El 18 de mayo de 1810 el virrey Baltasar Cisneros, enterado de la caída de Andalucía en manos de la invasión francesa en España, pidió al pueblo de Buenos Aires que se mantuviera leal a la corona española y a su figura, como representante de la misma.

El pedido del virrey llegaba tarde.Los conflictos en la cima de la administración colonial ya no podían ocultarse y los poderes locales sabían que trataban ahora con una autoridad suprema que necesitaba más de ellos que en el pasado.

La disputa abierta en aquel cabildo abierto, lo era por un nuevo marco de acción que permitiera a las elites criollas apropiarse de la toma de decisiones.

Mayo fue en Buenos Aires la presentación pública de la emancipación. Hasta aquí la Revolución -palabra que muy pocos se animaban a pronunciar por entonces- era un drama representado en un escenario muy limitado, casi municipal. Uno, donde comerciantes, clérigos, hacendados y funcionarios tomaban su venganza por las postergaciones sufridas.

Pretendían heredar a sus adversarios metropolitanos, pero para hacerlo debían ampliar su ámbito de influencia a los sectores subalternos, algo que no todos estaban dispuestos a tolerar. Lo que no se advertía era hasta qué punto su propia acción movilizadora había comenzado a destruir las bases de ese orden que aspiraban conducir.  

El enfrentamiento entre quienes debían su riqueza y posición al poder colonial y por ello defendían su continuidad y quienes estaban decididos a terminar con él, marcaron el camino de la insurrección o la lealtad como términos irreconciliables.

Entre 1810 y 1816 insurgentes y leales debatieron por las armas -y por la palabra- la posibilidad de construir un orden político nuevo o sostener un régimen que no admitía ningún tipo de reforma.

Es esta dimensión conflictiva de nuestra experiencia histórica, la que el mito fundador del relato patrio insistentemente negó y descalificó.

Joaquín V. González al cumplirse, en 1910, el primer bicentenario de la Revolución de Mayo, escribía en el diario LaNaciónun ensayo titulado ‘El juicio del siglo’. Aquí, este miembro de la elite político-intelectual hacía suyo el relato fundacional elaborado por Bartolomé Mitre y proyectaba en su presente lo que él distinguía como un elemento enraizado en la historia política-social argentina: “el espíritu de discordia”. Consideraba que la lucha por la independencia había estado marcada por una temprana pasión de partido que se manifestó ya en 1810 y fue la responsable de los desencuentros futuros.

Si el proceso histórico pudo sobreponerse a ella, continuaba González, se debió fundamentalmente a un “núcleo de hombres selectos poseedores de la cultura, la disciplina mental y la secular herencia doméstica ligada a los más puros orígenes de la raza”.

Sin duda una conclusión auto celebratoria del papel de las elites en su condición de clases dirigentes y a la vez expresión de un “activismo de arriba” -como lo llama Oscar Terán- que permitió salvar la situación de discordia inherente a la identidad nacional

Seguramente un pronunciamiento como el de Juan José Castelli: “Ningún tirano haría progresos si no hubieren malvados que conducidos por el egoísmo y arrastrados por el torrente de pasiones antisociales no sirviesen de apoyo al trono erigido por los déspotas” o el título del periódico de Bernardo de Monteagudo “Mártir o Libre”, caerían en ejemplo de ese espíritu faccioso, jacobino o disolvente con que la historiografía argentina construyó la genealogía de su clase propietaria. Clase, que por otro lado, sólo percibió la amenaza a la integridad nacional cuando su hegemonía estuvo en cuestión.

Si el mito fundador enseñó que Mayo fue el momento en que se buscó la autonomía política para administrar los recursos por fuera del poder colonial, habrá que repensar a 209 años de aquel cabildo abierto qué hacer con la desterritorialización de las riquezas y la globalización de la toma de decisiones que hoy se impone en el contexto nacional y regional.

Entre insurgentes y leales se ha dirimido gran parte de nuestra vida histórica.