El sistema capitalista en su fase de globalización se mantiene a través de la circulación de todo tipo de elementos: mercancías, personas, servicios, dinero físico y virtual (transacciones financieras). El coronavirus, como el capital, circula dentro de nosotros y re-circula a partir de nuestra movilidad. Así también se desprende y cobra propia existencia. 

De algún modo, en algún sentido, la manera de sanarnos o defendernos del virus es des-globalizarnos (aislarnos): nos des-globaliza la política y el Estado. 

La era del capital globalizado permitió y difundió la liberación total de las fronteras y la libre circulación de todo tipo de bienes y servicios (pero también de ideas, modas, culturas, valores y antivalores). Bajo esta óptica, el Estado debía reducirse a la mínima expresión, dejando lugar a la “libertad de mercado”. Sin embargo, es el Estado, hoy frente a la crisis, quien cierra las fronteras, suspende las clases, otorga licencias para que niños y trabajadores puedan permanecer en casa y decreta cuarentenas. Es Aerolíneas Argentinas, la empresa del Estado, la que trae a los argentinos que están diseminados por el resto del mundo. Es la política, a través del Estado, la que nos protege. El resto de las empresas globalizadas priorizan la renta. Aerolíneas Argentinas prioriza el regreso de los argentinos. ¿Cómo sería esta misma situación con Aerolíneas bajo control de empresa privada?

La salud pública es el ejemplo más evidente: los países que mejor preparado tienen su sistema público de salud, más herramientas tienen para enfrentar la crisis. La tasa de mortalidad del virus no es tan alta (el 5% de los infectados llega a terapia intensiva y de ellos una proporción menor termina muriendo). Lo peligroso es su alta tasa de contagio, que puede provocar muchos enfermos en poco tiempo, aun sin padecer síntomas. Además, provoca afecciones respiratorias que requieren de atención urgente y equipamiento especializado. Es decir, el virus mata menos que el colapso del sistema de salud. Los contagios son tan rápidos que superan las capacidades y desbordan el sistema sanitario. Allí hay una clave, por eso el gobierno argentino profundiza las medidas de aislamiento. No porque se vaya a eliminar así el virus. No porque se vaya a evitar así el contagio ni las muertes. Sino para que la enfermedad no se multiplique de tal modo que colapse nuestro sistema de salud, previamente deteriorado y desfinanciado por el gobierno anterior. ¿Cómo sería esta misma situación sin ministerio de salud? Es difícil de creer, pero nuestro país, hasta diciembre de 2019, por decisión del gobierno de Mauricio Macri, no tuvimos dicho ministerio. Tal decisión provocó un intenso daño social, poniendo en riesgo derechos importantes de los argentinos, que ahora salen a la luz y todos reivindicamos. Queda también en evidencia la vulnerabilidad social en la que nos colocó el gobierno de la Alianza Cambiemos que, de haber sido reelecto, hubiera profundizado.   

Uno de los aspectos centrales del problema está, precisamente, en los sistemas sanitarios, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de “gastos” sociales. La privatización de los servicios públicos es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad, de por sí existente, en el acceso a los derechos básicos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 30 millones de personas sin seguro de salud y el presidente Donald Trump achicó organismos estatales relacionados con la salud. En Italia y España también hubo fuertes recortes de la salud en los últimos años. 

En el otro plano de la crisis, en el plano económico, las medidas para atenuar los problemas son necesariamente de corte heterodoxas. No son las que aconseja la economía neoliberal dominante a nivel mundial, sino las que pone a los gobiernos y los Estados frente a las dificultades. El gobierno argentino puso en marcha gran cantidad de recursos para evitar que se paralice más aun la economía. Busca sostener la producción y proteger los puestos de trabajo. Entre las decisiones se encuentra la disposición de precios máximos por 30 días para ciertos productos alimenticios, de higiene y medicamentos. Al mismo tiempo, se alentará la producción de estos artículos y de equipamiento médico. Por otro lado, se anunció un paquete de asistencia financiera por 350 mil millones de pesos, para capital de trabajo y compra de insumos. También se suma un programa de recuperación productiva (Repro), donde el Estado cubrirá una parte del salario para mantener la estabilidad laboral. A su vez, se autoriza el relanzamiento del Plan Procrear, con cien mil créditos para financiar construcción y refacción. Finalmente, el aumento de 100 mil millones de pesos al presupuesto de obra pública. Es decir, se trata de un conjunto de medidas para impulsar la economía con el Estado como principal promotor y generador de actividad. 

Mientras tanto, el discurso dominante de los últimos años, el de la economía de libre mercado, construyó un sistema de ideas anti-estatal, anti-político y anti-solidario. 

En el otro plano de la crisis mundial que provoca el coronavirus se está dando una batalla por la futura explotación comercial de la posible vacuna. Sólo un pequeño grupo de países que son potencias mundiales están en esa disputa que sí es por la renta, la ganancia y el poder económico y político: China, Alemania, Estados Unidos y Rusia. En todos los casos Estados poderosos, con industrias farmacéuticas de primera categoría, con grandes recursos profesionales y gigantescas inversiones en tecnología, ciencia, investigación y desarrollo. Es decir, empresas de estos países, ciudadanos de estos países y los propios Estados mencionados son los que se van a quedar con las multimillonarias ganancias del coronavirus al final del ciclo. ¿Será momento de pensar, tal vez, en que la producción de medicamentos y vacunas deben estar en manos del Estado en sociedad con empresas y laboratorios nacionales? 

Poco se habla de un país pequeño como Cuba, que decidió hace años invertir la mayor parte de sus recursos en salud y educación. Cuba produce el medicamento que usaron en China para tratar el coronavirus, el Interferón Alfa 2B, un antiviral que trabaja en reponer las defensas humanas. Además, envió un contingente de más de 50 médicos y enfermeros a Italia para colaborar en la lucha contra la pandemia. El pueblo y el gobierno de la isla, tan criticados y juzgados por otros países más poderosos, es el que ha brindado la primer posible solución al problema y el primero en actuar con solidaridad internacional. 

La crisis del coronavirus nos obliga a replantear la necesidad de preservar la vida en sociedad, revalorizando al Estado, la política y la solidaridad social. La crisis provocada por el coronavirus es, en primer lugar, una crisis global y de globalización. En segundo lugar, es un problema de salud pública colectiva que termina derivando en crisis política, económica y social. Por último, también provoca una crisis individual, porque afecta la vida cotidiana de las personas: es una amenaza del entorno que incrementa la ansiedad y provoca sensaciones de desamparo e impotencia. El estrés colectivo potencia el estrés individual. 

El coronavirus muestra que mercantilizar la salud (como propone cierta facción del capital, que se lleva a cabo a partir de ciertas decisiones políticas), es una decisión que puede terminar derivando en un problema muy grave para el conjunto social. 

En nuestro mundo, para ser vivible, ciertas cosas no pueden ser un negocio. Es tiempo de que los países y las personas tomen el camino de la solidaridad colectiva.