La Comisión Bicameral Especial investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del Submarino A.R.A. San Juan, dio a conocer en el día de ayer su informe final, luego de realizar 55 reuniones, 47 declaraciones testimoniales, y más de 80 medidas probatorias.

El objetivo fue dar a conocer los hechos que generaron el hundimiento del submarino que generó la muerte de todos sus tripulantes, y determinar las responsabilidades administrativas y políticas.

Los hechos según la Comisión

El Ara San Juan estaba cumpliendo con una de las misiones finales de un ejercicio militar, previstas por el comando de la Armada, con pleno conocimiento y autorización por parte del Ministerio de Defensa. La nave sufrió un incidente, aparentemente un principio de incendio en el balcón de baterías de proa número 3, que lo obligó a realizar la desconexión de la mitad de su sistema de propulsión. Un incidente que resultó grave.

“Entendemos que nunca se tuvo comprensión de la gravedad situacional”, expresaron desde la Comisión. El comandante estimó que la situación luego del principio de incendio estaba controlada e informa que no hay heridos, luego comunicó su intención de reconectar el sistema y continúa con su navegación.

Para la Comisión, lo informado por el comandante es lo que pudo haber ocurrido. Aparentemente el incendio en el balcón de baterías fue “por el ingreso de agua de mar durante la maniobra de snorkel, o por otra razón, de magnitud tal que deja a la unidad disminuida. Este incidente es comunicado a las autoridades del Comando de la Fuerza de Submarinos y sus superiores”.

El hundimiento del submarino sería consecuencia de esta primera situación. “Se habría intentado luego verificar los daños en el compartimento de baterías para identificar el origen. Esto es lo que indican los manuales de procedimiento de la Armada.

“La existencia de una explosión primaria, pequeña, que incapacitara al personal de tal forma que no tuviera reacción, puede tener justificación en una concentración de hidrógeno que tornara la atmósfera explosiva, en un lapso mínimo que impidiera su detección por los sistemas del submarino”.

Los expertos señalaron ante la Comisión que pudo haber ocurrido una explosión al retirarse la tapa de ingreso al balcón de baterías, “donde la excesiva producción de hidrógeno por el principio de incendio, al liberarse, ocasionara una explosión que dejara sin capacidad de respuesta a la tripulación”.

Otra de las posibilidades es que el principio de incendio no estuviera del todo controlado y el retiro de la tapa provocó la explosión.

“En cualquiera de ambos casos, sea la explosión o la contaminación de gas venenoso, se produce inmediatamente debajo del cuarto de comando y donde se encuentra más del 90 % de la tripulación, que venía fatigada. Del análisis desarrollado, existiría alta probabilidad que cualquiera de ellas haya ocasionado el siniestro”.

El contexto

Para la Comisión el gobierno nacional tiene responsabilidad política, a través del ministerio de Defensa por la omisión de determinadas acciones que podrían haber evitado la tragedia.

El Submarino se encontraba realizando “el mayor ejercicio naval de los últimos 30 años”, y poseía más de 30 averías o fallas técnicas previas a su última salida.

Además, el buque debía ingresar a dique seco, es decir llevarlo a instalaciones portuarias para que se le realicen las reparaciones correspondientes, cada 18 meses, y al momento del hundimiento llevaba más de 44 meses sin reparaciones.

Las fuerzas armadas vienen padeciendo un recorte presupuestario desde el mismo retorno de la democracia a la fecha: “Esta última situación no ha sido responsabilidad de una sola administración en particular, ni de un único gobierno, ni siquiera de un partido político”.

La Comisión destacó además el nivel de profesionalismo, dedicación y la especial psicología que debe demostrar un integrante de la Armada para formar parte de la fuerza de submarinos. “La idoneidad individual fue permanentemente destacada por la totalidad de los testimonios recabados, y ha obtenido reconocimiento en numerosos ejercicios internacionales.”

Con posterioridad a la reparación de media vida, el submarino navegó en 2016 veintiocho días y tuvo 488 horas de inmersión con 3.105 millas náuticas. En el año 2017 tuvo 53 días de navegación, 804 horas de inmersión y navegó 5.464 millas. “Durante esas navegaciones, fueron constatadas distintas novedades y requerimientos de obra en diferentes etapas. Varias de esas por su complejidad requerían su entrada a dique seco. Algunas de las reparaciones que debían llevarse adelante mediante la entrada a Dique Seco fueron dilatadas hasta el doble de la recomendación temporal”.

Las responsabilidades

Para la Comisión existió por parte de las autoridades navales una subestimación de la gravedad del incidente. Además, no se tuvo en cuenta un antecedente gravísimo, el incendio de baterías por ingreso de agua a través del balcón de barras, sufrido en puerto por el mismo submarino en 1995 y que llevó más de veintisiete horas extinguir por sus continuas reanudaciones.

Por otra parte afirmaron que existe responsabilidad en los momentos iniciales por subestimar la situación del Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Comandante de la Fuerza de Submarinos y del Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y que la cadena posteriormente se extiende al Subjefe Vicealmirante de Infantería de Marina Miguel Ángel Máscolo y con mayor responsabilidad aún al jefe de la fuerza, Almirante Srur por su deficiente manejo de la crisis.

En lo que respecta a las responsabilidades políticas, “las omisiones de Aguad, plasmadas en el informe, han implicado la ineficiente utilización de los recursos del estado nacional disponibles para la búsqueda tras la finalización del operativo internacional, el incumplimiento del compromiso de una rápida contratación directa de una empresa privada que derivó en un largo trámite de más de cuatro meses, y el maltrato a los familiares de las víctimas.” 

“La responsabilidad además corresponde al Ministerio porque estaba en conocimiento de los informes del estado de la flota en general y de la realización de las operaciones que realizaba el submarino”, agregaron.

“El ministro de Defensa ha demostrado una profunda desidia, desinterés y displicencia respecto de la búsqueda, tanto en la omisión de las acciones necesarias para sostener una eficiente búsqueda del submarino y de sus tripulantes, como en el despliegue de acciones que han tenido como finalidad dilatar la posibilidad de que el Estado nacional cuente con los recursos necesarios –nacionales e internacionales como públicos y privados- para la efectiva búsqueda”, señalaron.

Además a partir de que se conoció que el submarino estaba desaparecido el ministro Aguad y los funcionarios de su gabinete evidenciaron “una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública, dilaciones en la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave, destratos a los familiares de los tripulantes y a los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral y graves irregularidades en los procedimientos sumariales”.

Por otra parte, señalaron que las autoridades políticas “se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones, como también en la comunicación y relación con los familiares y la sociedad argentina”.

También, apuntaron la responsabilidad hacia el Presidente que como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento, y “sostuvo en el cargo al Ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño.

Por esta falta de respuestas del gobierno nacional el Congreso de la Nación fue el espacio de contención e información para los familiares.

También hubo irregularidades respecto a la contratación de la empresa que debía buscar al submarino desaparecido. El 16 de abril del año pasado Aguad informó que en diez días el proceso de contratación directa debía estar listo. Fue demorado varios meses, se realizó una contratación que fue impugnada en sede judicial, y luego se firmó el contrato con la empresa que encontró el submarino Ocean Infinity.

Los responsables políticos manipularon la verdad de la información a los familiares desde los inicios. Ante los indicios de la gravedad de los hechos, en lugar de agilizar sólo dilataron la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave. Los familiares estuvieron encadenados durante 55 días en la plaza de mayo ante la indiferencia y demora por las contrataciones de la empresa.

“Resulta evidente, por la forma de accionar del Poder Ejecutivo Nacional, la intención de atribuir culpas sólo a la Armada Argentina, cuando es el propio Ministerio de Defensa, como autoridad de aplicación correspondiente velar en todo momento por la seguridad y es responsable de la verificación de toda la estructura bajo su mando”, apuntaron.

Por último, resaltaron la función de la Comisión Bicameral para dar a conocer la verdad del hundimiento del Ara San Juan: “Resulta altamente probable, que sin la creación de la Comisión Bicameral y su sistemático funcionamiento, la investigación de los hechos y la continuidad de la búsqueda y localización, reclamadas por los familiares de los tripulantes no hubiera ocurrido. Ha resultado evidente que el accionar oficial intentó que la tragedia del ARA San Juan pasara rápidamente al olvido”.