Alrededor de las 18.30 de este martes, se anunció la liberación de Graciela Pascual, ex directora y representante legal de Instituto Antonio Próvolo, acusada como partícipe primaria de los abusos sexuales allí cometidos. Lo informó a la prensa Diego Lusverti, juez del Tribunal Penal Colegiado número 1, integrado además por los jueces Ariel Spektor y Eduardo Martearena, quienes atienden la causa.

El juez Lusverti explicó que: “La decisión se toma en función de una acción de habeas corpus que se interpuso por parte de la defensa de Graciela Pascual. Esa acción obedece a que este tribunal, en instancia de apelación le había ofrecido al fiscal un plazo de 18 días para cumplir un último acto útil de la causa que era remitir el expediente al tribunal de juicio”.

En su categórica explicación, el juez agrega: “Por una serie de situaciones que se presentaron en el tribunal, el plazo se agotó y ante esa situación el fiscal pidió una prórroga a la jueza de primera instancia, en la inteligencia de que ella estaba facultada a esa prórroga, y eso desde nuestro punto de vista es incorrecto porque la jueza había perdido la competencia cuando le dimos ese último plazo para cumplir ese último acto útil”. 

Y añade respecto al recurso utilizado por la defensa de Pascual: “En esa lógica, vencido el plazo, el defensor plantea esa acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus, obviamente ante la arbitrariedad de la decisión en primera instancia, fue resuelta favorablemente y la consecuencia necesaria es que la imputada recupera la libertad”.

Pasando en limpio: el tribunal les dio 18 días para presentar habeas corpus, terminado ese plazo, sumamente breve para un caso de tales dimensiones, el fiscal y abogados querellantes recurrieron a la jueza de garantías para que les otorgara más días. Los jueces del Tribunal vieron que era incorrecto pedírselo a la jueza y no hacer ese trámite con ellos, no le dieron validez y otorgaron la libertad a Pascual.

Los abogados de Xumek, representantes de las víctimas reaccionaron ante esta decisión de la justicia y ofrecieron, en conferencia de prensa, sus cuestionamientos y críticas. Además dieron algunas precisiones, sabido el expediente, acerca de las condiciones que se le plantearon a la representante legal del Instituto Próvolo.

Lucas Lecour, abogado de las víctimas, explicó: “En la actualidad, para cualquier persona, se establece un plazo de dos años de prisión, con una prórroga de hasta seis meses para aquellos casos de suma complejidad como el presente. En el caso Próvolo, el tribunal dio un plazo exiguo que, es sabido ante cualquier imprevisto, iba a ser insuficiente para que su causa llegara a juicio”.

“Desautorizando al Ministerio Púbico Fiscal y a la jueza de primera instancia, ordenaron su inmediata libertad sin importar las graves consecuencias que esto genera en las victimas. Esta libertad quedó condicionada a una fianza de 400.000 pesos, más una prohibición de acercamiento a las víctimas y testigos como a todo tipo de comunicación a través de cualquier medio con ellos. Más la prohibición de salir del país debiendo entregar su pasaporte al tribunal”, enumera el letrado.

Lecour añadió: “Nos llama poderosamente la atención este tipo de resoluciones, esta doble vara que maneja la justicia con la consecuencia de plazos exiguos e insuficientes, que no son comunes en los pasillos de tribunales, pero que se han vuelto cotidianos en estos jueces en esta grave causa”.

También Sergio Salinas, de Xumek y a cargo de la querella, manifestó: “Las víctimas y familiares están pidiendo que se haga justicia. Y justicia también es ser escuchado, justicia implica que les están creyendo, y esa creencia es que la persona que es la jefa entre una de los responsables, esté privada de libertad”.

“Días atrás le dicen que tiene que seguir presa, que es responsable, que va a ir a juicio. Dieciocho días después, vehiculizan y la dejan en libertad. Las víctimas sienten a sus espaldas que se burlan constantemente y han vuelto a sentir lo que sentían al principio: que ni el Estado, ni la iglesia los escuchaban. Hoy nuevamente  la justicia está a la par del Estado y de la iglesia, que lo que hacen es burlarse”, señaló Salinas.

Y agregó con enfado: “Están teniendo la persona más culpable, que puede tener una pena de 50 años de prisión, en libertad. La doble vara con la que miden radica en que si sos poderoso o sos amigo de poderosos, estás en libertad. La iglesia católica, es decir en particular Alberto Bochatey como interventor, obstaculiza la investigación, no da pruebas, o genera esta presión constante que hacen a esta doble vara: hay jueces que le dan la libertad a algunos y a otros no. Vayan al penal y fíjense cuantos con esta posibilidad de pena están en libertad. Ninguno, están todos presos”.

Desde el Tribunal que ordenó la libertad de Graciela Pascual, el juez Lusverti manifestó que no hay posibilidad de volver a pedir la prisión preventiva de la imputada. “Como todo proceso tiene una serie de reglas. Las reglas del proceso están estructuradas en plazos y en actos, que se tienen que cumplir en determinadas situaciones puntuales. La investigación ya estaba concluida, el plazo de detención o de prisión preventiva estaba concluido y la eventual prórroga solamente se podía solicitar en el tribunal de juicio”.

“No había riesgo de fuga, o sea que ese no sería un inconveniente en todo caso, aún a criterio de las partes. La única situación que se había planteado y por la que se mantenía la prisión preventiva obedecía a la hipotética situación de que las víctimas se viesen condicionadas en sus declaraciones y por ese motivo se dispuso. Pero para evitar esas situaciones algunas de las condiciones obedecen también a respetar el derecho de las víctimas”, aclaró el miembro del Tribunal.

El juez Diego Lusverti señaló: “En las situaciones que tiene que ver con atribución de hechos, calificaciones legales, imputaciones, sigue todo exactamente igual. Eso es algo que se va a ventilar en el juicio, y la situación de libertad, que es la regla general, es lo único que ha variado en este caso concreto”.

Erika, mamá de una de las víctimas del caso Próvolo, manifestó su dolor ante la liberación de Pacual: “Nos sentimos desamparadas, de retorno a  dos años atrás. Tuvimos una noche difícil conteniendo a nuestros familiares. Estamos en una situación de autocuidado. Sentimos que nos arrojaron una responsabilidad enorme, que la debe tener el estado. Ni siquiera tenemos una fecha de juicio”.

Al borde del llanto, la mamá expresó: “Liberaron a una persona que es sumamente peligrosa, que puede estar cerca de nuestras familias, que tiene datos como nuestro domicilio por ejemplo. Y no se nos da ni siquiera una explicación formal. Venimos transitando un proceso muy duro, desde romper el silencio, animarnos a denunciar una institución tan grande. Creemos que no sólo nos afecta a nosotros, sino a  la sociedad toda. Esto nos llena de desesperanza y de miedos”.