En 1997 el actual presidente de los argentinos afirmó: "Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro (…) al Tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año mantener las Malvinas" por lo que, de recuperarlas, "las Malvinas serían un déficit adicional para el país".

La política actual de su gobierno va en la misma dirección que sus palabras. Se abandonó el reclamo de soberanía y se permite a los ingleses avanzar en la explotación pesquera y de hidrocarburos.

Sin embargo, y a pesar de lo que piense el presidente, la demanda de recursos naturales estratégicos, (en especial energéticos y alimenticios) son el elemento básico de las relaciones internacionales del siglo XXI. La competencia por el control de los mismos es fuente de tensión y conflicto en el mundo actual.

Entonces, el valor estratégico del espacio geográfico y el control sobre los recursos naturales explica la necesidad de ocupación de las islas Malvinas y mares circundantes por parte de Gran Bretaña y, al mismo tiempo, su interés por consolidarse como potencia que vigila e incluye en su área directa de influencia el sector sudamericano de la Antártida.

El Atlántico Sur cubre una extensa zona costera de tres continentes: África, América del Sur y la Antártida. Por ese espacio geográfico circula buena parte del comercio mundial. Unos 200.000 barcos surcan anualmente sus aguas transportando minerales, petróleo, carbón, cereales, carnes y productos manufacturados. Entre ellos el 80% del petróleo que abastece a Europa Occidental y el 40% de las importaciones de los Estados Unidos.

Pero, además, en un mundo que ya explotó gran parte de los recursos terrestres, se busca el control de los mares y la extracción completa de los recursos de sus aguas y subsuelo. En este esquema mundial debe entenderse la protección y control del mar argentino y sus riquezas.

La importancia del área marítima ocupada por Gran Bretaña se entiende como ruta de transporte comercial o de fuerza militar; como área de proyección de poder militar sobre el territorio continental y antártico y como fuente de recursos. Es la plena utilización de estos aspectos lo que Gran Bretaña le está negando a la Argentina.

Nuestro país tiene un amplio frente marítimo y su mar epicontinental es uno de los más extensos del planeta, lo que nos hace muy privilegiados porque las plataformas submarinas y los mares continentales son las zonas más ricas y provechosas de los Océanos. Argentina es el octavo territorio del mundo, pero la Plataforma Continental Argentina es la segunda en el mundo, sólo superada por Australia.

Por otro lado, en la plataforma del país se dan una serie de circunstancias para que la vida se desarrolle en forma considerable: algas, todo tipo de peces, crustáceos y moluscos son algunos de estos recursos. El Krill es el más importante de ellos: es el alimento básico de las ballenas, pero al haberse agotado prácticamente los grandes conjuntos de cetáceos, se ha convertido en una enorme reserva alimenticia de la humanidad. Su importancia se basa en su valor proteico y en una considerable cantidad de vitamina A, D y B. Además, es rico en minerales de calcio, magnesio y fósforo.

El Atlántico Sur se ha convertido en una gran trama de intereses donde está en juego es el control geopolítico y el petróleo, el gas y recursos ictícolas.

Sobre este último punto la Cancillería anunció que, entre el lunes 14 y martes 15 de mayo, se reunirá en Buenos Aires el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS) conformado por funcionarios del Reino Unido y la Argentina para retomar las actividades de cooperación científica bilateral para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental.

La pregunta que se hace todo argentino es: ¿Este acuerdo implicará una posibilidad de discutir sobre la soberanía de la Argentina en las islas?

La respuesta es no. En el acuerdo que sellaron ambas cancillerías el 13 de septiembre de 2016 resolvieron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, “se aplica al comunicado conjunto y a todas sus consecuencias”. Así, se volvió a restituir la vieja fórmula del “paraguas” que “congela” los reclamos de soberanía mientras se “acuerdan” otros aspectos.

En aquél “comunicado conjunto” (que nunca fue tratado en el Congreso de la Nación), se resolvió adoptar medidas apropiadas para remover obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.

Desde la oposición en Diputados se elevó un pedido de resolución para expresar "la profunda preocupación por la implementación del denominado Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en los aspectos vinculados a la cooperación científica y la pesca".

A la vez, con la firma de 12 diputados del Frente para la Victoria, entre los que se encuentran Guillermo Carmona, Daniel Filmus y Julio Solanas, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional "se abstenga de tomar cualquier decisión que implique el reconocimiento explícito o implícito de la pretensión británica de ser reconocida como estado ribereño en el Atlántico Sur y se exija el cumplimiento de la normativa Argentina vigente en materia de pesca".

La alerta de los diputados tiene que ver con el peligro de que la situación objetiva que constituya el patrullaje o control conjunto argentino-británico sobre esas aguas podría ser utilizado como reconocimiento de “estado ribereño” en los términos del artículo 8 del Acuerdo relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, adoptado en Nueva York en 1995.

El avance de este acuerdo implica una secesión de la soberanía de la Argentina en las aguas de Malvinas. Un dato que profundiza la preocupación es la eventual participación de las Fuerzas Armadas de ambos países en el trabajo conjunto de control de la pesca y el patrullaje.

La sola mención de una cooperación en dicha materia implica una ofensa a nuestra soberanía ya que dejaría en manos de la potencia colonial que usurpa nuestro territorio el control y patrullaje de nuestros mares.