La fuga de capitales, es decir, del dinero obtenido en forma ilegal, en base a actividades delictivas o mediante la evasión impositiva, es un cáncer que afecta a todas las economías, pero especialmente a las del tercer mundo, y que está asociado a la existencia de los llamados “paraísos fiscales” que, según la Tax Justice Network, una organización con sede en el Reino Unido, son los “lugares que procuran atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayuden a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones”. Es decir, tienen un secreto bancario y comercial estricto y muy bajos impuestos para aquellas empresas que no realizan operaciones industriales o comerciales dentro de su territorio. Esta organización calcula que existen distribuidos en unos 80 “paraísos” un fondo de riqueza de entre 21 y 32 billones de dólares (estamos hablando de doce ceros).

Con origen en la Argentina se calcula que existen entre 230.000 y 500.000 millones de dólares con ese destino. El daño que producen en la economía del país es muy grande, muy superior aldaño fiscal que genera esta fuga (calculada en 21.400 millones de dólares por año en nuestro caso), porque generalmente no se tiene en cuenta que se trata de dinero no invertido en el país y que, por el efecto multiplicador de la inversión, aumentarían en mucho más al ingreso nacional. Pobreza, marginación, desocupación es, en gran parte, consecuencia de esta fuga.

Según un estudio a nivel mundial de Raymond Baker (2005), el 5% de la fuga se origina en la corrupción estatal, el 31% en actividades criminales (narcotráfico, trata de personas o de armas) y el 64% (casi dos tercios del total) son empresas o personas que envían sus ganancias a los paraísos fiscales, en lugar de invertirlos y desarrollar los países de origen.

El G-20 anunció en el año 2009 la decisión de terminar con los “paraísos fiscales”, pero no pasó de una declaración de buena voluntad. Lo que pasa, limitándonos a un solo ejemplo, es que 98 de las principales 100 compañías que cotizan en la bolsa de Londres tienen subsidiarias en paraísos fiscales y 10 de ellas tienen allí su sede central. La mayoría de ellas, de alguna forma, opera en nuestro país.

Por su parte, en mayo del 2016, la alcaldesa de Barcelona propuso prohibir el participar de licitaciones o contrataciones a empresas que hayan tenido (ella o sus directivos) alguna relación con los “paraísos fiscales”, con fuertes penalidades (además de la rescisión del contrato) a quienes incumplan o mientan al respecto. La propuesta tuvo gran aceptación y la adhesión de 37 municipalidades, incluyendo Madrid, Sevilla y Zaragoza, para crear una “zona libre de paraísos fiscales”. Pero creo que todavía no logró ponerse en vigencia.

En la misma línea que los proyectos anteriores, en nuestro país el año pasado se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, firmado por un conjunto de diputados encabezados, entre otros, por el representante neuquino Darío Martínez.

En el proyecto se prohíbe al Estado Nacional contratar, designar como funcionarios o ejercer cargos electivos a personas  físicas o jurídicas que posean o hayan tenido en los cinco años anteriores patrimonio, hayan constituido fideicomisos o integren directorios de sociedades registradas en “guaridas fiscales”, nombre que es mucho más apropiado que el de “paraísos fiscales”, que es como son denominados habitualmente.

Establece duras penalidades para la violación de sus normas: nulidad absoluta de los contratos o beneficios, debiendo reintegrar al Estado todo lo percibido, con sus actualizaciones e intereses,  más una multa equivalente al doble de lo anterior y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les quepa. En el caso de los funcionarios o electos, se prevé la destitución o juicio político, según corresponda, debiendo devolver el doble de lo percibido en calidad de multa.

Al igual que con la decisión del G-20 del 2009 o la propuesta de las comunas españolas, es muy difícil que nadie se oponga públicamente a un proyecto de este tipo. Pero más difícil parece que se apruebe, debido a los poderosos intereses que toca, incluyendo a los más elevados cargos de la República. La burocracia legislativa se encargará de ello.

De todas formas sería importante  que el proyecto se replicara en provincias y municipalidades, para que la opinión pública vaya tomando conciencia de lo que significa la fuga de capitales y del daño que nos produce a todos.