El Índice de Gini es el instrumento más utilizado para medir la desigualdad en la distribución del ingreso de una comunidad, sea una nación o una provincia. Consiste en ordenar la población en forma según su ingreso, agrupada en deciles (10 grupos conteniendo cada uno el 10% del total). En un cuadrado en el que las ordenadas (lado vertical) se representa porcentajes del ingreso acumulado de abajo hacia arriba hasta llegar al 100%y, en la base (abscisas),  el porcentaje de población acumulada. Si la distribución fuera exactamente igualitaria, el 10% de la población recibiría el 10% del ingreso, el 20% al 20% y así sucesivamente. Este caso está representado por la diagonal que divide en dos al cuadrado.

Pero el anterior es un caso utópico, lo mismo que el de absoluta desigualdad en el que nadie recibe nada y uno solo se queda con el 100% (en este caso la representación gráfica estaría dada por los lados inferior y derecho del cuadrado). En los hechos reales el 10% más pobre recibe menos del 10% del ingreso y el 20% menos del 20%... Es decir, aparece la superficie indicada con la letra “a”, que vendría a ser el área de desigualdad. 

El Índice de Gini está dado por el cociente entre la superficie “a” y “a+b”, que equivale a la mitad de la superficie del cuadrado. Si la distribución del ingreso fuera exactamente igualitaria el resultado sería cero; si fuera totalmente injusto el valor sería uno. En la realidad es un valor intermedio: cuanto más cerca de cero mejor es la distribución.

Por ejemplo, en nuestro país el índice para 2003 era de 0,534; bajó paulatina pero continuamente hasta 0,410 en el 2015. A partir de 2016 empezó a subir como consecuencia de las políticas neoliberales para llegar a 0,417 en el 2017 y a 0,434 a fin del 2018 (cifras del Indec).

Esta introducción viene por un trabajo de Lucas González y Romina del Tredici (véase “cash” del 5-5-19) en el que aplica el Índice de Gini a la distribución interna del ingreso entre las distintas jurisdicciones de cada nación latinoamericana (llámense provincias, estados o departamentos, tomando el producto bruto geográfico por habitante) y encontró un resultado sorprendente: el nuestro es el país con peor distribución geográfica de la región: el Índice de Gini le da 33 contra 30 de Brasil, 28 de Colombia y 24 de México y de Chile.

Como dicen los autores, en realidad este resultado no debería sorprender, ya que vivimos en un país donde la mortandad al nacer en Formosa es tres veces mayor que en Tierra del Fuego, la esperanza de vida del hombre en el Chaco es de 5 años menor que en Neuquén, en Santiago del Estero el producto promedio equivale a la duodécima parte que en la CABA, etc., etc.

Este resultado agravia especialmente porque el federalismo está íntimamente relacionado con la historia y el sentir del pueblo argentino, federalismo que nació de la lucha de las Provincias del interior para participar en forma comunitaria de las riquezas que generaba y acumulaba Buenos Aires y su zona de influencia.

El auténtico federalismo requiere de la cohesión de sus habitantes independientemente de su ubicación geográfica, cohesión que es tanto económica, relacionada con una distribución equitativa del ingreso, como social y cultural. Por ejemplo, la Unión Europea, que al ser un proceso de integración entre naciones independientes es necesariamente federal, desde 1979 y en forma creciente, asigna recursos para el Fondo de Desarrollo Regional, tendiente a una mayor equidad geográfica.

En nuestro país, comprendiendo esa realidad, los gobiernos desde 2003 al 2015 desarrollaron políticas de gasto público progresivas, en beneficio de las regiones más pobres y despobladas; en cambio, los distritos más poblados y ricos (ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) recibieron per cápita cinco veces menos de recursos federales que el resto de las provincias.

 Según los autores, esa política inclusiva y progresiva de los recursos federales cambió a partir del año 2016: en primer lugar con una disminución global de las partidas para obras y transferencias a las provincias (en el año 2018 fue 4,5 veces menor que en el 2015) y, en segundo lugar, con una distribución favorable a las jurisdicciones más ricas; mientras que el promedio para todo el país fue de 249 dólares por habitante en todo el año, la Capital Federal recibió 724 dólares y la Provincia de Buenos Aires 401 dólares; contrasta estos datos con los percibidos por las provincias del noreste (214 dólares) y por Tucumán, la más castigada, con sólo 107 dls.

Estos datos parecen justificar el mote de “Hood Robin” asignado al gobierno, lo contrario al legendario héroe británico Robin Hood, ya que con esta política le sacan dinero a los más pobres para dárselo a los ricos.