Existen  memoriosos y amantes de las estadísticas que construyen rankings con las promesas incumplidas de cada presidente. Mauricio Macri es uno de los que  mejor ranquea en el podio de los embusteros. Pero la mayoría de los argentinos no necesita  de ningún inventario para registrar las continuas “agachadas” del oficialismo. Basta con los sufrimientos y angustias cotidianas que provoca uno de los peores gobiernos de la democracia para dar cuenta de esta evidencia. Esta última semana el oficialismo volvió a sumar nuevos puntos a este catálogo de pesadillas. El Presidente que  llegó con la promesa de sacar al país del default y eliminar el cepo, en medio del pánico generado por el caos económico y financiero de la semana pasada, dio un volantazo de ciento ochenta grados y retrocedió cuatro años para reimplantar nuevamente el cepo y dejar el país al borde, ahora sí,  del default. El decreto firmado el domingo pasado, que establece medidas de control de capitales y que impone regulaciones a la compra y ventas de dólares, es una decisión que va en la dirección correcta porque apunta a proteger las escasas divisas de la que dispone el Banco Central. Pero lamentablemente llegan muy tarde y como el resultado traumático de la explosión de la burbuja financiera y de un gobierno que, antes soñaba con su reelección el 27 de octubre, ahora se conforma con una transición que al menos le permita llegar en pie al 10 de diciembre. 

Lejos quedó la promesa de campaña cuando un envalentonado Mauricio Macri afirmaba "nosotros vamos a decir la verdad, que quede grabado esto, no le voy a mentir a los argentinos ni con la inflación, ni con la pobreza, ni con nada. El cepo desaparece el 11 de diciembre".  Efectivamente, a mediados de 2016 el Banco Central eliminó el tope que existía para la compra y venta de divisas extranjeras. En esa oportunidad anunció entre despectivo y triunfal "levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas"  sin advertir que la total liberalización y desregulación del mercado financiero, dejaba expuesto el dólar a todo tipo de turbulencias internacionales y operaciones especulativas de la más variada naturaleza. Y fue lo que finalmente ocurrió.

La constante devaluación de la moneda y la caída de reservas del Banco Central, que se viene produciendo desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri  y que se aceleró tras su derrota en las PASO y luego del “reperfilamiento” de la deuda decretado unilateralmente por el gobierno el 28 de agosto, obligaron al gobierno a tomar medidas que “no nos gustan” como declaró el Presidente al anunciar el cepo cambiario.  En estado de pánico el gobierno vino recién a descubrir que era urgente frenar la fuga de capitales y terminar con la desregulación cambiaria para salvar los últimos restos del naufragio. 

Las medidas adoptadas, aunque desprolijas en su anuncio y coordinación, son de manual: Limitar a 10.000 dólares por mes las compras mensuales a personas particulares. Cualquier operación que supere este monto necesitará de la autorización del Banco Central. No se impusieron  límites para retirar dólares y pesos de las cuentas bancarias; esto incluye a los ahorristas con depósitos en entidades bancarias.  También el BCRA dejó de venderle dólares a las empresas, salvo que estas justifiquen las razones y la autoridad monetaria las autorice. Los pagos hechos para cancelar importaciones no requieren permiso. Por otro lado, los bancos y empresas quedan obligados a pedir autorización antes de enviar utilidades y dividendos al exterior. En la volteada también cayeron los exportadores, quienes quedaron forzados a liquidar sus ganancias en un plazo que oscila entre los cinco y quince días. Hasta hace una semana podían ingresar las divisas del exterior en el momento que mejor les conviniese. Luego de una semana de inaugurada estas medidas, que están vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019, se ha logrado, al menos temporariamente, estabilizar el dólar y frenar el drenaje de reservas del Central. Por supuesto que este parche no soluciona ni remotamente los graves problemas que afectan la economía como los relacionados con el trabajo y la producción.  Con un riesgo país por arriba de 2000 puntos, un dólar que supera los $58 pesos y una tasa que ronda el 85% no hay proceso productivo que pueda ponerse en macha.

Intoxicado por un liberalismo a lo Martínez de Hoz, el Presidente Macri  se obsesionó exclusivamente con reducir el déficit fiscal, un pecado imperdonable para el catecismo neoliberal según el cual se obliga el Estado a emitir dinero, generando inflación y reduciendo así el crecimiento. Achicar el Estado, sacar las retenciones, bajar los impuestos y bajar los costos salariales para las empresas,  para darle confianza a los mercados, fue la consigna de Cambiemos para que llegue la lluvia de inversiones. Un razonamiento fiscalista y regresivo, puramente ideológico y falaz, que fue adoptado como hoja de ruta por el  gobierno. Según esta teoría, nunca cumplida, hay que ajustar, sobre todo los salarios para que las empresas obtengan mayores ganancias. Esas mayores utilidades del capital serían, siempre en teoría, invertidos en la producción y así se derramarían riquezas  sobre el conjunto de la sociedad. Es por ello que el macrismo machaca con que no se puede repartir lo que no se tiene; que hay que agrandar la torta y otras falacias por el estilo para justificar el ajuste y la distribución regresiva del ingreso, sin asumir que las tajadas mayores fueron a las alforjas de grandes grupos empresarios y bancarios, mientras la pobreza y la desocupación fue lo único que recibieron los asalariados en estos últimos cuatro años. Mauricio Macri prefiere dar más ganancias a los grandes empresarios y banqueros que incrementar el salario de los trabajadores. Es también por ello que el gobierno no toma una sola decisión a favor de los asalariados, persigue a los dirigentes gremiales más combativos a la vez que se obstina en obtener una ley de flexibilización laboral y previsional. Después de cuatro años de macrismo los resultados están a la vista: El salario mínimo en dólares cayó más del 60% en menos de 4 años y la Argentina pasó del primer puesto al noveno en el ránking regional según estudios de la Universidad Nacional de Avellaneda. 

No es tampoco novedad que el Presidente Macri  sobreendeudó al país y ahora no pueda pagar. A pesar de haber recibido  una economía desendeudada, con sólidos índices de solvencia y sustentabilidad, hoy el panorama es desolador.  En sólo cuatro años de gestión macrista se tomó el doble de la deuda que contrajo el kirchnerismo en 12 años de gobierno. El total de la deuda es de 187.298 millones de dólares, el 82,3% son colocaciones en moneda extranjera y el 17,7% en pesos, según un informe del Observatorio de la Deuda Externa.  

Tan vulnerable está el Presidente Macri que hasta Mirtha Legrand, oficialista de la primera hora, lo trata de fracasado. No fue ni  el peronismo, los sindicatos, los partidos opositores o los movimientos sociales quienes socavaron el programa de gobierno. Han sido  los mismos socios del Presidente Macri, aquellos que se enriquecieron con la bicicleta financiera o beneficios fiscales o impositivos, los  primeros que están abandonando el barco. Hoy ni el FMI y Donald Trump se hacen cargo de sus responsabilidades. Por el contrario, el diario The Wall Street Journal blanquea las intenciones de los Estados Unidos: Su objetivo es que Macri debería adoptar el dólar como moneda nacional y eliminar el peso. Cínicamente culpan al peronismo del estropicio económico que deja Cambiemos y, sin importarle ya la suerte de Mauricio Macri afirman que este  “quizás no salvaría su presidencia, pero le daría el legado de ser el líder que se atrevió a defender los ahorros argentinos de un futuro gobierno merodeador". Esta soledad que envuelve la gestión del Presidente Macri que marcha hacia el fin de su mandato confirma la regla de que “la victoria tiene muchos padres. La derrota es huérfana” 

Emergencias. El miércoles pasado las organizaciones sociales acamparon en la 9 de julio para pedir que el gobierno declare la emergencia alimentaria. Esta medida incrementaría las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, más una distribución de 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia.

Según el Indec actualmente la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año. Un informe de la UCA reveló además que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios, y fundamentalmente en las escuelas. 

Tras el acampe surgieron todo tipo de dislates. El gobierno no solamente decidió ignorar el resultado de las elecciones Paso, textual de Macri: “La elección no sucedió”, sino también ignorar a la mitad de niños y niñas argentinas que hoy están pasando hambre. Teniendo a los periodistas que militan para el  gobierno al borde de la deserción, el portavoz principal de la violencia discursiva fue el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto quien ahora, decide sumarse al couching político de Cambiemos y ser uno de los más negacionistas. Responsabilizó a los "piqueteros" por el endeudamiento de las arcas del Estado, acusó a Juan Grabois y Emilio Pérsico: "Estos pibes quieren hacer la revolución cubana, son disparates. Atrasan 70 años". Y para reforzar aún más el sentido común de la derecha respecto a la pobreza: "Sectores a los cuales el estado hace un esfuerzo extraordinario para ayudarlos, es una de las causas del endeudamiento público mantener el sistema de seguridad social, el 65% del total del Presupuesto está puesto y comprendido ahí, en planes piqueteros, cooperativas de la pobreza, cartoneros". Sin filtro además sentenció: "No tiene sentido la emergencia alimentaria porque está dada la contención social" y aseguró que "tampoco falta la presencia del Estado que está siempre ayudando con todo".

En tanto, los gobernadores también pidieron que se declare la emergencia por “la angustiosa situación que vive nuestro pueblo y que se viene profundizando mes a mes, a partir de la crisis económica y social que atraviesa el país y que tiene implicancias durísimas en la Provincia".

La última vez que se aprobó la emergencia alimentaria en Argentina fue en 2001. En ese momento los programas sociales y alimentarios seguían siendo, con pocas diferencias, los mismos que se consolidaron en los ´90: el programa materno-infantil, los programas de entrega de cajas o bolsones de alimentos; además de los tradicionales programas de comedores escolares e infantiles o comunitarios y el Programa ProHuerta. Según los médicos Alejandro O'Donnell y Sergio Britos  en 2001 las políticas provenientes de los 90 fueron reformuladas en la crisis para la atención prioritaria de la emergencia, transfiriendo partidas presupuestarias a los gobiernos provinciales para ejecutar diferentes programas alimentarios y reorientando acciones de salud y desarrollo social hacia compras y transferencias de alimentos. 

A partir de mayo de 2002 comenzó la ejecución de un amplio programa de transferencia de ingresos, el Programa Jefas y Jefes de Hogar, por medio del cual se otorgaba $150 a cada hogar beneficiario. En ese momento, además de las acciones gubernamentales de emergencia, hubo una explosión de iniciativas solidarias y comunitarias movilizadas por la emergencia como los centros de trueque. En el 2001 las medidas de urgencia, aunque insuficientes, se tomaron y fueron reconocidas por el estado. Hoy no sólo se está  en la misma situación de emergencia sino que la crisis se profundizará, pero la pregunta es cómo hará el gobierno para llegar a diciembre ignorando una potencial explosión social. 

Se abre una nueva esperanza de justicia para Santiago. Una de las características de la desaparición forzada de personas es la del negacionismo por parte del estado, sumado al ocultamiento de pruebas s por parte del Poder Ejecutivo. En este caso, no sólo fue el gobierno sino también el Poder Judicial, que se encargó de hacer de la desaparición y muerte de Santiago un nuevo crimen de impunidad en la Argentina, fundamentalmente por las intervenciones del juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila.  

Sin embargo, la semana pasada la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el cierre de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, afirmando que fue una muerte traumática “con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal”. De este modo decidieron que debía ampliarse la investigación para descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva, sobre la base de que la investigación no se considera agotada. Este fallo demuestra la arbitrariedad con la que se cerró el expediente, que liberó de culpas al ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, al funcionario del ministerio a cargo del operativo Pablo Noceti (ascendido por Bullrich en abril) y a los comandantes del operativo de la gendarmería. 

Según la abogada de la familia, Verónica Heredia, “como mínimo hubo un abandono de persona y hay que investigar, en principio es muy importante porque queda claro que Santiago no se ahogó solo sin que nadie lo vea y acá no pasó nada, para nosotros abandono de persona es muy leve, si la propia Cámara reconoce que no se investigó no entendemos por qué descartan la desaparición forzada”.  

La Cámara además dispuso la ampliación de pericias respecto a la data de la muerte, la presencia de polen, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. También faltó realizar "un estudio criminalístico en el lugar del hallazgo del cuerpo".

Lo que la familia de Santiago venía pidiendo a la justicia se materializó en el fallo que determinó  que, el cierre de la investigación, fue prematuro. De esta manera se abre para la familia Maldonado una nueva esperanza de justicia que resuelva las responsabilidades del estado ante la muerte de un joven que cortó junto a la comunidad mapuche la ruta 40 en símbolo de protesta y luego fue violentamente perseguido por la gendarmería hasta morir ahogado en el Río Chubut. 

Mendoza. Obras y minería en debate.  Portezuelo del Viento  es una obra estratégica para la provincia de Mendoza la que, por distintas razones,  ha sido postergada por décadas. Se trata de una central hidroeléctrica, que se tiene proyectada construir sobre el Río Grande, ubicado en el departamento de Malargüe. Su concreción permitiría abastecer de energía a unos 130.000 nuevos usuarios por medio de los 210 MW de potencia instalada,  además de proteger la cuenca media y superior del Río Colorado de crecidas intempestivas, y aumentar la garantía de riego para agricultura y ganadería en el sur de Mendoza,  por medio del trasvase de parte del caudal del Río Grande al curso medio del Río Atuel. 

Hacia fines de julio del presente año Macri firmó el  Decreto 519/2019 que aprueba el acuerdo para la ejecución de la presa multipropósito. Esto permite  a Mendoza comenzar a recibir parte de los 1.023 millones de dólares, los que se irán cancelando con letras emitidas mensualmente desde octubre de 2019 a octubre de 2024. Hay que destacar  que será el gobierno nacional quien se hará íntegramente cargo del financiamiento de la obra, en compensación por una deuda que mantenía el gobierno nacional con Mendoza y exigible por la provincia  a partir de un fallo de la Corte Suprema. “Hacia octubre o noviembre se empezarán a recibir los fondos”, aseguró en su oportunidad el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. Mientras tanto se están confeccionando los pliegos para que las obras se liciten en setiembre y comiencen a ejecutarse en el año 2020, según información oficial. 

Pero sorpresivamente apareció  en escena el exgobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrielli quien aseguró, según medios mendocinos,  que “Portezuelo del Viento es una aberración. (…) Se puede hacer un dique más pequeño aguas arriba, más chico, con un trasvase por arriba y no enterramos ni la ruta de un  Paso Internacional ni el Pueblo de Las Loicas". Adoptando una postura más favorable al aprovechamiento hídrico que energético agregó que “han hecho las cosas mal, sin preguntar a los que saben y lo vamos a cambiar si Anabel es gobernadora, porque con la mitad de la plata hacemos el trasvase y el dique. Ya está hablado, lo hemos hablado con Alberto Fernández y si es necesario cambiaremos la licitación". 

Estas declaraciones estallaron en medio de la campaña electoral ya que el “Rolo” Gabrielli es parte de los equipos técnicos que acompañan a Anabel Fernández Sagasti. La candidata a gobernadora por el peronismo mendocino, intentando bajarle el tono a la polémica, aseguró en una entrevista publicada en portal El Sol, que "lo que nosotros proponemos, por supuesto es la construcción de Portezuelo del Viento y que eso tiene que ser la llave para que todos los mendocinos juntos empecemos a pensar en el trasvase del río Grande al río Atuel. Es un tema trascendental para la provincia de Mendoza, para Malargüe, General Alvear y todo el sur de la provincia", manifestó. "Espero que los bonos que ha prometido el Gobierno Nacional sean reales y pueda empezar a construirse la represa lo más rápido posible"  se esperanzó.  

También en Malargüe se desarrolló la audiencia pública para poner a consideración de la opinión pública la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero denominado  Hierro Indio. Se trata de la mina, cuyo titular es la empresa Hierro Indio S.A, que está ubicada en ese departamento sureño y localizada en las inmediaciones de las nacientes del río Atuel . Se tiene prevista, de aprobarse, una inversión inicial de u$s 2 millones y  se calcula que podrían extraerse 100.000 toneladas de hierro por año durante al menos veinte años.

Si bien en el año 2014 la legislatura provincial  le negó en aquel momento la aprobación por falta de informes sectoriales, entre ellos el del Instituto Argentino de Nivología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) esta vez, al menos para la etapa exploratoria, el proyecto parece avanzar hacia su aprobación.  Sin embargo esta iniciativa genera recelos entre las organizaciones ambientalistas y defensoras del agua para quienes este proyecto podría poner en riesgo áreas glaciares o periglaciares como amenazar, por su ubicación, los cursos de agua cuyas nacientes se encuentran en las inmediaciones del emprendimiento minero. Si bien el proyecto cumplió con el trámite de la Audiencia pública, con el apoyo de empresarios y funcionarios municipales y provinciales,  persisten las dudas respecto del pleno cumplimiento de la ley 7722, norma que prohíbe uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos. En las nota titulada “Las sospechas ambientales en torno a Hierro Indio” publicada en VCF se pueden conocer otros aspectos polémicos de este emprendimiento minero. Toca ahora el turno de la Legislatura de Mendoza para saber si Hierro Indio se transforma en el primer emprendimiento minero metalífero que se aprueba bajo la gestión de Alfredo Cornejo.