La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realiza un análisis del presupuesto nacional argentino cada año y hace foco en la comparación entre inversiones en materia de protección y conservación de los recursos naturales y aquellas actividades contrarias, es decir, que generan un impacto ambiental negativo.

Este año, la FARN advierte que “en el presupuesto 2018 las partidas identificadas como compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,27% de los gastos, mientras que aquellas etiquetadas en la categoría de actividades contrarias alcanzan el 5,36%”.

Es decir, por cada peso que se invierte en cuestiones ambientales, se invierten $20 en cuestiones que colaboran con su degradación, un monto que se incrementó en comparación con el año pasado.

Entre las partidas que se consideran compatibles se encuentran la protección de ecosistemas, políticas asociadas al cambio climático para el diseño de políticas como el control de las emisiones, reducción de riesgos como inundaciones, así como también el trabajo en tierras degradadas y ciudades sustentables.

Entre las partidas contrarias se identifican gastos vinculados al fomento del transporte automotor, generación de energía a través de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), energía nuclear y grandes hidroeléctricas, fondos para actividades mineras y actividades de riego en la producción agropecuaria.

Sector agropecuario y forestal

Según un documento de SAyDS, “el cultivo de la soja avanzó sobre montes nativos, como el Bosque Chaqueño que se despliega en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe y noreste de Salta arriesgando la estabilidad de los ecosistemas”. Por tanto, destaca el informe, se fomentará la inversión en el sector que más afectó el cambio del uso del suelo en aquellas provincias donde el avance de la frontera agropecuaria ha generado los mayores daños sobre el bosque nativo.

Por otro lado, el gobierno planteó para este año el objetivo de alcanzar el máximo potencial productivo en cada espacio territorial en forma sostenible, conservando la biodiversidad y mejorando la calidad de los recursos naturales. Sin embargo, el uso y la aplicación de agroquímicos sigue ausente tanto en la agenda gubernamental como en el debate parlamentario.

Sector energético

“Por cada $1 invertido en energías renovables y eficiencia, se invierten $61 en la generación con combustibles fósiles y subsidios a tales energías”, advierte el trabajo.

Sin embargo, en un contexto de reducción del gasto público, se observa una caída de los fondos a actividades contrarias, que presentan partidas presupuestarias 30% menores respecto del 2017. Es decir, este año el monto es dos veces más bajo que el año pasado.

El 95% de las partidas contrarias de este sector se corresponden con la generación y el consumo de energía producida a través de petróleo y gas, un 1% corresponde a energía nuclear y el 4% a grandes proyectos hidroeléctricos. Por su parte, el 1% compatible corresponde a medidas para el planeamiento estratégico de la energía, generación eléctrica a través de energía solar, biogás y cuestiones vinculadas al uso racional y eficiente de la energía.

Sector transporte

Entre las partidas presupuestarias identificadas para el sector transporte, el 60% de las mismas son contrarias al cuidado del ambiente, fomentando las emisiones de gases efecto invernadero. Esta tendencia no es nueva y se mantiene desde el año 2017, pero también se observa una caída de los fondos para medidas compatibles, con tal sólo un 0,6%.

“Por cada $1 que se destina al transporte con menores emisiones de gases efecto invernadero, se estima que se invierten $104 a cuestiones vinculadas a medios de transporte que fomentan las emisiones, situación que se ha incrementado considerablemente desde el presupuesto pasado”, detalla el informe.

Glaciares y minería

Si bien por primera vez se halla en el presupuesto una partida asociada al Inventario Nacional de Glaciares, la fundación advierte que “por cada $1 que se destina al análisis y la generación de información vinculada al impacto de la minería, hay $66 destinados a la búsqueda de nuevos proyectos”.

Otro dato importante tiene que ver con los gastos tributarios: “Para la promoción de la actividad minera se prevé que el fisco dejará de percibir $1.507,2 millones, sector cuya generación de empleo se encuentra en caída desde 2015”. Es decir, las empresas mineras son las que más beneficios fiscales reciben del Estado.

Obras de infraestructura

“En el año 2018 predominan las obras de impacto negativo en el ambiente, con una preeminencia de aquellas para transporte, como así también obras tendientes a la expansión del riego, con una potencialidad de cambios en el uso del suelo agrícola, además del gasoducto previsto en la provincia de Mendoza”, asegura el trabajo de FARN.

Sin embargo, en este sector también hay una variable positiva y es que, a largo plazo, ganan predominancia las obras compatibles con la conservación del ambiente, como ciclovías y rellenos sanitarios.

Por último, la constitución del Fondo Nacional para Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos cuenta con un bajo porcentaje dinerario. Este año se le otorgarían $13,5 millones menos que en 2016, representando un 0,02% del presupuesto nacional, valor que el año pasado llegó a 0,03%. Vale la pena destacar que, por ley, el financiamiento debería ser de un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional.