernández en el día Mundial del Ambiente. 

Una vez más las organizaciones recordaron la lucha desde el 2004 a través de la cual se logró la sanción de la Ley 7722 que protege el agua de Mendoza de la utilización de sustancias tóxicas en actividades extractivistas. 

Al mismo tiempo, Alberto Fernández sorprendía al gobierno provincial y a la sociedad mendocina en su conjunto, cuando el ministro del Interior Wado de Pedro anunció que se reunirá el 26 de junio con los gobernadores de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires para iniciar un nuevo debate sobre el impacto ambiental de la obra de Portezuelo del Viento, a través del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, Coirco.

El organismo administrador de la cuenca, Coirco, está compuesto por un órgano administrativo, integrado por un representante por provincia; y otro órgano de gobierno compuesto por los cinco gobernadores, presidido por el ministro del Interior. En caso de que las decisiones no se tomen por consenso se puede recurrir a un laudo presidencial. 

Portezuelo del Viento es una mega obra, la más grande proyectada a nivel nacional en este momento, que prevé la construcción de una represa en el Río Grande en las estribaciones de la cordillera de Los Andes. El Río Grande es afluente importante del Río Colorado a la altura de su límite con Neuquén, y luego tiene un recorrido que atraviesa las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. 

En el impacto ambiental realizado, La Pampa y Mendoza no estuvieron de acuerdo en el estudio, porque quedaron fuera según los pampeanos, las consecuencias de un eventual trasvase del embalse al río Atuel, lo que le restaría volumen al Río Colorado. 
Fue Mauricio Macri quien arbitró a favor de la posición de Mendoza en el gobierno de Alfredo Cornejo. Ambas provincias tienen otro conflicto abierto con anterioridad por el Río Atuel, donde ha debido intervenir la Corte Suprema. 

"El presidente Alberto Fernández está convencido de que hay que trabajar con todos los distritos y sectores, sin distinciones, para encontrar soluciones comunes a los problemas de todos los argentinos, construyendo acuerdos. Y ese espíritu de consenso es el que necesitamos para resolver este tema", declaró Wado de Pedro. 
Además, el mismo Fernández señaló: "No sé si tiene sentido financiar una obra que es cuestionada por cuatro provincias. Tenemos que ver el impacto del proyecto y tener en cuenta que la naciente de un río no confiere derechos de propiedad" sobre un curso de agua.
Por su parte, el gobierno mendocino afirmó que la obra cuenta con los avales técnicos y jurídicos necesarios para continuar avanzando con su ejecución. El embalse de Portezuelo será cuatro veces mayor al de Potrerillos y dará energía eléctrica a 130 mil hogares. 

Beatriz Dillon, geógrafa y profesora de la Universidad Nacional de La Pampa, explicó que la provincia se ha desertificado producto de la usurpación del agua de los ríos. 

En tanto, más de 100 empresarios mendocinos participaron de la reunión que convocó la Unión Industrial de Mendoza y el Clúster Portezuelo del Viento, en la reunión de actualización sobre el proceso licitatorio de la mega obra. La apertura de sobres de la licitación pública está prevista para el 3 de julio próximo, según el cronograma informado por el Gobierno provincial.

Los referentes técnicos del Clúster hicieron un repaso de las ofertas y propuestas que las pymes locales están preparando para poner en consideración del único oferente hasta el momento, Impsa, y tres empresas nacionales interesadas la licitación, que integrarían distintos consorcios, pero a la fecha no han comprado el pliego.
A la fecha, el Clúster ha podido cotizar más del 30% de la obra, es decir, consolidar una propuesta técnica, económica y financiera alineada íntegramente a los pliegos, que podrá ser realizada por pymes mendocinas y que está a disposición de los consorcios que se presenten.

En tanto, en la legislatura pidieron un informe al gobierno respecto al Consejo Social y Ambiental que pretende crear el Ejecutivo. La solicitud es para que expliquen por qué no desean utilizar los Consejos ya creados, con funcionamiento intensivo en momentos de la ejecución del Plan Estratégico Provincial y del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. No se entiende la necesidad de multiplicar organismos con idénticos fundamentos y objetivos.

Mientras el Gobierno encuentra preocupación por la posible paralización de su obra más importante, los gremios estatales y de educación pidieron apertura de paritarias a través de una manifestación en la legislatura. El llamado a suplencias fue uno de los reclamos fundamentales, además de los bajos salarios, y la inquietud por la situación de estudiantes que no tienen recursos para acceder a las clases impartidas a través de internet, que ven coartado su derecho a la educación. 

En tanto, la provincia informó el viernes que lanzó formalmente un proceso de reestructuración de deuda, luego de haber incumplido un plazo de pago inicial de un bono con vencimiento en el 2024. La invitación para la restructuración es para tenedores de bono 2024 por 590 millones de dólares, oferta que vencerá el 16 de junio. 

Kaha Chez, en Huarpe, agua de la gente. Hijos, e hijas del agua. Queremos la vida por sobre la deuda, nuestras montañas por sobre la megaminería contaminante, y a nuestros trabajadores y trabajadoras con el pan sobre la mesa, y la justicia del goce pleno de sus derechos adquiridos.