Todo estudiante de economía, de cualquier lugar del mundo, tiene, como uno de los primeros temas a aprender, el circuito simple de la economía.

En el circuito, de un lado aparecen las “familias” (que pueden ser unipersonales, las tradicionales o alguna variante de ellas) y, del otro lado, las “empresas”, término que abarca a todo ente dedicado a la producción de bienes y servicios, ya sea enormes conglomerados, como YPF o Techint, el almacén del barrio, el kiosco de la esquina o el monotributista que hace arreglos a domicilio.

En cada período las “empresas” pagan a las “familias” sueldos (en pago a los servicios laborales recibidos), intereses (por los préstamos), rentas (o alquileres por el derecho a usar bienes) y ganancias (a las ganancias retenidas se supone también en manos de las familias). La suma de esos pagos equivale al valor agregado por las “empresas” y es igual a los bienes finales producidos en el período. Por su parte, con ese dinero las “familias” compran los bienes y servicios producidos (ya sea para el consumo o la inversión). Como ambos flujos (uno de “empresas” a “familias” y el otro en sentido inverso) son iguales, el círculo se cierra y puede seguir funcionando.

Como la inversión (compra de bienes de producción) puede estar dedicada a la reposición de bienes gastados en el período o al aumento de su stock (“inversión neta”); esta última implica más capacidad de producción de bienes por parte de las “empresas”, es decir, aumento futuro de la cantidad de bienes producido y, por lo tanto, de los ingresos de las “familias”. La inversión juega un doble papel: forma parte de la demanda, junto al consumo, y, además, genera capacidad productiva adicional. La existencia de inversión neta explica al crecimiento económico.

Como, según el circuito simple, un aumento de la producción implica más sueldos y ganancias y estos se traducen en una mayor demanda, nació la llamada ley de Say: “La oferta crea su propia demanda”, que es el fundamento de la política económica ortodoxa orientada hacia la oferta: menores costos incluyendo baja en los sueldos, menores impuestos, liberación del mercado para que vengan las inversiones, etcétera.

Pero resulta que el sistema no funciona así, como pretende el circuito simple y la ortodoxia económica. No hay ninguna garantía que los receptores del ingreso lo gasten, sea en consumo o en inversión. Podemos suponer que los trabajadores sí lo hacen, porque sus ingresos están cerca del nivel de subsistencia y todo aumento de él será destino a satisfacer consumos no cubiertos. Pero los capitalistas pueden demorar sus inversiones si la ganancia prevista no les parece suficiente o si dudan de que el mercado absorba el aumento de la producción; en este caso atesoran el aumento del ingreso, atesoramiento que en nuestro país se realiza preferentemente en dólares. Es la famosa “fuga de capitales”, que ha sido facilitada e impulsada por la liberación del mercado cambiario y financiero establecido por el actual gobierno.

Un ejemplo burdo puede mostrar los efectos del atesoramiento. Piensen en un flujo circular de $ 1.000, lo que significa que durante un lapso se han producido bienes netos por $ 1.000 y que sueldos y ganancias, en sentido amplio, incluyendo intereses y rentas, suman también $ 1.000. Supongan ahora que se atesora por valor de $ 100; quiere decir que la compra de bienes de las familias en las empresas sumó $ 900, por lo que quedó un stock sin vender por $ 100. ¿Qué hacen los empresarios ante esta situación? Pues reducen la producción, o sea generan menos sueldos y menos ganancias, menor poder de compra de la población mientras que los empresarios, ante la falta de demanda, no invierten para lograr una mayor capacidad de producción sino que vuelven a atesorar, en un proceso retroalimentado que lleva a la recesión económica.

La recesión fue causada por la disminución de la demanda, disminución debida a la fuga de capitales. El caso contrario, de expansión económica, se originaría en una inyección de fondos, como la que significó en su momento la AUH, que implicó una fuerte suba en el consumo y, por ende, en la demanda. En otras palabras, la ley de Say está equivocada: en el capitalismo es la demanda y no la oferta la que actúa como motor de la economía.

Con la política de demanda aplicada desde el 2003 fue posible superar la difícil situación económica y social creada por el fracaso de la convertibilidad y alcanzar altas tasas de crecimiento económico. Inclusive fue posible superar con relativo éxito los efectos de la crisis mundial del 2008.

En cambio, desde diciembre del 2015 se aplica una política de oferta con liberación de los mercados de bienes, financiero y cambiario. El resultado fue una fuga de capitales de 59.239 millones de dólares (un promedio anual de 19.700 millones, un 150% superior al de los años 2003-2015), un “agujero” que disminuyó la demanda global y ocasionó una caída del 4,4% en el ingreso promedio de cada argentino, cierre de empresas, aumento de la pobreza y la desocupación. Una vuelta a la situación del 2001.

Otro ejemplo es Bolivia, uno de los países latinoamericanos con mejores indicadores económicos, que aplicó un fuerte intervencionismo estatal, incluyendo el desarrollo del Estado empresario, acompañado del aumento del ingreso popular y de activas y profundas y políticas sociales, que incrementaron la demanda. El PBI aumentó un 78% entre el año 2006 y 2017, con un 4,4% en el 2018, el desempleo llegó a su mínimo histórico, 4,2%, y la pobreza bajó en esos años del 59,9% al 36,4% de la población.

Y un dato curioso: mientras en Argentina, con su política pro-mercado que al comienzo pensaban sostener con fuertes ingresos de capitales externos, perdió en el año pasado 27.230 millones de dólares de capitales fugados, en Bolivia –con la política contraria- el ingreso de capitales externos aumentó un 116% respecto al 2017.

¿Queda alguna duda sobre qué política aplicar para superar la crítica situación actual?