En 2015, antes de las elecciones que catapultarían al grupo de depredadores que actualmente gobierna, muchos se tranquilizaban pensando que fuera cual fuese el resultado de las elecciones el país no podía retroceder, la sociedad había accedido a conquistas que ya no podía perder. Nada más alejado de la realidad vivida en los últimos dos años y medio. Ahora se sabe que se puede retroceder, que las conquistas y los derechos pueden ser arrebatados y que el país entero puede involucionar. Se sabe, en fin, que la democracia, esa gran conquista arrebatada a la dictadura más sangrienta que vivió el país, es un bien que se puede condicionar o, acaso, perder.

Es tal el cúmulo de agresiones provocadas al cuerpo social por la alianza Cambiemos, de tal magnitud el despojo y las sinrazones de su plan económico antisocial y antinacional, que se hace difícil no dar rienda suelta a la indignación. Pero la bronca en sí misma, como la ingenuidad política del 2015, carece de efectividad. Lo único que puede contribuir a remontar la grave situación en que ha colocado al país esta derecha tan voraz como incompetente y tan falaz como insensible, es un frío análisis de las circunstancias actuales y de las perspectivas que asoman de cara al futuro.

Después de todo, si no era cierto aquello de que el país no podía retroceder, tampoco lo es que no se pueda cambiar la traumática situación actual y así como se pudo pasar de un proceso de ampliación de derechos a una democracia condicionada y amañada, se pueda restituir una democrática plena, en la que se puedan establecer políticas de Estado que impidan que el sistema pueda ser vulnerado nuevamente por un grupo de aventureros sin escrúpulos sediento de riquezas.

De hecho, el gobierno de Macri ha doblado el codo de su gestión con un fuerte desgaste, que comenzó con el despojo a los jubilados ocurrido con la reforma previsional de diciembre pasado y que continúa con el derrumbe actual producido por la brusca devaluación, la inflación descontrolada, el brutal endeudamiento externo y la caída, nuevamente, en las garras del Fondo Monetario Internacional.

Para rematar este cuadro, surge el escándalo de los aportes truchos a la campaña de Cambiemos, que enloda tanto al presidente como a la principal figura de reemplazo del oficialismo, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Un fraude que, a diferencia de el despojo del Correo Argentino por parte de la familia Macri, o la lista interminable de empresas offshore del mismo clan, ya no puede ser disimulado por la prensa canalla.

Todo esto está claramente expresado en las encuestas, no importa la proximidad o lejanía de sus autores con el gobierno, que muestran el fuerte desgaste de la imagen presidencial, la pérdida de confianza en la política económica y la caída de las expectativas de cara al futuro.

Esto se observa también, en la catarata de protestas populares contra la política económica y contra el acuerdo con el FMI, que la prensa cómplice ya no logra ocultar, entre otras cosas porque ha comenzado a aparecer una fisura en el bloque de poder hegemónico, producto de las contradicciones que crea un rumbo económico que perjudica no sólo a los desposeídos sino también a amplios sectores medios y a una porción importante del empresariado.

Otro tanto ocurre con la justicia arrodillada, que comienza a vacilar en su función de custodia del régimen mientras observa la debilidad creciente del grupo gobernante.

 Se trata de un derrumbe de las expectativas que Macri ya no puede disimular balbuceando las falsedades que le recomienda Durán Barba, como quedó expuesto en su última conferencia de prensa, en la que no logró convencer, ni a propios ni a extraños, de que la hecatombe que él y sus cómplices han provocado es un fenómeno natural imposible de evitar como una “tormenta”.

La situación está expuesta también en el surgimiento de acuerdos sobre temas puntuales entre sectores de la oposición antes dispersos, como la ley antitarifazo vetada por el presidente o la carta a la titular del FMI, Christine Lagarde, en la que se rechaza el acuerdo del gobierno y se advierte sobre las consecuencias de sortear la prescripción constitucional que reserva al Poder Legislativo la potestad de aprobar o rechazar el endeudamiento externo.

Estos acuerdos, tanto como el endurecimiento de la CGT frente a los desatinos del gobierno, exceden el plano estrictamente político, donde resulta más difícil alcanzar consenso porque allí juegan también los intereses de corporaciones e individuos, y han comenzado a trasuntar el tremendo malestar social que transcurre por debajo de la escena, comparable a un volcán en inminente erupción.

La búsqueda de acuerdos programáticos, menos ardua de momento que la prematura discusión en torno a las candidaturas, parece ser el camino más apropiado para construir una alternativa opositora sólida, que pueda enfrentar con éxito al grupo que hoy gobierna y ofrecer una salida en 2019 y evite un daño más grave a la estructura social y económica del país.

Ante la certeza de que la calamidad actual no tiene por qué ser eterna, es justamente en ese campo donde se debe comenzar a proyectar un cuerpo de reformas de fondo, que evite en el futuro otras recaídas que terminen lacerando el sistema institucional, las preciadas conquistas sociales y políticas y la soberanía del país.

Para que verdaderamente haya un “nunca más” en materia política, económica y social, hay que empezar a trabajar con todos los sectores que resisten el despojo actual en una reformulación de la democracia, en una suerte de nueva república en la que queden claros aspectos tales como el manejo de la deuda, la soberanía nacional, la intangibilidad del sistema previsional, la independencia del sistema judicial, la desconcentración monopólica de los medios, el control del sistema financiero, y muchas cosas más.