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La experiencia histórica nos muestra en la Argentina contemporánea un proceso recurrente de crisis externas, en general consecuencia de experiencias neoliberales fallidas, realizadas por gobiernos de facto o constitucionales, y cuyos fracasos se han ido incrementando con el paso del tiempo.
La primera de las experiencias en la era de la globalización financiera, instalada mundialmente a partir de mediados de los años ’70, fue la iniciada en marzo de 1976 con Videla-Martínez de Hoz, que estableció la apertura de los mercados al comercio externo, la profunda liberación de la economía y la desregulación del movimiento de capitales; se inauguró así el proceso de endeudamiento externo-fuga de capitales. Terminó en 1983, luego de innumerables errores económicos y políticos, en 1983 con la “crisis de la deuda”, puesta de manifestó en la alta inflación y el cese de pagos de hecho, que llevó al fin del gobierno militar.
Le sucedió el gobierno de Alfonsín que, inicialmente, trató de enfrentar desde una posición de fuerza a las potencias hegemónicas con el tema de la deuda externa, pero no tuvo el acompañamiento internacional esperado, por lo que debió replegarse y, lo mismo que todos los países endeudados previamente, entrar en el juego de la renegociación de la deuda externa y el traslado de excedentes económicos hacia el centro hegemónico mundial, sin posibilidad de crecimiento económico, lo que en la historia latinoamericana se conoce como la “década perdida”. Basta recordar que entre 1982 y 1990 América Latina transfirió recursos netos por valor de 223.600 millones de dólares y, a pesar de ello, la deuda externa creció de 309.800 a 433.645 millones. La combinación de la deuda hereda y de presiones internacionales e internas llevó a la crisis y la hiperinflación de 1989, obligando a la entrega anticipada del poder.
En aquella oportunidad asumió Memen, con un programa de política nacional que al poco tiempo cambió por una nueva experiencia de economía neoliberal (“si decía lo que iba a hacer nadie me hubiera votado”, se justificó) con el ministro Domingo Cavallo y la “convertibilidad” del peso al dólar. Le sucedió, cuando la experiencia mostraba claros indicios de agotamiento, la Alianza encabezada por De la Rúa, que decidió continuar con la misma política anterior. Como era de esperar, la situación económica se agravó y a fines del 2000 se obtuvo lo que se denominó el “blindaje financiero” acordado con el FMI y otras instituciones internacionales que garantizaron fondos externos por 39.700 millones de dólares. Eso no cambió la situación y a comienzos del año 2001 se nombró ministro de economía a Domingo Cavallo.
El plan enunciado por el nuevo ministro fue la reducción del déficit público con medidas como la ley de responsabilidad fiscal y la ley de déficit cero, la reducción de sueldos públicos y jubilaciones en un 13%, la disminución de los aportes patronales, etc. El objetivo era conseguir “la confianza de los mercados”, para obtener inversiones y una baja en la tasa de interés que, con ayuda externa, permitiera cumplir con los compromisos de la deuda externa.
En esa oportunidad se intensificó la fuga de capitales y se profundizó la recesión económica. A mediados del año 2001 se aprobó el “megacanje” de la deuda para reestructurar parte de la deuda en manos de privados, nacionales y extranjeros; así se consiguió postergar el vencimiento de deuda varios años a cambio de un aumento en la tasa de interés. El costo fue un aumento del valor actual de la deuda por efecto combinado de mayores tasas y plazos, además de una importante comisión reconocida a los bancos internacionales por su intervención.
También por esa fecha se aplicaron restricciones a la compra de moneda extranjera y, finalmente, se estableció el “corralito” para evitar el retiro de los fondos depositados en los bancos comerciales.
La combinación de recesión con un aumento desconocido de la pobreza y de la desocupación, fue el origen de la creciente conflictividad social, a lo que se sumó el descontento de las clases medias que perdían sus ahorros, con protestas y “cacerolazos” recurrentes y que, finalmente, llevaron a una de las peores crisis políticas argentinas, con la renuncia del Poder Ejecutivo y la declaración del “default” de la deuda externa.
Las tres crisis, la de la deuda (1982), la del austral (1989) y la del fin de la convertibilidad (2001) tienen patrones comunes con causas y consecuencias similares. En todos los casos fue la combinación de la fuga de capitales (en sentido amplio, incluyendo el retiro de dólares para ahorro), el gasto en turismo y el exceso de importaciones de mercancías producto de la liberación comercial, la que llevó a un déficit de la cuenta corriente creciente que se cubrió con deuda externa. Hasta que la deuda “estalló”, dando lugar a grandes devaluaciones que llevaron a la hiperinflación, en los dos primeros casos, o al “default” en el tercero.
Ahora repetimos la historia y estamos en la cuarta crisis, con un déficit en cuenta corriente del 5,5% del PBI, el mayor histórico, crisis en principio casi increíble porque hace dos años y medio recibieron un país desendeudado, pero con un final inevitable de cesación de pagos si sigue esta política neoliberal.