El estado es responsable por la falta de presupuesto y políticas públicas para la implementación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Es responsable del peor retroceso en derechos desde la última dictadura genocida. El ajuste económico, el aumento de tarifas, el aumento de precios por inflación, el endeudamiento externo, la precarización que implica la mentada reforma laboral, el aumento de la pobreza que tiene como resultado su feminización, la criminalización de la protesta, el recorte a lxs jubiladxs, lxs presxs políticos, solo por mencionar algunos de los temas mas acuciantes.

En este contexto, con las mujeres movilizadas en asambleas para organizar el paro y la jornada del 8 de marzo del Ni Una Menos, con gran parte del movimiento obrero organizado que empieza a decir basta a través de una demostración contundente como lo fue la concentración de las centrales obreras del 21 de marzo, con una oposición que empieza a comprender la necesidad de articular consensos y minimizar diferencias, cuando desde Amnistía Internacional llega un informe que da cuenta sobre la situación del país en el que se critica entre otras cosas, la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y las muertes en contextos de reclamos sociales, Mauricio Macri manifiesta alegremente que “habilita” en el Congreso de la Nación, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito.

En principio habría que decir que fue el mismo Mauricio Macri, que en el año 2012 vetó en la Ciudad de Buenos Aires la ley aprobada por la legislatura de Protocolo para abortos no punibles. No estamos hablando de aborto legalizado o despenalizado, lo que vetó Macri fue la posibilidad de que mujeres víctimas de violación puedan acceder a un aborto, tal como lo autoriza desde el año 1921 nuestro código penal. Sorprende la repentina preocupación del presidente por un tema que las mujeres hace mas de treinta años estamos exigiendo y que consideramos una deuda de la democracia.

No nos sorprenden las inmediatas declaraciones del titular del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni, quién aclaró que el trascendido “no guarda relación con lo que se habló en Casa Rosada” y que “es un tema que no lo instala ni lo promueve nuestro espacio político”.

Si se trata de un tema que no lo instala ni promueve el gobierno, porqué aparece en escena justo ahora y en vísperas del 8 de marzo y luego del pañuelazo en el Congreso. Nos parece como mínimo algo oportunista.

Las mujeres venimos pagando con nuestras vidas los abortos clandestinos. No se trata de un tema que pueda ni deba se utilizado, tal como sostuvo el Dip. Nac. Guillermo Carmona, como una cortina de humo para ocultar cosas que están sucediendo en el país y para las cuales se van agotando las respuestas.

El aborto no es una cuestión privada, se trata de un tema de salud pública, ya que solo en Argentina se realizan alrededor de 500000 abortos por año, siendo la principal causa de muerte materna.

La penalización no implica que los abortos ilegales no se efectúen, solo hace que se realicen en condiciones sanitarias desastrosas para las mujeres que carecen de medios económicos para pagarlo, aumentando así los riesgos de vida.

Según especialistas en el tema, Argentina tiene entre tres y cinco veces mas abortos que países donde se ha despenalizado y es bien sabido además que las mujeres no elegimos abortar, el aborto en todo caso es la última circunstancia cuando falla la educación sexual y los métodos anticonceptivos.

Volviendo al tema de la nota, los movimientos de mujeres hace muchos años que luchamos por la legalización del aborto. Tendremos que exigir que se habilite seriamente el debate en todos los ámbitos de la sociedad y que nuestrxs representantes en el Congreso se expidan abiertamente, sin rodeos ni aceptando las presiones de los sectores fundamentalistas.

Las mujeres estamos organizadas y marcamos nuestra agenda. Como sostiene Boaventura de Sousa Santos, nuestro desafío debiera ser articular esa agenda con los movimientos sociales, organizaciones y partidos políticos que hoy luchan contra el neoliberalismo.

Y en esa articulación nuestro derecho a una vida sin violencia y a decidir sobre sobre nuestros propios cuerpos es una demanda que no estamos dispuestas a renunciar.

Hoy como siempre, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir.