Bajo el argumento de que la Terminal de Ómnibus, hoy en remodelación como la mayor parte de los espacios públicos de de la provincia, se encuentra bajo administración privada, la Municipalidad de Guaymallén de la mano de la Policía provincial refuerzan operativos para suprimir la venta de café ambulante en el predio. La medida tomó fuerza esta semana por lo que el caso comienza a hacerse visible.

“Primero nos sacaron de adentro de la Terminal hacia las galerías externas. Luego a las veredas que dan a la calle. Ahora directamente no nos dejan trabajar en ninguna parte”, relató uno de los cafeteros que prefiere resguardar su nombre por temor a represalias.

La situación invade de preocupación a los trabajadores que llevan entre 25 y 12 años desempeñándose en el lugar. A lo largo de este tiempo dicen no haber tenido problemas y que gracias a este oficio han podido sostener sus hogares. Pero por estos días la barrera prohibitiva tocó sus platos de comida. La mayoría constituye la principal fuente de ingreso en sus hogares.

“Desde que nos sacaron a la calle las ventas disminuyeron, ahora no podemos trabajar y no nos dan alternativas. Nos sabemos lo que vamos a hacer”, cuenta el mismo trabajador. Son aproximadamente diez cafeteros los que sufren la pérdida de sus trabajos.

Defienden su oficio al explicar que con la venta de café caliente brindan un servicio a los turistas y demás personas que transitan la Terminal, la mayoría trabajadores que llegan del interior de la provincia diariamente y cuentan con ese recurso como único desayuno e impulso para iniciar la jornada.

“Cuando nos sacaron a la calle lo mismo seguimos ofreciendo lo mejor, con lluvia y frío, pero nunca bajamos la calidad de la atención”, lamenta el cafetero y denuncia que en muchas ocasiones el operativo en su contra se ha realizado mediante maltratos.

Este proceso que ha sido paulatino y esta semana llegó al límite extremo, es decir a la prohibición de que desarrollen su actividad libremente, encuentra a los cafeteros sin demasiados apoyos de parte de gremios u organizaciones sociales debido al carácter de “informalidad laboral” que reviste. Más allá de que cada uno pague el derecho de venta ambulante de manera anual a la Secretaría de Comercio del municipio que dirige Marcelino Iglesias, y tenga en regla su libreta sanitaria y de reparto, tal como exige la legislación.

Las explicaciones que da el titular de Comercio e Industria de Guaymallén, Javier Massó, es que actualmente la administración de la Terminal se encuentra “tercerizada” bajo la órbita de dos empresas que coinciden en proteger los comercios que se encuentran en el interior del predio y que cuentan con su “habilitación correspondiente y su trámite de apertura formal”, tal como informó a la prensa.

“En el predio ya hay cafeterías que pagan sus impuestos y que brindan el servicio”, añade.

El argumento más curioso que da el funcionario reside en que la “venta ambulante” es una figura legal vigente, pero que como indica su denominación, debe ser “ambulante”, por lo tanto lo que se prohíbe es la “parada fija”.  

La pregunta que no responde es cómo hace un cafetero para ofrecer y servir su mercadería de manera “ambulante” cuando además porta de cierta estructura para desempeñarse, como es el carrito sin el cual no pueden realizar su tarea y sobre el que también invierten dinero.

En tanto, las autoridades aseguran que primero se ocuparán de notificarlos y que si no desertan en la actividad tomarán otras medidas. No detallan cuáles, pero se sospecha que sea el decomiso.