Dentro  de las similitudes que se intentan establecer entre las políticas neoliberales de Argentina, y lo que fue la España del Partido Popular, faltaba lo que, a nuestro juicio, es casi una seña de identidad de la ideología que nos ocupa, y en definitiva de la política actual: hablamos de la corrupción.

Si bien es cierto que la misma afecta a gran parte de los países occidentales, la diferencia estriba en como se protegen las naciones de este problema generalizado. Que mecanismos de vigilancia, control y castigo se establecen, y que postura de rechazo  toma la ciudadanía,  ante el fenómeno en cuestión.

Tanto Argentina como España, se caracterizan por una actitud excesivamente laxa y complaciente ante los casos de corrupción, o al menos de resignación y naturalización de los delitos de esta índole. Las respuestas del ciudadano de a pie, suele resumirse en frases como: “todos los políticos roban” o “los otros hacen lo mismo”, que de algún modo restan importancia a algo tan execrable como es el hecho de que algunos metan la mano en la caja común del país.

Este columnista confiesa que cuando supo que alguien que acumulaba un sin fin de causas judiciales y denuncias, como ocurre con Mauricio Macri, hacía bandera de la lucha contra la corrupción en su campaña electoral de 2015, la sorpresa fue mayúscula, y eso que vivía en un país donde los casos de corrupción se multiplicaban como hongos.

La trama de corrupción a gran escala, que destapo el caso Gurtel en España, afectaba cada vez a más políticos y cargos de responsabilidad del partido en el poder. Una red de empresas que se hacía con contratos de administraciones municipales, autonómicas y estatales, todas ellas gobernadas por el partido del Gobierno, a cambio de sobornos que iban a parar a los responsables de las licitaciones, e incluso para la financiación de actos de campaña, del gobierno de derechas español.

El caso Gurtel salpicó, a presidentes de Comunidades Autónomas, que resumiendo y a grandes rasgos, son  algo así como los gobernadores de las provincias argentinas. Igualmente a los alcaldes (intendentes), de las principales ciudades españolas, entre ellas Madrid y Valencia, donde la trama actuó con mayor frecuencia y descaro.

El caso se destapó en 2007, y el  juicio se inició en 20016, y durante todos estos años, el Gobierno, recientemente destituido por la moción de censura de la oposición, jugó a una suerte de artimañas legales para retrasar y entorpecer el procedimiento. Finalmente, tres empresarios, y un alto número de miembros del Partido Popular fueron juzgados y condenados, entre ellos el tesorero del partido, que admitió la existencia de una caja B, de pagos ilegales, quedando encausados varios dirigentes, incluido Mariano Rajoy. La condena del Partido Popular español, como partícipe a título lucrativo (extraña figura jurídica, que suaviza el término trama de corrupción) fue la tumba política del presidente del gobierno español.

   En Argentina recientemente, la misma dirigencia que hasta hace poco repetía como un mantra el “se robaron todo”, y que acusaba de corrupto al gobierno kirchnerista, se ha visto envuelto en un presunto fraude, en la justificación de los gastos de dos campañas electorales. Esta denuncia, que parte de un modesto investigador de prensa, colaborador de un portal de noticias, ha derivado en tres causas judiciales hasta el momento. El caso parece un claro lavado de dinero negro, con aportaciones falsas ante la sorpresa de los propios supuestos financiadotes. Este mismo fraude, acabó con el Presidente de la Comunidad Valenciana, y la alcaldesa de Valencia, un buque insignia del Partido Popular desde hace años.

La responsabilidad de Maria Eugenia Vidal, como responsable máxima, parece obvia, en un caso donde personas en situación de pobreza extrema, figuran como falsos aportadores con la intención evidente de ocultar quien financia en realidad, sumando además el delito de usurpación de identidad.

Todo esto se publica en el exterior, mientras los medios argentinos, actúan como lo hicieron los acólitos del neoliberalismo español, es decir, poniendo en marcha el ventilador de porquería, para indicar que el caso afecta también a sus rivales políticos, echando balones fuera, para eximir de responsabilidad a los verdaderos implicados, y, en definitiva, ocultando la gravedad del caso. Prensa que actúa como portavoz del gobierno, oculto la noticia durante treinta y dos días, y la cuenta de twiter, del mencionado portal fue bloqueada durante horas, el día que salto la noticia, de la que si se hicieron eco en el extranjero.

 Que nadie olvide, que si se mantiene la imparcialidad de la justicia, los gobiernos caen por estos motivos. Esperemos que no tarde tanto como en España, y las maniobras ilícitas y seudo mafiosas no se puedan ocultar impunemente. No aflojen.