En la lógica del FMI, si un país presenta déficit externo (balanza de pagos negativa) es porque existe déficit del sector público (los ingresos son menores que los gastos del estado) y/o déficit originado en el sector privado. Normalmente se dan los dos en forma simultánea.

Por eso, según esa lógica, para un país endeudado (como el nuestro en los dos últimos dos años) que entra en crisis porque no encuentra financiación externa, la solución pasa por un ajuste de los gastos del Estado que eliminen el déficit público. Quedaría entonces solo el déficit privado, que significaría que la población de ese país está gastando más de lo que produce. Entonces hay que aumentar la producción interna de bienes y, por otro lado, dejar que el mercado se encargue de determinar el valor de cambio de equilibrio, es decir la cotización del dólar que haga bajar el gasto privado al nivel que corresponde a sus ingresos.

Por esa razón siempre la recomendación del FMI consiste en 1) reducción del gasto público disminuyendo personal y bajando sueldos y jubilaciones; 2) libre flotación del tipo de cambio; 3) flexibilidad laboral y menores impuestos para facilitar que las empresas privadas aumenten la producción de bienes.

Ese programa fue el impuesto a nuestro país este año, como contrapartida de un crédito de hasta 50.000 millones de dólares, de los que se recibieron los primeros 15.000. Y es lo que reiteran en el informe conocido estos días, cuando la comisión verificó que el gobierno tiene dificultades para cumplir con las pautas establecidas, informe que titularon “Evaluar el impacto de las reformas estructurales a través de una política desde el lado de la oferta: el caso de Argentina”.

En el razonamiento expuesto al comienzo hay una omisión que lo invalida. No toma en cuenta los movimientos financieros, incluyendo el pago de intereses, con el exterior.

Para el sector público toma en cuenta el “déficit primario” sin los intereses. Lo que el FMI exige es el déficit primario “cero”. Con los intereses no se mete porque son “sagrados”, hay que pagarlos sí o sí porque pertenecen a los acreedores externos, de los que el Fondo es representante. Sin embargo los intereses conforman actualmente la segunda partida del presupuesto nacional, mayor que los sueldos a todos los empleados públicos, mucho mayor que las partidas dedicadas a educación, salud o subsidios para los servicios públicos. Representa el 15,3% del presupuesto, 119% más que lo que representaba en 2015.

Tampoco toma en cuenta, en el sector privado, a la fuga de capitales (a los paraísos fiscales y también el ahorro local en dólares). Las exportaciones tienen que cubrir no solo las importaciones de bienes y servicios (como el turismo) sino también el pago de los intereses por la abultada deuda externa y proveer los dólares para la fuga de los capitales. ¿Cómo no va a haber déficit externo?

La política del ajuste con que se obliga a la Argentina, que reduce la transferencias a las provincias (como pasó con el “fondo sojero”) para hacerles pagar parte de la crisis, quita los subsidios a los servicios públicos, subsidios que existen en todo el mundo y que son una herramienta para mejorar la distribución del ingreso, recorta la obra pública y reduce el empleo público y el aporte al sistema previsional, no soluciona el problema sino que genera recesión y desocupación. En el sector privado, el ajuste se presenta como una reducción de los ingresos reales de la población como consecuencia de la inflación, con la baja de la demanda global, el cierre y quiebra de empresas y aumento de la desocupación laboral.

En lo que va del año 2018 se perdieron 32.800 puestos de trabajo (12.500 en el sector público y 20.300 en el privado). Mientras tanto, no se regulan las importaciones ni la libre disponibilidad de dinero extranjero.

La crisis actual no se produce porque los argentinos gastamos más de lo que producimos. No es causada porque nos hicieron creer que un empleado puede tener auto, cambiar de televisor y hacer un viaje al exterior, como dijo un economista cercano al gobierno, sino porque hubo un endeudamiento externo irresponsable, con intereses impagables, y nuestros ricos se llevan la plata al exterior en lugar de invertirla en el país.

La culpa no la tiene ni los trabajadores que pretenden vivir un poco mejor ni la educación ni la salud pública, que están pagando los costos del ajuste. Los responsables son los que llevaron la deuda pública externa a nieles que la vuelven impagable y los que se llevaron la plata generada con trabajo argentino a Panamá o a las Islas Bahamas.