Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, haciéndose eco de las denuncias planteadas por los familiares de detenidos desaparecidos de nuestro país, visitaba la Argentina. 

 La dictadura, que había buscado evitar sin éxito la llegada del organismo, tuvo que cambiar la estrategia e intentar ocultar lo que estaba sucediendo.  Realizó reformas edilicias en la ESMA para encubrir su funcionamiento como Centro Clandestino; trasladó a los detenidos a un campo de retiro cedido por el Arzobispado católico llamado ‘El Silencio’ y motorizó aquello de ‘los argentinos somos derechos y humanos’, entre tantas otras medidas. 

La idea de una supuesta ‘campaña antiargentina’, cuenta el periodista Gustavo Veiga, se reprodujo en voces como la del relator deportivo José María Muñoz, que el 7 de septiembre arengaba a su audiencia con “Vayamos todos a la avenida de Mayo y demostrémosles a los señores de la Comisión de Derechos Humanos que la Argentina no tiene nada que ocultar”

Lo que había que ocultar, en realidad, eran la más de 4.000 denuncias que para 1978 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a nivel nacional, había recepcionado.

En esa tarea, la APDH de Neuquén y río Negro, presidida por el obispo Jaime De Nevares, tuvo un rol fundamental. Allí, llegaba mucha gente que necesitaba contar por lo que estaba pasando, recordaría Noemí Labrune miembro fundadora. 

El primer paso era escuchar para que se pudiera elaborar lo sufrido, luego lograr que escribieran y firmaran y ese proceso duraba meses. “Mi primera reacción cuando seleccionaba las denuncias de APDH era ‘no, esto no es posible’”, diría años después Noemí.

La APDH reunió testimonios referidos a los detenidos a disposición del PEN y organizó institucionalmente a las familias locales para que viajaran a Buenos Aires a radicar personalmente la denuncia ante el organismo.

La Comisión entrevistó a numerosas personalidades, autoridades públicas y a miembros de organizaciones civiles. Con esta información, elaboró un Informe que al poco tiempo la Organización de Estados Americanos aprobó, en 1980. 

El Informe describía con claridad la metodología y las acciones del terrorismo de Estado. ‘El número total de denuncias recibidas asciende a 5.580, afirma el escrito, de las cuales son nuevas 4.153, que se encuentran en proceso de tramitación de acuerdo con las disposiciones reglamentarias; 1.261 comunicaciones se referían a casos registrados y oficialmente en trámite y 166 se referían a temas no relacionados con violaciones de derechos humanos."

El gobierno militar prohibió su publicación y destruyó los ejemplares que le habían enviado. Fue el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de uno de sus fundadores -Emilio Mignone- que consiguió 500 ejemplares del llamado “Informe prohibido” y de manera artesanal se logró imprimir otros 1.000. Por esa acción, el 27 de febrero de 1981, la sede del organismo fue allanada, sus miembros detenidos y luego liberados en marzo de ese año.

Cuarenta años después, la CIDH ha vuelto a la Argentina. En esta ocasión dos temas concentraron su atención. Las denuncias recibidas por las organizaciones de derechos humanos sobre intromisiones y ataques a jueces, defensores y abogados realizados por el gobierno de Mauricio Macri y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. En relación a esto último, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, hace dos días, ordenó la reapertura de la investigación y dejar sin efecto el sobreseimiento dictado.

Una vez escribimos que Santiago Maldonado expuso de manera brutal cómo la muerte nos ha configurado. Y también dijimos, que no cualquier muerte sino la que provoca el Estado, esa que anida en la memoria colectiva. 

Lo que nos faltó decir, es que también desarrollamos un antídoto propio ante esto: la enorme y consagrada presencia de nuestros organismos de Derechos Humanos. Quien insista en pensar que ello sólo se trata de una filosofía para los débiles, se equivoca. Porque sigue siendo nuestra mejor e irrenunciable bandera de Verdad y Justicia.