Rodfolfo Orellana participaba junto a otros vecinos de la ocupación de un predio, cuando en medio del desalojo policial fue alcanzado por una bala que le ingresó por la espalda.

Marcos Soria, militante de la CTEP, fue golpeado por la policía cordobesa y cuando intentó escapar recibió un disparo por la espalda

Nahuel Sala al esquivar con su moto un control de la gendarmería fue baleado por la espalda

Francisco Burgos a sus 12 años murió de un tiro en la nuca cuando la policía tucumana lo confundió con un sospechoso

Rafael Nahuel fue asesinado por la prefectura en un desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. La bala de 9 milímetros le entró por la espalda.

El policía Luis Chocobar mató por la espalda a un delincuente en San Telmo, la policía Carla Céspedes hizo lo mismo con quien había robado en un supermercado chino. El primero fue felicitado por el presidente de la Nación y condenado por la justicia, la segunda fue absuelta.

Hace tiempo Rodolfo Walsh llamaba la atención sobre una estadística donde la policía bonaerense en solo tres meses había abatido en tiroteos a diez presuntos delincuentes sufriendo por su parte una sola baja. “Ese rendimiento de 10 a 1 es único en el mundo y aún en el país” decía y agregaba “ninguno de los expertos consultados puede dar una explicación satisfactoria a la eficiencia provinciana, pero se aventuran tres hipótesis: a) el uso de la metralleta en todos los procedimientos; b) la orden de fuego contra cualquier desconocido que huye y c) la simple ejecución de pistoleros capturados”. Aquella nota publicada el 9 de mayo de 1968 en el Semanario de la CGT de los Argentinos se tituló “La secta del gatillo alegre”.

Desde entonces el problema de la inseguridad no se resolvió, pero el gatillo alegre continuó.

La promesa de ser implacables contra el delito, aumentar el número de condenados y meter bala al delincuente se repite incansablemente como única solución al problema.

Carlos Ruckauf en la provincia de Buenos Aires hizo campaña en 1999 con aquello de ‘hay que entrar a las villas con los efectivos necesarios… hay que dar instrucciones y las decisiones de combate”. Así su jefe de seguridad, el comisario Ramon Orestes Verón, terminó denunciado por la corte suprema de justicia provincial   por la muerte de 60 chicos en supuestos enfrentamientos entre 1999 y 2000. Y la tasa de criminalidad no bajó.

Las leyes impulsadas por el empresario Juan Carlos Blumberg en el año 2004, que endurecieron penas y procedimientos, fueron un fracaso y lejos de contrarrestar el delito terminaron por violar garantías constitucionales y gestar un descalabro jurídico.

Hoy la ministra Bullrich vuelve con un protocolo para las fuerzas de seguridad que habilita una pena de muerte encubierta.

Por el momento, el intento de bolsonorizar la Argentina parece no lograr consenso. Varias provincias a través de sus ejecutivos o de sus legislativos -Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Santa Fe, La Pampa, Neuquén- manifestaron su rechazo

Que las y los políticos aprovechen el malestar genuino de una ciudadanía que no encuentra respuesta por parte del Estado y saquen ventaja agitando soluciones que ya fracasaron es mediocre, pero tiene su lógica. Además de propaganda barata, liberar el poder de fuego de las fuerzas de seguridad les da la tranquilidad de que en última instancia -si el Estado de derecho llegase a funcionar- los únicos responsables por las muertes serán los uniformados.

Lo que no tiene sentido es que se les siga creyendo. Como en el cuento ‘La pata de mono’ donde el deseo de aquellos padres se cobró la vida de su hijo, con la inseguridad pasa lo mismo. Las soluciones mágicas terminan en tragedias.

No se trata de mano dura, mano blanda o manos libres. Se trata de dejar de usar las manos para disparar y empezara usar la cabeza para prevenir.