El presidente Javier Milei reivindica la gestión del ex presidente Menem y su ministro de economía Cavallo. El ex presidente Macri comparte esa visión, y cuando soñaba con su “segundo tiempo” expresó la  idea de “hacer lo mismo, pero mucho más rápido”. Ahora Milei conjuga en sus dos principales megapropuestas: el contenido de los años 90 del siglo XX (reforma del Estado, desregulaciones, privatizaciones, flexibilización laboral) y la velocidad  del siglo XXI necesaria para imponerse sin resistencias.

La primera es el DNU 70, del 20 de diciembre de 2023, cuyos 366 artículos reunidos en  16 títulos muestran esa voluntad decisionista  del Ejecutivo, que saltea la intervención del Congreso (anticipada simbólicamente en el discurso de asunción del 10 de diciembre pasado): Bases para la reconstrucción de la economía argentina; Desregulación económica; Reforma del Estado; Trabajo; Comercio Exterior; Bioeconomía; Minería; Energía; Aerocomercial; Justicia; Salud; Comunicación; Deportes; Ley de Sociedades; Turismo; Registro Automotor.

La segunda es el  voluminoso proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado al Congreso el 27 de diciembre. Consta de 664 artículos y 6 anexos, con los cuales pretende derogar, modificar o innovar sobre numerosas leyes y normativas que abordan materias tan diversas como emergencia pública; reorganización administrativa; privatizaciones y desregulaciones; procedimientos administrativos; crédito público; obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social; regularización de activos (blanqueo); legislación laboral; bioeconomía; hidrocarburos y biocombustibles; energía y entes reguladores; Código Penal; Código Civil y Comercial; Defensa Nacional; Justicia; Sistema Electoral; leyes ambientales; niñez, familia y violencia de género; Educación, Cultura y Salud;  Empleo Público; Tránsito y transporte; grandes inversiones; obra pública.

Una cuestión central a denunciar  es la pretensión totalitaria del Poder Ejecutivo de imponer por medio de un DNU  y de una Ley ómnibus un cambio total de régimen, un reseteo económico, financiero,  político, social, judicial, administrativo, laboral. No es necesario ser jurista o constitucionalista para advertir la necesidad de un debate profundo, democrático y por separado de cada una de las materias. Centenares de leyes, incluidas en ambos instrumentos no pueden aprobarse o descartarse al todo o nada. Importan las formas porque la imposición atropellada de estos cambios oculta en general un contenido perjudicial para las condiciones de trabajo y de vida de una gran mayoría de habitantes.

Milei abusa  de la legitimidad de origen, otorgada por  millones de votos, para hacer cambios diferentes a los que esperaban una mayoría de argentinos. En lugar de atacar las causas de la pobreza y la desigualdad, ambos instrumentos las agravan y refuerzan los privilegios de la verdadera casta, la rosca dominante político-empresarial-judicial-mediática.

Federico Sturzenegger (ex presidente del BCRA durante la presidencia Macri) ha reconocido su autoría del DNU (“A lo largo de mi trabajo de año y medio en el proyecto de revisión de leyes que realicé para Patricia Bullrich”, Perfil 30/12/23).  Ha trascendido la intervención de varios estudios jurídicos de los principales grupos monopolistas de la Argentina  en la redacción de diversos aspectos de la Ley Ómnibus. Es decir que ambas herramientas han sido diseñadas desde hace tiempo por representantes de los sectores políticos más reaccionarios y antipopulares,  y de los grupos económicos concentrados que controlan la producción agraria e industrial, la construcción, las finanzas , el comercio interno y externo, el transporte y las comunicaciones.

Por lo expresado creo que  no es correcto calificar de “loco” al presidente,  ni de ”improvisado” a su gobierno. Independiente de las característica individuales de Milei y del sorpresivo resultado de la Libertad Avanza, hoy se han unificado en el gobierno sectores poderosos decididos a consumar  lo que llaman “Revolución Libertaria”, pero que bien podría denominarse una Restauración Conservadora, que retoma elementos claves de la Dictadura (1976/1983), de la década neoliberal de Menem y Dela Rúa (1989/2001) y de Cambiemos (2015/2019).

Un diagnóstico falseado

El DNU pretende en su primer artículo decretar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. El proyecto de ley en su artículo 3° también declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años” (negritas nuestras).

Es decir que, tal cual expresó Patricia Bullrich, el Poder Ejecutivo solicita un cheque en blanco,  manos libres mediante una “delegación legislativa” que excede claramente las condiciones excepcionales y los plazos limitados que establece el art. 76 de la Constitución Nacional. En simultáneo propone la modificación del Código Penal (art. 326 a 341) coartando y reprimiendo con multas y penas de prisión a las reuniones o manifestaciones de 3 ó más personas, llegando al extremo de exigir notificación de las manifestaciones espontaneas “con la mayor antelación posible”.

Pareciera entonces que Milei no vino a destruir el Estado, sino a reforzar y centralizar el poder estatal en el Ejecutivo, evitando las complicaciones del régimen representativo, republicano y federal. El Congreso, al contar con representantes de diferentes fuerzas políticas, de diversos sectores sociales y de distintas regiones del país, obstaculiza la rapidez con la cual se busca consolidar el poder económico concentrado y extranjerizado. El Estado se reduce a su mínima expresión cuando se trata de regular o controlar (aunque sea tímidamente) el poder del capital frente al trabajo, o de grupos monopolistas frente a las pymes, o la ingerencia extranjera sobre la soberanía nacional. Pero  no deja de intervenir al liberar precios y tarifas,  limitar el accionar sindical y de las organizaciones sociales; reprimir la protesta popular, hasta prácticamente anularla. “Viva la libertad, carajo” es un lema válido para muy pocos.

Para estos fines, en  los fundamentos del DNU y la Ley se exageran, tergiversan o directamente falsean  los datos referidos a la situación económico-social de la Argentina. Lo cual no significa que esta sea buena, sino que no adquiere la magnitud descripta, que las causas no son las señaladas, y que el remedio propuesto solo traerá mayores sacrificios a quienes ya vienen padeciendo. Menciono brevemente solo algunas de estas inexactitudes repetidas una y otra vez intencionalmente con el fin de instalarlas como verdades del sentido común.

Capitalismo de libre concurrencia.  En la actualidad no existe tal tipo de capitalismo, solo presente en las teorías de economía política ortodoxa. Desde mediados de siglo XIX la competencia llevó a la formación de oligopolios, trusts, holdings, etc.; un proceso de concentración económica y centralización del capital. En países dependientes como  Argentina se agrega la extranjerización de la economía. Esto puede comprobarse en mercados de diversa índole  (petróleo, minería, alimentos, bebidas, acero, aluminio, automotriz, etc.).

Argentina potencia mundial. Es una falsedad absoluta ya que nunca Argentina fue potencia mundial, y mucho menos “primera”. Hacia 1880, el proceso de organización nacional hegemonizado por terratenientes y grandes comerciantes empalmó con la etapa imperialista mundial, pasando nuestra patria a ser parte del conjunto de países dependientes, siendo  catalogada como la “joya más preciadas de la Corona británica”. Un funcionario de la dictadura de 1976 manifestó que nuestro destino era ser “una colonia digna y próspera”.

La peor herencia. No es buena la herencia, pero los datos desmienten que sea peor que el país recibido por Alfonsín en 1983. Menos aún al comparar con la situación luego del estallido de diciembre del 2001: recesión profunda, quiebra fiscal, default, hiper desocupación, etc.

Déficit estatal, gasto público y emisión monetaria. La relación entre estas variables se simplifica al punto de distorsionar la realidad. Si hay exceso de moneda no se comprende el argumento de “No hay plata”. Un exceso monetario puede equilibrarse con aumento de los bienes. Una reducción del déficit estatal no es lo mismo que una reducción absoluta del gasto estatal.  El gasto público puede disminuirse tocando privilegios impositivos, o suspendiendo pago de intereses de la deuda pública externa mientras se investiga. Es necesario resolver el déficit fiscal permanente, pero puede hacerse aumentando ingresos  a partir del  incremento de la economía real (producción). No se entiende que para resolver estos problemas monetarios-fiscales se propongan  como la devaluación que licúa los ingresos fijos de asalariados y jubilados, mientras se otorgan  amplias libertades a empresa oligopólicas.

Deuda Pública. El  monto total de la deuda en cabeza del estado nacional es correcto  (unos 420.000 MD), pero se oculta que el aumento bajo la administración Fernández fue principalmente en pesos. El punto central aquí es la trágica claudicación del anterior gobierno al legitimar  la estafa  del stand by otorgado por el FMI a Macri. El ajuste ahora sí lo pagará “la gente” con la licuación o extinción de deuda intraestatal (como  los títulos públicos en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES) mientras  se mantiene la subordinación a las imposiciones del FMI y del conjunto de acreedores externos.

100 años de decadencia, regulaciones arbitrarias, un siglo de colectivismo… En un siglo de historia argentina transcurrieron diversos ciclos políticos y modelos económicos. Golpes de estado y dictaduras que liberalizaban la economía y cercenaban la democracia. En los ‘90 Menem dictó un decreto de Desregulación, luego de hacer aprobar las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica. Cavallo planteó el objetivo de un superávit fiscal del 3%. Es decir que no hay novedad en las recetas del DNU y la ley Ómnibus, sino en la prepotencia y audacia de ir a fondo y más rápido en el primer mes de gestión, presionando a los legisladores y castigando la protesta popular.

No hay más alternativa que el ajuste.  Cifras desmesuradas y falaces como la amenaza de una inflación del 15.000% y una pobreza del 90%,  lanzadas en forma superficial al mezclar tiempos, dimensiones y gobiernos anteriores, se utilizan  para justificar una dudosa conclusión: Para acabar con el modelo de empobrecimiento y ser potencia dentro de 35 años vamos a ajustarlos un poco más aún. La pregunta es, si 6 de cada 10 chicos son pobres ¿por qué  castigarlos más con precios de alimentos desregulados? Las tarifas y combustibles liberados ¿alivian la pobreza o benefician a grandes empresas petroleras y de servicios?

• Decisiones drásticas para “poner en marcha el país a través de la liberación de las fuerzas productivas”. Efectivamente las fuerzas productivas nacionales se encuentran atenazadas, pero no por las regulaciones (que pueden ser modificadas, ni por las empresas estatales que pueden ser eficientizadas) sino por las relaciones de producción dominantes, capitalistas en un país dependiente y disputado por varias potencias extranjeras. Un capitalismo que además tiene ribetes parasitarios, especulativos, donde un grupo reducido de alrededor  de 200 grandes corporaciones controlan lo central de la producción. Es esa propiedad concentrada y extranjerizada de los medios de producción lo que debe romperse para desplegar la fuerza productiva de millones de trabajadores hoy subutilizados, arrojados a la informalidad y precariedad, sin poder acceder a factores como la tierra o instrumentos de producción. Cuando Los libertarios hablan de propiedad privada se refieren a unos pocos que acaparan tierras, industrias, finanzas, a costa de la desposesión de millones.
• Toda la introducción del DNU es una invocación a  la crisis fiscal, al déficit de 20 puntos, al endeudamiento, a la pobreza, para de pronto y de un plumazo plantear la eliminación de leyes  referidas al abastecimiento y control de precios (que bien instrumentadas implican la protección de consumidores frente a las posiciones dominantes de unos pocos grupos); la derogación de ley de alquileres (¿en beneficio de los inquilinos?); la anulación de la ley de tierras que limita la extranjerización de las mismas; la modificación regresiva de leyes laborales facilitando la mayor explotación, opresión y discrecionalidad de los empleadores sobre los trabajadores;  etc. En nombre de la necesidad y urgencia arremete contra leyes de Compre Nacional, Actividad farmacéutica, el Código Aduanero, las regulaciones a los emisores de tarjetas de crédito; incrementa los privilegios del  sector minero; elimina las sociedades del estado; reforma la ley de medios; modifica el Código Civil y Comercial, etc.
• Digamos finalmente  en esta introducción, que la invocación de “caso extremo de crisis fiscal” para justificar este conjunto de supresiones y modificaciones arbitrarias de centenares de  normas,  muestra su extremo en la medida de incluir como asociaciones civiles deportivas a las Sociedades Anónimas Deportivas. Una medida a pedir del fallido presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, quien ya había interesado a fondos cataríes para privatizar ese club. ¿Acaso el hambre de los niños se resolvería con el negocio del futbol?  Puro cinismo encubriendo oscuros intereses.