Luego de las elecciones de octubre del año pasado, el oficialismo se había resguardado en su núcleo duro, pero reorganizó su táctica y amplió la mesa de decisiones políticas convocando a dirigentes del PRO y de la UCR que estaban fuera de juego.  Además, convocó a un Gran Acuerdo Nacional (GAN) para achicar el déficit. Es decir, para socializar los costos políticos del ajuste que vendrá.

El aparato de propaganda destacará hasta el hartazgo la voluntad de “diálogo” del oficialismo e intentará marcar a los sectores opositores que no apoyen el ajuste como los que “traban” el cambio que necesitaría el país para poder apreciar un crecimiento que el presidente llama “invisible” y que, expresa, se viene sosteniendo “siete trimestres seguidos”.

El objetivo central es bajar el déficit, lo que llevará al achicamiento del gasto social. El presidente habla de sacrificios que solo soportan la clase trabajadora, los sectores medios y los pequeños y medianos empresarios. Mientras tanto, casi todos los ministros ganaron millones de pesos en dos semanas con el alza del dólar. Lo mismo sus amigos de la City.

El oficialismo intentará mostrar a los opositores que no acudan a pactar el ajuste (GAN) como irresponsables que no ayudan a resolver la crisis actual y la que se aproxima. Un ejército de economistas y periodistas buscará confundir a la sociedad y militarán como puedan al recorte de la calidad de vida de millones de argentinos, sin pudor. Pocos recordarán que el déficit se incrementó a partir de medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri: eliminación de retenciones a la exportación y reducción de impuestos a los sectores más ricos, por ejemplo.

El camino será profundizar el ajuste fiscal, en línea con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Fondo no querrá seguir cosechando mala imagen en la sociedad argentina luego de seis décadas de intervenciones desastrosas, por lo que se esfuerza en aclarar que las medidas que se tomen son responsabilidad del gobierno. A su vez, el gobierno no querrá seguir incrementando su imagen negativa en la población, para lo que convoca a la versión PRO del GAN, que necesita para trasladar recortes a las provincias y compartir los costos políticos del ajuste con toda la dirigencia, incluidos gobernadores y oposición.

El gobierno pretende trasladar a las provincias una carga significativa del ajuste que deberá implementar a cambio del auxilio financiero del FMI.

Habrá recortes de partidas nacionales que financian planes de vivienda provinciales y obras públicas. Los gobernadores serán “invitados” también a reducir la cantidad de empleados públicos. Es probable que también en la administración central continúe la salida de trabajadores en distintos ministerios; contratos que no se renovarán, jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios.

Además, se buscará que la oposición desista de refutar el tarifazo en la Cámara de Senadores y que apruebe la reforma laboral. Será importante la presión sobre los gobernadores. Se acabó el “gradualismo” y para salir de la crisis se propone profundizar el camino que la provocó.

Es bueno recordar que, en 1971, el mandatario de la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, Alejandro Agustín Lanusse propuso el Gran Acuerdo Nacional (GAN) para hacer frente al agotamiento del régimen militar y buscar un acercamiento con la dirigencia política.

El GAN pretendía un entendimiento entre las principales fuerzas políticas para restablecer la democracia y llamar a elecciones. La dictadura intentó de esta manera una salida honorable para los militares y a la vez mantener el control militar sobre el próximo gobierno electo.

Juan Domingo Perón, proscripto y exiliado en España, rechazó la propuesta y organizó un frente político, el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional), desde el cual exigió el establecimiento de un calendario electoral sin proscripciones ni condicionamientos. El GAN fue el último intento de la dictadura de Lanusse de evitar el regreso de Juan Domingo Perón.

Algunas veces, tal vez, pareciera que la historia intenta decirnos algo.