El concepto de “Estado de bienestar” nació como traducción literal de la expresión inglesa welfarestate,que a su vez se originó como un juego de palabras contrapuesto a warfarestate, “estado de guerra”, que correspondía a los años inmediato-anteriores, a los de la segunda guerra mundial.

Conceptualmente es la convicción de que el Estado tiene la obligación de prestar los servicios básicos (salud, educación, trabajo, vivienda) en forma igualitaria y gratuita a la totalidad de los habitantes del país, en respuesta a los derechos sociales de que esos habitantes son acreedores. Es una extensión y ampliación del concepto liberal de que los hombres y mujeres, por el simple hecho de serlo, son titulares de derechos humanos y políticos que la sociedad debe reconocer y respetar.

Su fundamento teórico se encuentra en el llamado “Informe Beveridge”: en 1940 el ministro laborista en el gabinete de unión nacional durante la guerra, Ernest Bevin, le pidió a William Beveridge, un destacado intelectual liberal, que presidiera una comisión para redactar un modelo de reconstrucción a aplicar en la postguerra, con un fuerte sentido social. El informe (cuya redacción fue responsabilidad del presidente de dicha comisión y por ello lleva su nombre) fue presentado ante el Parlamento y publicado en 1942. Establecía prestaciones gratuitas en caso de enfermedad, desempleo, jubilación y otras; la financiación recaía en el Estado, con un sistema impositivo altamente progresivo, además de prever un aporte semanal de los trabajadores ocupados (era la modalidad de pago del salario en esa época en Inglaterra). Al terminar la guerra, el laborista Atlee, con la promesa de cumplir íntegramente con las propuestas de Beveridge, ganó con abrumadora mayoría las elecciones al conservador Winston Churchil y se aplicó a instalar en la práctica el “estado de bienestar” que, de alguna forma y mediante gobiernos de la socialdemocracia -o con participación de ella- se extendió al resto de Europa y del mundo.

Existían varios antecedentes. En primer lugar, la experiencia del canciller prusiano Otto Von Bismark, que en 1883 impuso a los trabajadores de la industria de su país un sistema de seguro social obligatorio que cubría el riesgo de enfermedad, y que al año siguiente se extendió al de accidente de trabajo y en 1889 a la vejez-invalidez; era un modelo del tipo del seguro privado, pero con la particularidad de que el trabajador estaba obligado a suscribirlo. Fue el comienzo de la previsión y asistencia social como la que conocemos con las obras sociales de tipo sindical en nuestro país, que cubren los riesgos a determinados colectivos humanos. La gran diferencia fundamental con el modelo propuesto por Beveridge es que este último es universal e igualitario; en cambio, en el otro, el originado en Prusia, da lugar a que haya obras sociales ricas y pobres y, por lo tanto, con distintas prestaciones, mientras que existe todo un sector de la población sin cobertura (por ejemplo, el de los trabajadores desocupados o no registrados como tales). Otro antecedente fue el de Suecia y otros países escandinavos que, a partir de la crisis de los años 1930, vino desarrollado un Estado que, sin afectar al capitalismo privado, interviene en la economía y en la protección social de su población. Además, durante la guerra el Estado había reglamentado e intervenido en la actividad económica -inclusive reemplazado al capital privado- y había logrado que funcionara la actividad industrial y comercial, satisfaciendo la necesidad bélica y de la población civil, con ocupación plena de trabajo y capital.

En América Latina a esta política se le dio el nombre de “populismo” y fue aplicada con éxito en diversos países. Los gobiernos de Perón son un ejemplo de ello.

Terminada la guerra existía el temor generalizado de la vuelta a la desocupación. Hay que recordar que en 1936 John Maynard Keynes había publicado su “Teoría General”, en el que sostenía que para evitar las consecuencias de la crisis y desocupación vivida en los años ’30, se requería un aumento del gasto público que incrementara el ingreso disponible por la población y, por ende, la demanda efectiva que permitiera mantener la producción nacional en el nivel de ocupación plena. Muchos vieron en el plan Beveridge una aplicación de esos principios.

Lo cierto es que con el “estado de bienestar” en los treinta años siguientes el capitalismo europeo conoció su época de oro. Empezando con el esfuerzo de reconstrucción de postguerra, se desarrolló un sistema de acumulación que permitió el crecimiento a tasas elevadas de la producción, con fuerte incremento de la productividad del trabajo y con aumento permanente de los ingresos por el trabajo (por su participación parcial de los resultados de la mayor productividad), así como de las utilidades de las empresas, con la población toda amparada socialmente por el Estado.

A pesar del apoyo mayoritario de la población, desde el comienzo el “Estado de bienestar” tuvo sus opositores o detractores: aquellos prestadores de salud que deseaban los altos ingresos que puede dar la medicina privada. manifestaban su oposición con otros argumentos (“el tiempo que hubiera dedicado a los pacientes me lo insume la papelería que me impone la burocracia”, por ejemplo). Y, fundamentalmente, la oposición de los sectores de altos recursos que con los impuestos progresivos debían sostener al sistema (alrededor del 50% de los ingresos). Utilizando los medios de comunicación masivos se inició una campaña tendiente a poner de manifiesto los errores y a ridiculizar al sistema (por ejemplo, el hecho de que a un señor calvo se le pagara íntegramente un peluquín porque el psicólogo lo recomendaba, fue convertido en un tema casi de Estado; lo mismo que la supuesta existencia del “turismo asistencial”, según el cual los extranjeros viajaban a Gran Bretaña para allí declararse enfermos repentinos y operarse gratis). Cabe incluir también películas satíricas, como la italiana “El médico de la mutual”.

La generación adulta en los años ’40 conocía las privaciones y sacrificios de la época de la crisis y de los años de la guerra y postguerra, razón por la cual recibieron y defendieron con pasión al “Estado de bienestar”. En cambio, la generación europea que se hizo adulta en los ’60 la dio como una cosa natural y asumió otros valores más elevados que la de sus padres: la espiritualidad y, fundamentalmente, la libertad, con desprecio al consumismo y a la burocratización de la sociedad (fue la época del “Mayo francés”). Sectores interesados se sumaron a ese reclamo social, tratando de identificar al Estado de bienestar con la burocratización social y a la libertad con la “libertad de empresa”. Los argentinos conocimos bien una campaña anti-Estado en los años ’90, que volvió con intensidad a partir del 2008.

Lo cierto es que la crisis del petróleo de los ’70 generó inflación con estancamiento económico, la conocida “estanflación”, y poco costó a esos sectores convencer a la población que el responsable de la situación era el “Estado de bienestar”: se lo acusó de burocrático, con exceso de impuestos que agobiaban a la población, y exceso de Estado que ahogaba a la iniciativa privada e impedía la libertad de comercio y de empresa. Fue el triunfo del neoliberalismo como ideología única y el comienzo del desmantelamiento del Estado de bienestar.

En nuestro país fue el desmantelamiento de lo que se había reconstruido del Estado bienestar durante el período 2003-2015.

Hoy, en plena crisis, distintos sectores, en Argentina y en todo el mundo, reclaman nuevamente por el Estado de bienestar. Como escribió el profesor español Manuel J. Delgado Martínez, “Ser ciudadano hoy conlleva el Derecho a disfrutar de unos mínimos -y, sobre todo, dignos- estándares de vida; estos deberían proveerse mediante las correspondientes políticas públicas, financiadas con cargo al presupuesto estatal (…). El Ser Humano es algo más que un individuo; es un ser social. El hombre necesita vivir en comunidad y compañía de sus congéneres, para así asegurar su equilibrio psicológico-físico; la verdadera justicia y equidad social son los únicos instrumentos que garantizan una convivencia ciudadana, duradera y pacífica”.