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Un país periférico con industrialización tardía y con sectores de distinta productividad, lo que Marcelo Diamand denominó “estructura productiva desequilibrada”, como es Argentina, en un escenario internacional normal, es incompatible con un programa neoliberal de apertura total al mercado mundial, con movimiento de capitales financieros y libertad cambiaria. Lo explican varios trabajos teóricos y lo prueban las experiencias históricas de los años ’70 y ’90, las que, luego de un aparente éxito inicial en base al endeudamiento externo, terminaron con una crisis de deuda que generó una profunda crisis económica, social y política. Y lo ratifica la actual coyuntura.
Entonces, en términos muy generales y en base a lo anterior, podríamos decir que el origen de la actual crisis esté en el 10 de diciembre del 2015, oportunidad en que se puso en marcha el nuevo plan neoliberal con la fragilidad que resulta de la fuerte dependencia del ingreso de capitales externos para posibilitar la liberación general de la economía y que, como los anteriores, tenía este final anunciado, aunque posiblemente en ese momento casi nadie opinara que ocurriría tan pronto.
Si nos circunscribimos a los acontecimientos actuales, el primer síntoma de la crisis se tuvo a principios de año, cuando se conoció la noticia de que los capitales internacionales habían comenzado a desconfiar de la solvencia del país debido a su excesivo endeudamiento en poco tiempo, por lo que por este año no había posibilidad de colocar más deuda pública en el mercado de Nueva York. Con ese dato en abril comenzó la corrida cambiaria con un dólar que pasó de $ 20,55 a $ 23, a pesar que el Banco Central vendió 3.397 millones de dólares y subió la tasa de interés en pesos al 33,25% para evitarla, tasa que siguió aumentando hasta el 40% y finalmente llegó al 60%. La causa fue la pérdida de confianza y no el impuesto a la renta financiera, como se pretendió hacer creer, ya que la suba de la tasa de interés compensaba sobradamente al impuesto y mejoraba la rentabilidad de las colocaciones especulativas.
A partir de entonces la corrida cambiaria fue continua, con pérdida de reservas y subas de la tasa de interés de referencia en un inútil esfuerzo para frenarla. El 8 de mayo, en forma sorpresiva e inesperada, el presidente Macri informó que recurría al FMI para lograr un auxilio financiero, con lo que se intensificó la desconfianza y la cotización del dólar aumentó el ritmo de su crecimiento. En mayo cerró a $ 25 y en junio a $ 28,85, a pesar que el día 7 se conoció el acuerdo con el Fondo que alcanzaba a los 50.000 millones de dólares en tres años, sujeto al cumplimiento de duros objetivos de ajuste del gasto púbico para reducir el déficit primario, reformas estructurales y metas de inflación.
En julio los mercados hicieron una pausa para reiniciar la corrida en agosto, cuando el dólar pasó de los $ 28 a $ 32. El día 29, dos meses y días del primer acuerdo, el Presidente envió un nuevo mensaje a la ciudadanía informando que solicitaba al FMI una ampliación del mismo en un tácito reconocimiento del fracaso de anterior acuerdo. Esto tampoco logró generar confianza y luego del anuncio se produjo un nuevo aumento de la cotización de dólar, que pasó de $ 32 a 34,40; a fin de mes, luego de superar los $40, cerró el mes a $ 38 debido a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario (el total acumulado de las reservas vendidas superan los 8.000 millones de dólares) y a la continua suba de la tasa de interés en pesos.
En setiembre prosigue la devaluación del peso. La suba del dólar se traslada a los precios, en una inflación imparable que este año va a superar el 40%, con lo que se acentúa la caída del salario real y demás ingresos populares, disminuye la demanda global y aumentan las quiebras y la desocupación.
Mientras tanto las propuestas del gobierno nacional para superar la crisis y las exigencias del FMI coinciden: ¡Más ajuste! En agosto el gobierno anunció unilateralmente que se suspendía la participación de provincias y municipalidades del 30% de las retenciones a la exportación de soja (el llamado Fondo Federal Solidario), con lo que se elimina la financiación de distintas obras públicas planteadas en el interior del país, y en estos días, acompañando al nuevo pedido al FMI, se anunció que el déficit fiscal primario para el año 2019, que en la anterior presentación se había fijado en el 1,3% del PBI, se reducirá a “cero” (¿Recuerdan el “déficit cero de Cavallo?), lo que implica una reducción del presupuesto de obras públicas del 0,7% del PBI, de los subsidios de 0,5% y de los gastos del estado y las remuneraciones del 0,2%. Se completa, por el lado de los ingresos, con un nuevo impuesto a todas las exportaciones y un aumento en las tasas con que se grava las rentas provenientes del capital.
¿El resultado esperado? Profundización de la recesión y, con ello, caída de las importaciones de mercaderías y servicios como ocurrió luego de la devaluación del año 2002, que cayeron desde un máximo de 32 mil millones en 1998 a sólo 8.900 de ese año. Claro que también el producto cayó un 11% y el desempleo superó al 20%. De la misma forma ahora se va a lograr un superávit comercial que permita pagar parte de los intereses por la deuda externa.
Pero no se toma ninguna medida para terminar con la “fuga” de capitales, ya sea a paraísos fiscales o como ahorro en moneda extranjera, que durante el actual gobierno alcanzó los 52.126 millones de dólares, importe mayor que el préstamo solicitado al FMI. Con la pérdida de rentabilidad de las inversiones productivas y el aumento de la desconfianza hacia la moneda nacional, esa fuga tiende a incrementase en el tiempo.
Si no se modifica de raíz la actual política económica es muy difícil ser optimista en el corto plazo.