A medida que el mundo contemporáneo avanza con el paso del tiempo, felizmente, se amplía la gama de derechos sociales y personales de los que gozan el ser humano, aunque el avance no sea rectilíneo sino que presenta retrocesos y altibajos y sinnúmero de casos de incumplimiento, en nuestro país y en el mundo.

Uno de los derechos cada vez más reconocido es el de una vivienda familiar digna, que se manifiesta en los numerosos planes nacionales y provinciales para proveer de una vivienda social para la mayor cantidad posible de habitantes, en particular para los jóvenes y para todos los que carecen de la posibilidad material de adquirir una propiedad en el mercado inmobiliario.

Y ese derecho a una vivienda habitable dignamente incluye, lógicamente, a los servicios esenciales: agua, desagües sanitarios, electricidad y gas. Precisamente, en reconocimiento de ese derecho, la legislación prohíbe el corte del servicio a los dos primeros por falta de pago, aunque nadie ha explicado la razón de no haberlo extendido a los otros, al menos para el caso en que se demuestre razonablemente la imposibilidad del pago.

El subsidio a los servicios públicos, incluyendo a los medios de transporte de uso popular como el colectivo y el tren de pasajeros, es una herramienta de política económica absolutamente válida y que tiene a asegurar el cumplimiento de esos derechos.

Pareciera que para el neoliberalismo conservador los subsidios fueran un pecado mortal. “Hay que pagar los costos de los servicios públicos” se repite por todos los medios masivos de comunicación. De la misma manera que se insiste sobre “el descalabro que significó para la economía el mantener los precios de los servicios muy por debajo de sus costos”.

Todo eso no es cierto. Los subsidios a los servicios públicos son un instrumento de política de redistribución del ingreso. Hay que tener en cuenta que el costo de los servicios esenciales es un gasto regresivo por su incidencia en los recursos familiares. Por ejemplo, una factura de $ 1.000 en un jubilado que cobra $ 10.000 mensuales le representa el 10% de su ingreso (más de la mitad de los jubilados perciben la mínima, de $ 7.660,42 mensuales); esa misma factura para un funcionario que cobra $ 100.000 le representa solamente el 1% y puede tranquilamente teorizar sobre “la necesidad que cada uno pague el costo de lo que gasta”.

Según la publicación de CIFRA (CTA), las nuevas facturas de electricidad y gas se llevan el 14,5% del salario promedio de un trabajador registrado, mientras que en el 2015 le representaba solamente el 2,7%. Por su parte, la Universidad de Avellaneda ha calculado la incidencia de los servicios públicos (incluye también el transporte y el agua) en 17,9% del sueldo, lo que es coherente con el cálculo anterior.

Ajeno a lo anterior, el presidente Macri sostuvo que “para cubrir estos subsidios se tuvo que tomar deuda, porque para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada”. Pretende convertir a los subsidios en los villanos de la película, culpables de la enorme deuda tomada en estos dos años. No es cierto: en primer lugar el problema grave es la deuda externa mientras que los subsidios se pagan en pesos, así que no tiene nada que ver con aquella; en segundo lugar el aumento del déficit fiscal, que obligó a tomar deuda interna, se produjo por la disminución o eliminación de impuestos que afectaban al capital (las retenciones al agro y a la minería, alícuota de otros impuestos y de las contribuciones patronales a la previsión social, disminución que empezó este año). Se pretendería compensar esa baja de ingresos con una disminución de las subvenciones al consumo popular: es hacer una enorme transferencia de recursos del pueblo consumidor a favor de los que más tienen.

Que los subsidios producen necesariamente endeudamiento no es cierto. Son opciones de política económica ese u otro gasto. El presidente, si insistiera en que se trata de una relación causal inexorable, debería explicar el por qué el gobierno anterior aumentó los subsidios y, simultáneamente, produjo el desendeudamiento del país.

En resumen, los subsidios a los servicios esenciales son una medida de estricta justicia tendiente a morigerar la distribución que hace el mercado. Hace que los que más tienen mediante los impuestos a los ingresos y a la riqueza colaboren con quienes menos tienen para que todos tengan acceso a los servicios esenciales. Representan un ejemplo de solidaridad y justicia social

Debe quedar en claro que lo que genera el verdadero descalabro económico y social son las nuevas tarifas de los servicios públicos esenciales, impagables para una gran parte de la sociedad, y no la existencia de los subsidios preexistentes.