El gobierno se comprometió ante el FMI a cerrar el presente año sin déficit fiscal primario. Este déficit es el resultado de comparar los ingresos totales del fisco nacional con los gastos, sin incluir los intereses de la deuda pública, deuda que en los últimos tres años ha crecido de tal forma que nos ha llevado a la crisis actual. El compromiso implica tener este año un superávit primario o, como mínimo, el publicitado “déficit cero”.

Para lograrlo el FMI exigió un plan de ajuste y austeridad pública cuyas graves consecuencias está pagando el pueblo argentino.

Hace unos días se han publicado los datos de los ingresos públicos correspondiente al mes de marzo. Crecieron, respecto a marzo del 2018, un 37,3%; pero resulta que la inflación interanual del período fue del 51,3%, por lo que la recaudación real cayó un 9,14% en el año.

La gran esperanza del gobierno estaba centrada en los ingresos que iba a generar el comercio exterior, especialmente por la reinstalación de retenciones a la exportación, que tanto habían criticado durante el gobierno anterior; en el presupuesto de este año preveían un ingreso por este concepto de unos 430 mil millones de pesos en el año y 118 mil millones en el primer trimestre; la recaudación real del trimestre fue de 78 mil millones ¡Un 35% menos!

Es decir, el ajuste impuesto no sirvió, siquiera, para eliminar el déficit fiscal primario. Claro que este resultado no puede extrañar, sino que era el esperado. No puedo menos que recordar una nota publicada en esta columna el 26-6-17, hace casi tres años, titulada “Las consecuencias del ajuste”, cuando la política de ajuste del gobierno de Macri no había alcanzado la profundidad y gravedad de la actual, impuesta por el FMI el año pasado. Allí escribimos:

“En Argentina tenemos varios ejemplos anteriores de ajuste, todos con resultados similares. Posiblemente el más famoso sea el realizado a partir del año 1961, cuando el Ministro de Economía Álvaro Alsogaray lanzó el famoso “hay que pasar el invierno”. El resultado fue una profunda recesión económica mientras que para las cuentas públicas las consecuencias fueron totalmente contraproducentes, según muestran los siguientes datos (en términos constantes y en números índices) [1].

Como puede verse, hubo una contención del gasto (14,2%) pero aun mayor de los ingresos (40,6%) y, por lo tanto, del déficit fiscal que se pretendía mejorar.

Una explicación de lo ocurrido lo he tratado de ejemplificar y esquematizar de la siguiente forma:

El ajuste, es obvio, implica disminución del gasto público, que es un importante componente del producto bruto, lo que implica disminución del ingreso disponible por la sociedad y, como consecuencia, la recesión económica: disminución del consumo y de la inversión privada (que invierte cuando está convencido que puede vender la nueva producción, cosa dudosa cuando la demanda global está disminuyendo). La contracción de la demanda lleva a la disminución de la cantidad de bienes producida por las empresas, con reducción de personal y cierre o quiebra de empresas vulnerables, que son fundamentalmente las pequeñas y medianas. La baja de la actividad implica menor recaudación impositiva por la baja de la base imponible (venta, ganancias o ingresos) y porque para muchas empresas en problemas no pagar al Estado es la forma de financiación más fácil y rápida. La disminución del ingreso público es mayor que la disminución del gasto inicial, aumenta el déficit fiscal, lo que da lugar a un nuevo ajuste en un círculo vicioso autosostenido.”

En resumen, el “déficit cero” no lo podrán lograr y tendrán que pedir un nuevo perdón (“waiver”) al FMI, por lo menos el tercero en un año y medio.

Para Ecolatina, el déficit primario de este año será del 0,5% del PBI, cálculo que, posiblemente, quede corto.