Con motivo de la reforma previsional aprobada recientemente, el gobierno nacional y sus voceros insistieron en la posible inviabilidad del actual sistema debido a la relación beneficiaros/aportantes que, según lo informado, no alcanzaría a 2 (sería de 6.805.192 jubilados o pensionados contra 11.733.837 aportantes). A ello se agrega como argumento el aumento de la esperanza de vida, con el aumento relativo de la población mayor que ello implica.

Hay que tener en cuenta que en la cantidad de beneficiarios han influido fuertemente las moratorias resueltas por el gobierno anterior, que benefició a los grandes perjudicados por la crisis del 2001, como los que quedaron sin trabajo, haciendo “changas” o trabajando sin registrar y, por lo tanto, sin aportes. Y especialmente, se hizo como un reconocimiento a la injusticia que se venía cometiendo como discriminación de género: el trabajo en casas particulares, tarea esencialmente femenina, y el sacrificado trabajo de amas de casa, a quienes se les negaba la posibilidad de un retiro jubilatorio rentado. Fue un acto de estricta justicia, suspendido como tantos otros.

Con la excusa de que se pretendía reducir ese desbalance, el actual gobiern impulsó a fines del año pasado la ley que cambió el sistema de actualización de las jubilaciones. En lugar del índice anterior, construido en base a un 50% según la evolución de la recaudación tributaria de la Anses y un 50% según la variación de los salarios, una fórmula que asociaba los haberes jubilatorios al crecimiento del país y a la evolución de las retribuciones de los trabajadores activos, ahora se ajustarán un 30% con la variación salarial y un 70% con el índice de inflación con un semestre de atraso. Con la alta inflación existente en nuestro país, ese atraso implica una baja sensible en el índice de actualización.

Lo cierto es que hasta el año 2015 las jubilaciones venían creciendo por encima de la inflación, lo que llevó al FMI a “aconsejar” al nuevo gobierno el cambio del sistema de actualización. De todas formas, y debido a la fuerte inflación del 2016, cercana al 41%, las jubilaciones perdieron un 10% frente a la variación de los precios. En el 2017 recuperaron un 3% (28% frente al 25% de inflación) y a partir del 2018 vuelven a perder en forma continuada (para empezar, el aumento reciente, que hubiera sido del 14% por el anterior sistema, fue del 5,7%).

La reforma del sistema de actualización previsional fue una imposición del FMI y no el deseo de mejorar la financiación del sistema. Por si hubiera duda, hay que recordar que el mismo gobierno y los mismos legisladores que aprobaron esa reforma votaron también la baja en los aportes patronales, lo que agravaría la desfinanciación, si es que esta existiera: la reforma tributaria resolvió crear un mínimo no imponible (MNI) de $ 12.000 por trabajador al mes (actualizable a partir del año que viene) y que se descuenta de la nómina mensual de aportes y contribuciones. El MNI se aplicará un 20% ese año, 40% el próximo, 60% en 2020, 80% en el año siguiente y el 100% a partir del 2021.

La excusa fue la disminución del costo empresarial por empleado, lo que aumentaría la ocupación. Exactamente igual a los argumentos expuestos por Cavallo en el año 1994, para bajar los aportes patronales, reforma que no aumentó la ocupación laboral (al final de la década la desocupación había superado el 18%).

Posiblemente la desfinanciación del sistema es lo que también se busque en esta oportunidad. Volver a las AFJP resulta imposible por la resistencia social que generaría, pero es muy probable que el proyecto sea, con el argumento de las dificultades financieras, dejar una jubilación solidaria mínima y complementarla con un sistema privado de ahorro personal, similar a aquellas.

En realidad, el problema financiero disminuiría si no bajaran los aportes patronales y se combatiera en serio al trabajo no registrado, por ejemplo, tipificando al delito de evadir los aportes previsionales con penas elevadas. En la actualidad existen 4.650.000 empleados no registrados. Si aportaran, cambiaría la relación beneficiarios/aportantes y, con la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, posiblemente se cubriría sin problemas el nivel actual de jubilaciones respecto a las remuneraciones de los trabajadores en actividad.

Además, hay un problema conceptual grave. El sistema solidario vigente es la antítesis del sistema egoísta neoliberal en el que cada uno ahorra para su propio futuro, sin importarles lo que ocurre con sus semejantes, que fue la base de las AFJP. En el sistema de reparto se establece la responsabilidad generacional y la solidaridad entre la población activa y la que, por razones de edad o fuerza mayor, han pasado a una situación laboral pasiva.

No se trata solamente de los trabajadores en actividad y de quienes ocupan mano de obra, sino que abarca a toda la población, que debe colaborar en forma progresiva según sus posibilidades económicas. Por esa razón era lógica la participación de la Anses en la recaudación del impuesto a las Ganancias. Además, como un problema mundial es la concentración de riqueza, habría que aumentar sensiblemente el impuesto a la misma (en la Argentina, “bienes personales”), ampliando su concepto y destinando parte de la recaudación a cubrir las necesidades de financiación del sistema previsional.

Es de esperar que en esta oportunidad no vuelva a intentarse la experiencia de jubilación privada que fracasó en los ’90. Para evitarlo, la resistencia social va a ser fundamental.