Chile ha sido presentado como ejemplo de una economía ordenada en nuestro continente; una especie de faro que, hasta un mes atrás, mostraban como ejemplo todos los gobiernos neoliberales del mundo, en especial el nuestro, presidido por Mauricio Macri. Los números de la macroeconomía parecían apoyar esta visión: 1) crecimiento del PBI del 2,8% como promedio en los últimos 45 años (el mayor de América Latina), con un 4% el año pasado, frente al -2,5% de nuestro país; con un ingreso anual promedio por habitante según el Banco Mundial de 15.923,4 dólares (11.652,6 para Argentina); 2) inflación anual promedio de los últimos 30 años del 5,8% (2,7% en 2018); 3) muy baja deuda pública externa (5,3% del PBI), aunque el endeudamiento privado en moneda extranjera es muy alto.

El único país en la región que puede hacerle sombra es Bolivia: 1) crecimiento promedio del PBI durante el gobierno de Evo Morales fue del 4,8%, con 4,2% en 2018, por encima del de Chile; según la CEPAL era el país de América del Sur con mayor tasa de crecimiento esperado para este año; 2) inflación anual del 1,5% en el 2018; 3) deuda externa baja (del 24% del PBI al 31-12-18).

Paradójicamente, en la actualidad esos dos países, los de mejores indicadores macroeconómicos de América Latina, son centro de fuerte inestabilidad: Chile desde hace un mes con continuas manifestaciones de protesta en una verdadera rebelión popular, acompañada de fuerte represión estatal; Bolivia con un golpe de estado ampliamente resistido por gran parte de sus habitantes. 

Pero ambos casos son muy distintos y los números macroeconómicos similares esconden dos realidades totalmente opuestas. Chile viene de la cruel dictadura de Pinochet que dejó un “corsé” jurídico-político neoliberal que los gobiernos democráticos no pudieron o no supieron eliminar. Gracia a él hay una economía totalmente abierta a productos y capitales del exterior, con un arancel promedio del 0,81% para las importaciones; un sistema productivo concentrado y extranjerizado (el 3,2% de las empresas concentran el 81,6% de las ventas y emplean el 53,6% de los trabajadores; el 75% de esas empresas es de capital extranjero), primarizada (minería, pesca, en especial el salmón, fruta, vinos) y orientada a la exportación.

En Chile hay una legislación antiobrera y antisindical, con restricciones al poder de huelga y a los convenios colectivos de trabajo, cuya consecuencia es que los salarios no alcanzan para salir de la pobreza, mientras que el 1% de la población percibe más del 35% del ingreso nacional. La previsión social, la salud y la enseñanza están privatizadas. La primera en manos de las famosas AFJP, cuyas pensiones son irrisorias; la enseñanza pública en manos de escuelas municipales donde concurren solamente los más pobres: el 60% de los estudiantes van a establecimientos privados y pagos y la enseñanza superior está arancelada. Las tarifas de los servicios públicos son carísimas y de las más altas de América. El desempleo es del 7% y viene  con tendencia creciente.

Es decir, todo el sistema tiende y garantiza la profundidad de la desigualdad y la exclusión social. Chile es uno de los países más desiguales de América, con un índice de Gini de 50,5 (el de Bolivia es 43,5 y el de Argentina el 36,2).

Bolivia, a partir del 1 de mayo del 2006, inició un período de cambio radical; fue cuando el reciente presidente Evo Morales anunció la renacionalización de los recursos mineros e hidrocarburíferos, cosa que no eliminó la inversión por parte del capital extranjero sino que logró que el estado boliviano se hiciera cargo de las rentas generadas por esas actividades, lo que le permitió financiar una importante política social de inclusión sumado a un desarrollo económico autónomo. La extrema pobreza bajó del 38,2% en 2005 al 15,2% en 2019, una disminución de 23 puntos porcentuales, lo que ha sido señalado por distintos organismos internacionales como un logro sin precedentes históricos. Simultáneamente hubo un importante avance en la educación y salud públicas. 

A pesar de que todavía la desigualdad es alta, también los avances en esta materia son notables: la brecha del ingreso entre los más ricos y los más pobres pasó de ser 130 a 1 para ser 45 a 1.

Un hecho social importantísimo es que, por sus ingresos, la clase media pasó de representar el 35% de la población a ser el 60%. “Le Monde Diplomatique” ha señalado que este fenómeno llevó a que muchos “collas” pasaran a ser de clase media y con la imitación de usos y costumbres de la clase media tradicional, también han adoptado valores semejantes e, inclusive, muchos, sin recordar las causas de su ascenso social, votaran contra el MAS, el partido de Evo Morales.

Tal como son  diferentes las políticas aplicadas son también sus líderes. Morales es un “indio” (como dijera despectivamente la autoproclamada presidente Áñez), pobre, trabajador agrícola y autoformado intelectualmente, que hizo su carrera como luchador y dirigente social. Por el contrario, Piñera es un político conservador además de uno de los empresarios más ricos de Chile y del mundo (en el listado de la revista “Forbes” figura con el N° 804 entre las personas más ricas, con un patrimonio estimado de 2.800 millones de dólares). También son distintas sus representatividades: mientras que Morales venía ganando todas las elecciones a las que se presentó con más del 50% de los votos, hasta la elección de este año que ganó con “sólo” el 46% y 10 puntos de diferencia con el segundo, en Chile, donde lo partidos políticos están desprestigiados y el voto es voluntario, Piñera ganó su segunda presidencia con el voto del 27% del padrón.

Por último, también son diferentes las inestabilidades que se viven en ambos países. En Chile el sector financiero y el capital más concentrado, en su mayoría extranjero, se apropia del excedente económico y deja para las grandes mayorías ingresos de pobreza y bajo nivel de bienestar social, en una sociedad sin inclusión ni movilidad, con clases sociales muy marcadas y cerradas. Particularmente los jóvenes, los que no conocieron el terror durante la dictadura, no tienen esperanzas ni futuro y no tienen nada que perder; son los que encabezan la rebelión.  Es el modelo neoliberal que muestra su peor crisis.

En cambio, en Bolivia, se vive el típico golpe de estado del sigo XX, con un alzamiento cívico-militar con fuerte apoyo externo. Lo trágicamente novedoso es el componente racial del levantamiento: la oligarquía y sus aliados “salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder”, dijo con precisión Álvaro García Linera. No es de extrañar, entonces, el levantamiento de gran parte de la población en defensa de sus conquistas y derechos, incluyendo el vivir en democracia.

Del resultado de la lucha popular frente a la represión desatada en ambos países y de la salida que se encuentren a sus crisis, depende parte del fututo a corto plazo de nuestra América. 

NOTA: Las cifras estadísticas corresponden a los informes del Banco Mundial. Se ha tomado datos, además, del trabajo de Sergio Carpenter “¿Qué cruje en Chile?” (IADE, 13-11-19).