María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) indicó que la resolución 956/2018, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial y que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, lo que hace es “legalizar el gatillo fácil”.

“La resolución, que el ministerio argumentó que era para garantizar la seguridad de los mandatarios que habían venido al G20, lo que hace es legitimar, legalizar el gatillo fácil”, indicó Verdú a Va Con Firma y señaló que deroga “toda la normativa existente respecto de cuáles son los principios básicos para la utilización legítima de un arma de fuego por parte del personal de las fuerzas de seguridad, y amplía esas hipótesis al infinito”.

La abogada explicó que “si se le puede disparar a la persona desarmada que está huyendo, a la que se sospecha que va a cometer un delito, a la que se sospecha que cometió un delito, a la que uno le parece que puede tener un arma, a la que hace un gesto equívoco que puede indicar la inminencia del uso de un arma, imaginemos la inmensa cantidad de situaciones que se legitiman con esta normativa”.

Para Verdú, la resolución “no es otra cosa que el resumen de las excusas que habitualmente ponen los miembros de las fuerzas de seguridad cuando los llevamos a juicio”.

La resolución 956/2018 fue firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 27 de noviembre y establece ciertos ejemplos que justifican la utilización de un arma de fuego como cuando la persona efectúe “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma” o “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves” o simplemente cuando “se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

“La ministra Bullrich puso la firma, pero no es una decisión de ella sino del conjunto del gobierno que encabeza Mauricio Macri”, sentenció Verdú, y remarcó que “acá nadie saca los pies del plato”.

De acuedo a Correpi, esta resolución deja sin efecto “los lineamientos del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de las Naciones Unidas, que fueron incorporados a nuestra legislación interna por la ley 24.059; y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU de 1990”.

Verdú explicó que “hay dos convenios internacionales, dos códigos de ética para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que están incorporados a nuestra legislación interior, que son de enseñanza obligatoria en las academias de policía y para las demás fuerzas”.

Y agregó que “allí se prohíbe explícitamente el disparo a quien escapa, el caso de fuga no habilita el uso del arma de fuego, habla de los principios de razonabilidad, de proporcionalidad mientras que esta regulación habilita a disparar ante la mera sospecha de que el otro esté armado o cuando el arma es de juguete o cuando no se trata de un arma”.

Para la abogada, la consecuencia de esta resolución es que “si ya venimos con un incremento espantoso de los fusilamientos de gatillo fácil, con esto en vigencia a partir de hoy se van a multiplicar porque ya no hay ningún tipo de freno a quien sale a la calle”.

La Correpi remarcó en un comunicado que “nunca ha sido tan evidente que la represión es política de Estado, y que la impunidad es un atributo del poder”, y convocaron al “campo popular a repudiar activamente este extraordinario nuevo avance represivo del gobierno de Cambiemos, que impone de hecho la pena de muerte a punta de reglamentaria”.

“Estamos convocando a todo el campo popular a dar la misma respuesta que dimos y que logró frenar el intento de beneficiar con el 2x1 a los genocidas a través de la movilización popular, de alguna acción contundente que muestre el repudio del pueblo argentino a esta nueva vuelta de tuerca represiva”, consideró Verdú.