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El 10 de diciembre de 2015 en nuestro país había problemas económicos. Cosa lógica, ya que ningún país -ni el más poderoso de la historia- carece de ellos. El más acuciante era la restricción externa, en la que las divisas se convierten en el factor clave y escaso; en este caso el problema de la política económica es conseguir que, a pesar de ello, la economía global continúe su crecimiento y simultáneamente, tratar que la suba del valor de la divisa (asociada a su escasez) no afecte a los ingresos de la población y, por lo tanto, a la demanda global, que en el capitalismo es el motor del crecimiento.
Para enfrentar estos problemas, el gobierno anterior recurrió a: 1) Obligar a los exportadores para que en plazos lógicos liquiden sus divisas; 2) Reglamentar y controlar las importaciones de mercancías, para evitar que las divisas escasas se gasten en productos superfluos o bienes que compiten con la producción nacional; 3) Retenciones a las exportaciones, para evitar que la suba nominal de precios que implica una devaluación recaiga íntegramente en los precios locales de los bienes exportables (defensa del salario y de los ingresos fijos de la población); 4) Restricciones al ingreso de capitales especulativos; 5) Control y restricciones para usos alternativos de la divisa, como el ahorro en moneda extranjera o, directamente, la fuga de capitales al exterior. A este control la oposición de ese momento la denominó, despectivamente, como “el cepo”.
El nuevo gobierno que asumió en el 2015 inmediatamente abolió todas esas medidas, declarando la absoluta libertad comercial y financiera.
De distintos sectores se alertó al gobierno sobre las consecuencias que traería al país esta política de libertad de mercados, crítica avalada por la historia reciente (crisis de 1982, 1989, 2001). Sin embargo, el presidente Macri el 1 de marzo de 2016, antes de terminar el primer trimestre de su gobierno, se ufanó: “Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas”. Macri (y su equipo de “CEOs”) necesitó mucho tiempo para enterarse que la mayor parte de las medidas de política económica tienen sus efectos a mediano y largo plazo.
Con libertad de mercados, la lucha contra la restricción externa se redujo a contraer deuda en moneda extranjera y en seducir, con altas tasas de interés, al capital especulativo internacional. Política irracional porque para solucionar un problema a corto plazo no tuvieron en cuenta al mediano ni largo plazo: no pensaron que un día a las deudas hay que pagarlas ni que los capitales “golondrina”, así como vienen en bandada, en cualquier momento se retiran.
El 4 de enero del 2018 se colocó en los mercados internacionales la última emisión de bonos por 9.000 millones de dólares. Muy poco tiempo después J. P. Morgan, uno de los grandes “aplaudidores” de las políticas neoliberales de Macri, se retiró del mercado de las Lebac (letras del Banco Central emitidas para la especulación financiera), generando pánico, la devaluación del 2018 y “el cierre” del mercado de crédito voluntario externo. Fue el aviso de la crisis del modelo, la notificación de cuáles eran las consecuencias de las políticas económicas aplicadas desde el inicio del actual gobierno.
En lugar de rectificar políticas y volver a administrar cuidadosamente a las divisas, el factor clave de nuestra economía, se improvisó la peor salida, el caer en las manos del FMI. Gracias a eso hoy estamos con la misma crisis del 2018, pero con la diferencia que debemos casi 50.000 millones de dólares más que entonces y que la política de ajuste aplicada por instrucciones del Fondo ha profundizado la destrucción del aparato industrial, aumentado la desocupación y haciendo que todos (o, al menos, casi todos) estemos más pobres que entonces.
La fuerza de los hechos obligó al gobierno a arriar sus banderas y comenzar a tomar medidas económicas racionales, aunque lo hace sin convicciones, con cuentagotas y como con vergüenza, como pidiendo disculpas (“es por poco tiempo, sólo por la emergencia”, repiten una y otra vez, sabiendo que eso no es cierto). Así, aplicaron unas tímidas retenciones a las exportaciones con un único fin recaudatorio y que no cumplen con los requisitos de una correcta política económica (son insuficientes para evitar el efecto inflacionario y, como son generales para todos los productos exportados, sin tener en cuenta a las distintas productividades, se convierten en un castigo para las exportaciones no tradicionales o de las economías regionales), establecieron limitaciones para el uso alternativo de las divisas, como el ahorro en moneda extranjera, y la necesaria norma obligando a los exportadores a liquidar los dólares resultantes de sus ventas al exterior. Con respecto a la deuda, postergaron los vencimientos a corto pazo de este año, pasándolo al próximo y agravando el panorama financiero y económico que recibirá el próximo gobierno; finalmente, notificaron al FMI sobre la necesidad de reestructurar la deuda, reconociendo la imposibilidad de su cumplimiento.
Triste final para la tercera experiencia neoliberal en Argentina, que repite los resultados de las anteriores, y muestra un difícil panorama para nuestro futuro.