Una vez más la teoría de un Neuquén insular, ajeno e inmune a los avatares del resto del país, terminó estrellándose contra la realidad. Esta vez ha sido el gobierno de Macri, lejano a cualquier sensibilidad social, el que ha tenido que recurrir a congelar el precio interno de los combustibles, de los que esta provincia es una de las principales productoras, para atenuar el colapso económico que él mismo ha provocado.

Las consecuencias están a la vista. La medida afectará sensiblemente las finanzas provinciales y el gobierno local ha terminado enfrentado con una administración nacional con la que mantuvo muy buenas relaciones con mutuos beneficios, a despecho de los incontables desatinos que esta última cometió con la Argentina y los argentinos en general.

Tal vez la decisión de congelar el precio interno del barril de petróleo, razonable para apagar el incendio nacional, pero que ha terminado de un golpe con el idilio Neuquén-Macri, le servirá al fin y al cabo al MPN para dar el salto a lo que todo parece indicar será una nueva administración del país, opuesta en casi todo a la actual.

Pero, entiéndase bien, no es para celebrar que Neuquén vea recortados sus ingresos. Lo que se cuestiona es la estrategia política que parte de pensar a la provincia como un ente casi extra nacional y preocuparse exclusivamente por defender sus intereses, desentendiéndose de las consecuencias que acarrean para todo el país -al final, también a Neuquén- políticas contrarias al desarrollo nacional, la soberanía y el bienestar de los argentinos.

Por el contrario, lo deseable es un Neuquén próspero y con mayor igualdad social en el marco de una Argentina armónicamente desarrollada.

Y eso, tanto como lo opuesto -que es lo que hemos padecido todos estos años y nos ha llevado a la actual situación-, tiene mucho que ver con la explotación del petróleo y el gas, que esta provincia produce desde hace 100 años y cuyas posibilidades de expansión se han multiplicado exponencialmente con Vaca Muerta.

La nacionalización de YPF por parte del gobierno de Cristina Kirchner tuvo mucho que ver con la necesidad de impulsar la explotación de esa enorme formación geológica, que ocupa un tercio de la superficie provincia y cuyas reservas, estimadas en un siglo o más podrían servir, con políticas adecuadas, como una inmejorable palanca para el desarrollo nacional.

Es en ese contexto que muchos ven con fuerte recelo la política impulsada durante la gestión macrista, de exportar libremente gas y petróleo desentendiéndose de la expansión del mercado interno; del hecho que millones de argentinos carecen de gas domiciliario y sin estrategia ninguna para alcanzar el desarrollo, estatus que requiere, entre otras prioridades, precisamente de energía barata y abundante para la industria.

Ese es el horizonte deseable para una Argentina que cuenta con enormes recursos naturales y humanos, y que puede por tanto aspirar a un futuro mejor para los suyos. Y no el modelo de exportación de granos (para alimentar el ganado chino) y energía, sin industria y con millones de desheredados viviendo en la calle y comiendo salteado.

Uno de los principales impulsores de Vaca Muerta, el ex gobernador Jorge Sapag, abrió el paraguas en una nota aparecida días atrás en el diario La Nación. Consciente del muy probable desembarco de un gobierno de signo opuesto al actual, Sapag ha planteado que el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales neuquinos podría resolver el histórico problema de la restricción externa. Es decir de la falta de divisas que sufre cíclicamente el país y que ha conducido al endeudamiento y el fracaso de no pocos gobiernos.

Sapag habla de que las exportaciones de Vaca Muerta podrían proporcionar los dólares que la Argentina necesita para mantener a pleno la capacidad instalada de la industria y con pleno empleo.

En ese tren de cosas, reclama una política de Estado sobre la materia y una ley que garantice la “seguridad jurídica” de las empresas inversoras y el resto de las partes involucradas, Nación y Provincia.

Sin perjuicio de que Vaca Muerta significa un salto cualitativo en materia de reservas de gas y petróleo para el país y no se puede descartar que además de satisfacer la demanda nacional pueda producir excedentes que generen divisas para el país, no existe y no existió durante estos tres años una política enderezada a cubrir un mercado interno en expansión. Por el contrario, el uso de la energía se achicó al compás que cerraban un buen número de industrias y mucha gente dejaba de consumir.

La dolarización del precio de la energía en el mercado interno, además de proporcionarle enormes ganancias a las empresas de electricidad y gas amigas o socias del gobierno, ha producido una verdadera catástrofe social. Como dijo un observador con sentido común después de la derrota aplastante del gobierno en las PASO, a Macri lo está volteando la boleta del gas.

No es posible concebir un país integrado y armónicamente desarrollado con gente que no puede utilizar la electricidad para alumbrar o el gas para cocinar y calentarse; con industrias y comercios que bajan las persianas porque ya no pueden pagar la energía.

Como se ve ahora, al final del camino de una política como esta también se perjudican aquellos que creían beneficiarse, como Neuquén.

En todo caso, existen otras formas de compensación por la extracción de la riqueza neuquina, en lugar de una política desaprensiva y antisocial que, al final, termina llevándose el país entero con Neuquén y todo al abismo.

El otro aspecto que no se puede ignorar en este asunto es el papel de YPF. Durante estos tres años y medio ha sido tratada como una empresa más del sector, cuando en realidad debiera cumplir el rol de empresa testigo y locomotora del desarrollo energético nacional.

‘Last but not least’, el crecimiento exponencial que se augura para la explotación del gas y el petróleo de Vaca Muerta entraña una amenaza ambiental enorme. Como ha dejado bien planteado la ex vicegobernadora e investigadora del Conicet Ana Pechen en este mismo portal, “es conveniente que la comunidad académica tenga un rol y forme parte de la mesa de Vaca Muerta”.

Pechen ha ido más allá todavía al poner como ejemplo al Estado de California, en Estados Unidos, que previo a permitir la introducción de la fractura hidráulica en su territorio requirió un informe esclarecedor al Consejo de Ciencia y Tecnología de su jurisdicción.

Dicho en otros términos, ni el Estado (Nacional o provincial) ni mucho menos las empresas, que son todos parte interesada, pueden ocuparse de monitorear el cuidado ambiental de la explotación no convencional. Por el contrario, debe ser un tercero, independiente, y científicamente calificado el que lo haga.