Múltiples son los casos de violación en la provincia de Mendoza en el último tiempo. El caso de una nena de San Carlos que quedó embarazada luego de una violación por parte de su padrastro vuelvea demostrar la urgencia de que el senado provincial adhiera de manera urgente al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que fue publicado en 2010 y actualizado en 2015, y que debía ser puesto en práctica por todas las instituciones de salud (públicas y privadas) en las provincias.

Sin embargo, las supuestas discusiones éticas de los senadores provinciales pone freno a esta norma, que evidentemente se necesita de manera urgente. Los senadores tampoco han esgrimido una posición concreta al respecto, y ni siquiera es una cuestión de bloque. Cada uno se siente con la autoridad de plantear su opinión personal no basándose en el mandato de la representación popular, o en una cuestión de salud pública como en este caso, sino más bien en cuestiones éticas, dogmáticas y religiosas.

En tanto, las estadísticas del Ministerio Público Fiscal demuestran que en Mendoza se denuncian unos 280 casos de violación, es decir entre entre 13 y 15 por día, y en el 70% de las veces los violadores son hombres del entorno familiar.

Un informe de 2015 de la Asociación por los Derechos Civiles llamado “Acceso al aborto no punible en Argentina”, demuestra algunos datos relevantes de todas las provincias del país, y muestra el estado de situación del protocolo:

Hasta el momento hay en la provincia más de 350 peticionantes que presentaron un amparo a fin de lograr que el Gobierno dicte una normativa mediante la cual la provincia adhiera a la Guía Técnica nacional, la implemente y haga operativa. Su objetivo es garantizar a las mujeres el acceso a una práctica abortiva rápida, segura y accesible, para el caso de encontrarse comprendidas en los supuestos contemplados por el art. 86 del Código Penal, acorde con lo exhortado por la Corte Suprema de Justicia en “F., A.L”.

Este fallo, resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Esta sentencia se dictó en el caso de una adolescente de 15 años, que había sido abusada por su padrastro, un oficial mayor de la policía de Chubut. En 2010, la joven, que finalmente se sometió a la operación, fue eximida de pena por el Superior Tribunal, y la Corte Suprema luego confirmó esa decisión.

En diciembre de 2012, el tribunal de primera instancia, a cargo de María Mercedes Herrera Viñals, rechazó el amparo por defectos de forma y por falta de legitimación activa al considerar que las peticionantes no probaron la afectación individual que les ocasiona la inexistencia de protocolo en la provincia. En abril de 2013, la Cámara de Apelaciones del fuero confirmó la sentencia de la instancia anterior. Finalmente, el 12 de septiembre de 2013, la Suprema Corte de Mendoza resolvió admitir, formalmente, el recurso de casación interpuesto por las actoras y, en julio de 2014, confirmó la sentencia apelada sosteniendo la falta de legitimación. Frente a esta situación, las peticionantes interpusieron recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cuál no fue admitido por el tribunal local por lo que, posteriormente, presentaron el correspondiente recurso de queja, y hasta el momento no hay novedades al respecto.

Hay una menor embarazada, sufriendo, y carente de recursos, a cargo de sus abuelos con cuatro hermanos más, padeciendo el trauma y los recuerdos de una violación, y el estado no está ahí para ayudarla. Pareciera que es más importante para algunos la tranquilidad de ser funcional al poder eclesiástico, o vaya saber uno a qué dogma de su conciencia, que permitir a una niña que viva su infancia.