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La Constitución Nacional establece en su artículo 75 que son atribuciones del Congreso:
Inciso “4) Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”
Inciso “7) Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”
Inciso “22) Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con los organismos internacionales y los Concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”.
Además, el artículo 76 dice textualmente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Completa el tema el artículo 99, inciso 3, segundo párrafo: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Lo anterior viene al caso porque, aunque no soy jurista ni he dedicado mi tiempo a estudiar el derecho constitucional, como ciudadano tengo una preocupación sobre el acuerdo que ha firmado el Poder Ejecutivo nacional con el FMI sin conocimiento del Congreso que, a cambio de recibir la suma de 50.000 millones de dólares que se agregan a nuestra deuda externa, crea importantes obligaciones para el país, como la de aprobar medidas que hacen al bienestar de la población y consultar obligatoriamente con el organismo internacional las políticas económicas futuras.
No es solo la deuda que se toma sin aprobación del Congreso, en función de una supuesta delegación de poderes anterior, sino una renuncia a llevar en el futuro una política económica soberana, por lo que entiendo que el acuerdo en cuestión toma la envergadura de tratado internacional, cuya aprobación es atribución exclusiva del Congreso. Basta recordar la definición del idioma castellano: “El Tratado Internacional es una especie de convenio entre dos o más naciones, o entre un Estado y un organismointernacional, en donde los involucrados adquieren un compromiso, para cumplir con determinadas obligaciones.”
En forma similar lo ha entendido el “Manifiesto Argentino”, movimiento que orienta el escritor Mempo Giardinelli, que ha denunciado que “la deuda externa y el acuerdo con el FMI son ilegales porque no se ha consultado al Congreso Nacional ni respecto de la magnitud ni de los efectos de la misma. Y declara que además es una deuda ilegítima porque quebró el contrato de representación con los sufragantes, a la par que el daño inferido es enorme sobre la vida, el trabajo, la educación, la salud y el futuro de todos los habitantes de nuestro suelo.”
También un importante conjunto de ciudadanos le ha hecho llegar a la directora del FMI una carta donde le informa que “el acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del gobierno, no hay quien apoye este acuerdo.”
Continúa la carta diciendo: “Comprenderá usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo (…). Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como "odiosa o execrable". Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de directora gerente transmita al directorio que este acuerdo entre el organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis.”
Firmanuna impresionante cantidad de dirigentes de organizaciones gremiales, sociales, de derechos humanos, dirigentes políticos, incluyendo diputados y senadores, dirigentes religiosos, intelectuales, académicos, dirigentes estudiantiles, artistas, escritores, etcétera.
Leer la carta es como sentir una bocanada de aire fresco sobre nuestro pobre país.