El jueves 16 de abril de 1987 el teniente coronel Aldo Rico con un grupo de militares se acuartelaba en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y le exigíaal presidente Raúl Alfonsín, la renuncia del jefe de Estado Mayor Héctor Ríos Ereñú y su reemplazo por un general propio,una solución política para los militares responsables de violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983 y el cese de lo que llamaban campaña de “desprestigio” contra ellos.

Ese mismo día “armamos un comité de crisis… allí se decidió desenmascarar a los alzados y convocar a la ciudadanía y a las fuerzas políticas sin exclusiones”, recordaría Leopoldo Moreau. Y así fue.

A los referentes del radicalismo que acompañaban al presidente se sumaron los del justicialismo y demás partidos; la Asamblea Legislativa se convocó en forma inmediata, la CGT se hizo presente y la ciudadanía inundó las plazas y las calles de toda la República.

Derrotados los Carapintadas, el 24 de abril los principales partidos políticos suscribían el ‘Acta de compromiso democrático’ donde se rechazaba toda sublevación militar pero también se adhería la tesis alfonsinista en distinguir varios grados de responsabilidad en la represión ilegal. Fórmula que inspiraría más tarde la sanción de la ley de Obediencia debida.

Edgardo Mocca escribió que aquel 19 de abril, puede verse, como la última postal de un modelo de democracia consensual con la dirigencia de los partidos políticos en el centro, algo que no se repetiría.

Una postal que permitió imponer la legitimidad de las urnascomo única garante del régimen político, aun pagando un alto costo en materia de verdad y justicia.

¿Cuánto de estas controversiales decisiones influyó en la trayectoria posterior de los partidos políticos? ¿Cuánto afectó al régimen democrático la interrupción del camino iniciado por el Juicio a las Juntas de 1985?

Las transiciones democráticas en América Latina fueron procesos complejos que en ocasiones resultaron de acuerdos entre las direcciones partidarias y las cúpulas militares.

El caso argentino presentó cierta singularidad. A diferencia de Brasil, Chile o Uruguay aquí la transición no se dio por una negociación pactada con el sector militar sino por colapso del propio régimen.

A su vez, la presencia de un Movimiento de Derechos Humanos activo fue cobrando una representatividad social y política mayor que el sistema de partidos y lo colocó como eje articulador de la oposición a la Dictadura. De allí que las violaciones a los derechos humanos tuvieron una centralidad que no estuvo presente en el resto de los países mencionados.

Sabemos que la transición comienza cuando el gobierno autoritario ya no tiene capacidad para conducir a la sociedad y sus dispositivos de dominación pierden eficacia. Ahora, la pregunta es cuándo termina.

La respuesta más general es que cuando no hay ningún actor político, corporación o fuerza que considere que hay otra vía diferente a la democrática para obtener el poder. Y en este sentido, la Semana Santa de 1987 y el fracaso del último intento de sublevación militar de 1990 podrían certificar su final.

Sin embargo, la transición también concluye cuando la ciudadanía confía en que cada cual jugará de acuerdo con las reglas fijadas por el Estado de derecho, que nadie está por encima de la ley y que la incertidumbre y la provisoriedad terminaron. Y aquí la respuesta es más difícil.

Por eso tal vez siga vigente lo dicho por la Multisectorial de Neuquén en aquel crítico momento: “Debemos comprender los argentinos que no está en juego en esta difícil circunstancia el triunfo o el éxito de alguna parcialidad política, o de algún sector social, sino la Argentina solidaria, participativa, democrática, justa y libre que tanto buscamos y anhelamos”. Porque a luz de nuestro presente, aun no la hemos encontrado.