Se denomina resultado fiscal a la comparación de los ingresos y egresos del Estado, que puede ser equilibrado o resultar un superávit (ingresos mayores a los egresos) o déficit en el caso opuesto. En el caso de superávit, da lugar a lo que se denomina “ahorro fiscal” mientras que, en el caso del déficit, este debe cubrirse con endeudamiento a terceros o emisión monetaria (desde el punto de vista contable, la emisión también consiste en un endeudamiento, en este caso es deuda tomada con el Banco Central, los famosos “adelantos al Tesoro”, que todo el mundo sabe y acepta, nunca se van a pagar).

No es necesario aclarar que lo normal, en el mundo y en nuestro país, es la existencia de déficit fiscal. Según un estudio de Victoria Grarizzo (“Clarín”, 29-4-18), en 117 años de historia argentina hubo 107 con déficit fiscal y sólo 10 con superávit, entre los que están 6 años de los gobiernos kirchneristas (2003 a 2008), mientras que entre los de mayor y más prolongado déficit se cuentan los de política neoliberal, en especial los del gobierno militar de 1976 a 1983 y los 3 años de Macri.

Esto no deja de ser curioso, ya que en declaraciones y en la creencia popular, los neoliberales son los que luchan contra el déficit, mientras que los populistas son los que dilapidan los recursos fiscales, creencia que posiblemente se origine en que, teóricamente y siguiendo las enseñanzas de Keynes, estos consideran que el déficit no es necesariamente malo en sí, sino que es una herramienta que el estado debe utilizar como política económica anti-cíclica. Pero, irónicamente, en la práctica han resultado mejores administradores que los neoliberales.

El déficit que importa, el que debe financiarse, es el total. Sin embargo, desde el FMI y otros organismos internacionales, se ha hecho habitual separar el déficit primario (que no toma en cuenta los intereses pagados) para luego, agregados éstos, obtener el déficit total, llamado también “déficit financiero”. Esta separación se origina en el deseo de saber con qué recursos cuenta el estado para pagar los intereses (superávit primario), que es el principal objetivo de estos organismos, que cumplen la función de auditores de los capitales trasnacionales.

Como el resultado de las cuentas fiscales se da en moneda local, se dificultan las comparaciones internacionales. Además, aunque se los convirtiera en moneda única (dólares, por ejemplo), tampoco serviría para comparaciones, ya que evidentemente no es lo mismo un determinado déficit de Estados Unidos, con su elevado nivel de PBI, que otro por la misma cifra de Andorra o de Nigeria. Por ello existe el acuerdo internacional de medir el resultado fiscal como porcentaje del PBI del país en cuestión.

En los tres años del gobierno actual, la evolución del déficit fiscal nacional ha sido la siguiente (en porcentaje del PBI):

                                             PRIMARIO INTERESES TOTAL

Año 2016 4,6 1,3 5,9

Año 2017 3,9 2,2 6,1

Año 2018 2,4 2,8 5,2

Año 2019 ¿ 3,6 ¿

En base a las cifras anteriores podemos sacar algunas conclusiones:

1-La fuerte escalada de los intereses, producto de una política irracional de endeudamiento, especialmente en moneda extranjera. La deuda pública bruta creció un 40% desde el 2015, llegando a 327.166 millones de dólares, de los cuales 244.669 millones están expresados en moneda extranjera (que aumentó en 84.336 millones en los tres años).

2-En el último año el déficit primario bajó el equivalente a un punto y medio del PBI, lo que fue considerado un importante éxito por los voceros gubernamentales. La disminución se logró por algún aumento de los ingresos (retenciones a la exportación, por ejemplo) y fundamentalmente por una disminución de los gastos, con gran impacto social y económico: disminución de los subsidios a los servicios públicos; reducción de los gastos reales en educación, salud y otras partidas sociales; drástica disminución de la obra pública (como la paralización de las obras en la ruta 22), etc. La política de reducción del gasto tuvo un efecto multiplicador sobre toda la economía: la reducción de la demanda global y la caída del PBI del 2,4% según el gobierno y del 2,8% según la CEPAL, lo que implica una profunda recesión económica, con cierre de empresas y desocupación, recesión asociada a una inflación del 47,6%, producto de la devaluación del peso e impulsada por la suba de tarifas a los servicios públicos, que redujeron el ingreso real de trabajadores y de la clase media (los asalariados perdieron aproximadamente un 10% de su ingreso real, los jubilados un 18,8% y las clases medias se ven acosada por la pobreza).

Para el corriente año el gobierno asumió el compromiso ante el FMI de lograr un déficit primario de cero por ciento. Viendo el costo social y económico que significó para el pueblo disminuir el año pasado el déficit fiscal en un punto y medio del PBI, no es difícil pensar en las consecuencias que traerán aparejado la pretensión gubernamental de disminuirlo un adicional de 2,4 puntos en este año.

Es difícil que lo logre, pero, lo que sí es seguro, es que continuará la profunda recesión económica acompañada de alta inflación, que nos animamos a pensar de alrededor del 40%, en base al crecimiento de los precios mayoristas que todavía no se trasladaron íntegramente al público, la alta tasa de interés y la política de tarifas anunciada.