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En Argentina la modernización de las Fuerzas Armadas, a fines del siglo XIX y comienzos del siguiente, llevó aparejada dos reformas claves: la formación de oficiales por medio de academias o liceos militares y la instauración del servicio militar obligatorio.
Hasta entonces el reclutamiento, en especial para el ejército, se hacía a partir de los “enganchados” de viejas levas y/o a través de los condenados por los tribunales de justicia. La milicia era un dispositivo disciplinador para quienes cometían faltas o delitos de poca gravedad.
La instauración del servicio militar obligatorio, a partir de la sanción en 1901 de la ley 4031, llamada ley Riccheri, cambió la situación. La tropa estaría constituida por jóvenes civiles quienes quedarían en manos de los militares para su formación cívica y moral.
La ley del servicio militar obligatorio precedió a la ley del sufragio universal. Antes de ser ciudadanos, nuestros jóvenes, fueron soldados.
En un contexto de exclusión social y política como el de la Argentina oligárquica en las primeras décadas del siglo XX, ¿qué hacer con los hijos de los pobres y de los inmigrantes? fue un interrogante crucial. De allí que nacionalizar, alfabetizar y unificar el idioma, y disciplinar fueron objetivos a lograr a través del aparato militar del Estado.
La misión tutelar que asumía este último respecto a los jóvenes, entregándolos a la institución castrense, se correspondió con similares políticas destinadas a la niñez. Por estos años asistimos a la criminalización de la niñez y la construcción socio penal de la infancia.
En 1919 se sancionaba la Ley del Patronato del Menor por la cual establecía en sus articulados la potestad del juez para disponer de los menores de 18 años encontrados responsables o víctimas de un delito y que se considerasen en “peligro moral” o abandonados. ¿Qué entendían los legisladores de entonces por abandono? “la mendicidad y la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales, o que no habiendo cumplido 18 años de edad, vendan periódicos...”.
Ni en la escuela ni en la familia, los ‘ni-ni’ de entonces, fueron considerados niñas y niños abandonados y por lo tanto sujetos la tutela del Estado y a sus instituciones de encierro.
La recurrencia a sostener que las fuerzas de seguridad o de control están capacitadas para atender lo que el Estado desatiende, parece ser la única respuesta que los sectores conservadores pueden dar en contexto de marginalidad, exclusión y pobreza.
La iniciativa de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y del ministro de educación Alejandro Finocchiaro de crear el ‘Servicio Cívico Voluntario’ y poner en manos de la Gendarmería Nacional a jóvenes de 16 a 20 años, es ejemplo de ello.
¿Por qué una institución que se basa en jerarquías, militarizada y que resguarda su accionar en pactos secretos y de silencio, estaría en condiciones formar ciudadanos en valores democráticos y republicanos?
Sabemos que no se trata de una propuesta de ampliar la ciudadanía ni de mejorar la calidad institucional. Por el contrario, todo asiste a pensar que estamos frente a una política de disciplinamiento y encierro del emergente social que generan las actuales políticas de desfinanciamiento educativo y desempleo creciente.
En vez de apostar a programas de inclusión socio económica y apertura de oportunidades laborales para los llamados “ni ni”, la oferta es militarizarlos, alentando la verticalidad en la toma de decisiones y suplantando el pensamiento complejo por un esquema de obediencia debida.
Gendarmería Nacional vuelve a ocupar hoy un lugar importante. Así lo hizo en 1979, cuando en el estadio de River Plate el teniente general Jorge Rafael Videla, el Ministro de educación, Juan Llerena Amadeo y el Director de esa fuerza, el general Domingo Antonio Bussi,arengaron a un contingente de 5.000 estudiantes secundarios en el lanzamiento del operativo Argentinos. Marchemos a la Frontera. Un intento de encuadramiento de los sectores juveniles con los principios y objetivos del régimen de entonces.
Conclusión: los cuarteles no forman ciudadanos.