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En la opinión pública está incorporada la idea de que la inflación es consecuencia directa de la emisión monetaria. Inclusive algunos economistas ortodoxos, cada vez menos, comparten esa opinión. Creen que la actual inflación, superior al cabo de dos años a la verificada durante el gobierno anterior, se debe al crecimiento de la Base Monetaria (dinero emitido en poder del público más las reservas de los bancos comerciales) que pasó de 622 mil millones en diciembre del 2015 a más de un billón de pesos dos años después, lo que implica un crecimiento del 60%.
Por la persistencia de esa opinión se justifican dos preguntas: 1- ¿Puede el Gobierno, vía Banco Central, controlar la cantidad de dinero? y 2- ¿Es realmente la cantidad de dinero emitida la causante de la inflación?
Con respecto a la primera de las preguntas, hay que tener en cuenta que en el mundo moderno el dinero físico emitido por la autoridad gubernamental tiene cada vez menos importancia y representa una fracción muy pequeña de las transacciones monetarias que se realizan; dominan totalmente las transferencias electrónicas que implican transferencias nominales entre depósitos sin movimiento real de dinero. Por otro lado, los bancos, al otorgar un préstamo, lo acreditan en la cuenta corriente del cliente que, a partir de ese momento, lo considera y usa como dinero disponible. Ante el pedido de un crédito por parte de un cliente importante, mientras sea solvente, se lo otorga para no perderlo como tal y recién después se preocupa de los coeficientes técnicos entre reservas y depósitos frente a los créditos; si fueran insuficientes recurrirá a los préstamos interbancarios, llamados “call money”, o a utilizar el crédito disponible en el Banco Central.
Es decir, la oferta monetaria se acomoda a las necesidades (solventes) de la sociedad y, en gran medida, escapan a la posibilidad de reglamentación. Técnicamente se dice que “la cantidad de dinero en una variable endógena del sistema”.
Los bancos centrales descubrieron hace tiempo esta imposibilidad de controlar la cantidad de dinero, como sí ocurría muchos años atrás. Por esta razón la ortodoxia económica desarrolló la teoría de las “metas de inflación”, adoptada por este gobierno con total fracaso. Ante la imposibilidad de determinar la cantidad de moneda en circulación, esta teoría dice que el Banco Central tiene el manejo de la tasa de interés: fijada una meta de inflación debe determinar la tasa para lograrlo. Es decir, tanto la mayoría de la ortodoxia como heterodoxia coinciden que, al menos en forma parcial, la cantidad de dinero en circulación es una variable que escapa a su control.
Respecto a la segunda pregunta, sobre si la cantidad de dinero en exceso produce inflación, la ortodoxia y su teoría de las “metas de inflación” contestan afirmativamente. Al aumentar la cantidad de dinero en circulación se incrementa el ingreso de los agentes económicos y la demanda global, que sería la causa de la inflación. Especialmente se insiste en que el mayor gasto público crea déficit fiscal que se cubre por emisión monetaria y que allí está el meollo del problema (con el déficit fiscal como gran villano).
Sin embargo, los datos estadísticos no avalan esa relación causal. Por ejemplo, en Estados Unidos, luego de las crisis del 2008, la Base Monetaria creció en cuatro años el 159% mientras que los precios lo hicieron solo 10%; algo similar pasó en Gran Bretaña con aumentos del 203% y 16%, respectivamente. En estos casos, los bancos y demás agentes económicos pretendían mejorar su liquidez y solvencia y conservaban el dinero en su poder.
Enfrentados a la visión ortodoxa, ya en los años ’60 del siglo los economistas latinoamericanos estructuralistas sostuvieron que, al menos en algunos casos, la relación causal es la inversa: la inflación causaba el déficit fiscal y determinaba la cantidad de dinero circulante. El razonamiento es el siguiente: la inflación está causada por desequilibrios estructurales de la economía real y en su origen no es un fenómeno monetario; son aumentos en los costos que se trasladan a los precios; en nuestro país básicamente se debe a la lucha por la distribución del ingreso entre las distintas clases sociales. Esa puja entre los sectores, cada uno de ellos para incrementar o, al menos, mantener su ingreso real, es lo que genera la inflación. Como los ingresos del Estado, los impuestos, dependen de valores nominales pasados, con la inflación se deterioran mientras que sus gastos nominales se incrementan por esa misma razón; el déficit fiscal (y su cubertura mediante la emisión monetaria) no sería la causa sino la consecuencia de la inflación y, si la emisión no existiera, crearía iliquidez en el mercado.
La actual inflación argentina, ya lo hemos dicho en otras notas, se origina en los costos. Los precios de la economía están determinados por el costo de producción y de realización, afectados por la suba del dólar y, últimamente, por los aumentos desproporcionados de las tarifas de los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que estos últimos, además de afectar al presupuesto familiar, son un importante componente de los costos, razón por la cual su suba repercute sobre el precio de todos los bienes producidos.
Otro componente importante de los costos es el salario. En estos dos años este ha disminuido en su valor real y, con el tope del 15% en las convenciones colectivas, se pretende que esa pérdida continúe en el tiempo. Sin embargo, la presión social es muy grande y es difícil que ese objetivo gubernamental se pueda cumplir en el futuro próximo.
En resumen, la inflación actual está atada fundamentalmente al tipo de cambio (valor del dólar) y a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos; la evolución del salario, hasta ahora “pisados”, probablemente influya en el futuro próximo. La inflación actual no es el resultado de un crecimiento de la demanda originada en el déficit fiscal o en la emisión monetaria. Es una inflación de costos, lo que explica el fracaso de la política antiinflacionaria del gobierno y de sus “metas de inflación”.
Insistir con el ajuste del gasto y con altas tasas de interés, que fomentan la especulación financiera, solamente conseguirán la recesión económica con el aumento de desocupación, la pobreza y la “estanflación” (estancamiento económico con inflación).