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Hace poco más de una semana, el presidente Macri nos sorprendió con una frase que define el tamaño de su cinismo: “el mar es inmenso, el submarino es pequeño”, dijo refiriéndose a la tragedia del ARA San Juan. Las reacciones ante tal afirmación no se hicieron esperar, especialmente en las redes sociales, en algunos casos con referencias irónicas ante la ocurrencia y, en otros, mediante manifestaciones de indignación.
No es la primera vez que el presidente se refiere a la desaparición del submarino recurriendo a expresiones que, a priori, parecen desafortunadas. Días antes de las fiestas navideñas había apelado a argumentos similares. No debe buscarse, por lo tanto, la explicación de la exteriorización de tales barbaridades en las limitaciones discursivas del hombre ni en una supuesta torpeza. Todo indica que no se trata de expresiones espontáneas sino de frases atribuibles a un libreto oficial que busca impactar en la opinión pública en determinado sentido.
La desaparición del ARA San Juan y de sus 44 tripulantes no ha sido el único hecho trágico que padecimos los argentinos durante el 2017 pero, sin lugar a dudas, es el que revela con mayor nitidez una práctica constante del gobierno de Mauricio Macri: el evidente trastocamiento de la realidad mediante la naturalización de situaciones trágicas.
Las dramáticas circunstancias que están viviendo las familias de los 44 tripulantes del submarino nos imponen no entrar en comparaciones burdas sobre la magnitud e impacto de diversos hechos calamitosos que transcurren frente a nosotros. Basta con decir que estamos padeciendo tragedias que se visibilizan de manera súbita y brutal –como es el caso de la desaparición de una embarcación militar con su tripulación completa, sin que se tengan noticias de su paradero durante más de tres meses- y otras que operan constante y cotidianamente, afectando a la población con impactos que a veces no se perciben en su real magnitud en el día a día, pero cuyas consecuencias son de efecto acumulativo. Es así como el exorbitante endeudamiento, los despidos masivos de trabajadores, el crecimiento de la pobreza, el déficit en la balanza comercial, las constantes deserciones en la reivindicación de soberanía, el palpable déficit democrático que se evidencia en la pérdida, violación o disminución de derechos y garantías constitucionales, son -entre otras muchas- claras y concretas situaciones que evidencian la tragedia argentina que vivimos, incubando crisis y padecimientos de imprevisible gravedad que deberemos afrontar duramente en un futuro cercano.
Detrás de las tragedias están las acciones u omisiones del gobierno, hoy disimuladas por el aparato paraoficial de los más grandes medios de comunicación y por un poder judicial que, orgánicamente y con raras excepciones, mira para otro lado –preferentemente para atrás- frente a situaciones escandalosas protagonizadas por Macri y su gobierno.
Ante los hechos trágicos sobrevinientes a la asunción del presidente Macri la respuesta del gobierno suele ser casi siempre la misma: su naturalización. Esto implica atribuir a la naturaleza de las cosas todas las calamidades que se producen como consecuencia de la acción u omisión gubernamental. Cuando esa rutinaria actitud no da resultados y la opinión pública muestra reacciones inconvenientes para el gobierno, siempre está expedita la vía de la atribución de las responsabilidades a los gobiernos y gobernantes inmediatamente precedentes a la actual gestión. Un clásico modo de dar por explicados y resueltos los temas que más incomodan al macrismo.
El caso de la desaparición del ARA San Juan ha sido abordado por el gobierno siguiendo ese libreto. En los días previos a la fecha del primer mes de la tragedia, el gobierno hizo circular la versión de que era inminente un mensaje del presidente. Los días pasaron sin novedades al respecto hasta que, finalmente, en vísperas de la Navidad, en el amigable contexto de una entrevista grabada para el programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino, el presidente consagró la naturalización de lo ocurrido: “Son cosas así, son cosas que pasan y que son inexplicables”, dijo.
Lo afirmado por el presidente es falaz: las cosas no son así, ni pasan habitualmente. Cuando ocurren requieren de explicaciones y de la búsqueda de los responsables. Como se puede comprobar repasando las opiniones de notorios especialistas, no son comunes las tragedias en las operaciones de submarinos, ni en la Argentina ni en otras partes del mundo, como tampoco es común que los gobiernos no den explicaciones frente a hechos de semejantes dimensiones catastróficas.
Las fiestas de fin de año y el comienzo de las extendidas vacaciones presidenciales hicieron que la afirmación del presidente quedara en el limbo que preserva a las atrocidades dichas por Macri y por los integrantes de su equipo de ceócratas de las reacciones adversas de la opinión pública.
Resulta evidente que el objetivo del gobierno ha sido dar por cerrado el caso recurriendo al argumento de la fatalidad. Si no lo ha logrado hasta ahora, ha sido por el persistente reclamo de los familiares de los tripulantes, por las filtraciones de información reservada en la prensa y por la exigencia de explicaciones que surge del Congreso Nacional.
La información sobre las circunstancias de la desaparición del submarino ha comenzado a fluir a través de los documentos reservados de la Armada Argentina que han sido publicados por la prensa en las últimas semanas. La falta de mantenimiento de la embarcación y los problemas en su funcionamiento complican no solo a los altos mandos de la Armada Argentina sino también al gobierno. Se trata de dificultades que, de confirmarse, podrían haberse solucionado mediante las revisiones y reparaciones que cada 18 meses debía hacérsele al ARA San Juan, según surge de las recomendaciones de la auditoria de la fuerza que han trascendido. La decisión del gobierno de Macri de realizar recortes en las Fuerzas Armadas ha afectado, especialmente, a las áreas de producción para la defensa y mantenimiento. Nada natural hay en tales circunstancias que necesariamente se relacionan con la acción o la omisión de los funcionarios civiles o de los mandos militares. Surge entonces el interrogante de si seguiremos tolerando los argentinos que permanezca en su cargo un ministro que no explica semejantes situaciones.
También ha provocado especial atención de la opinión pública el conocimiento de detalles sobre la misión del submarino, uno de los puntos que con mayor insistencia reclamamos que fuera aclarado desde el Congreso de la Nación. La existencia de incidentes con embarcaciones británicas y la tarea de observación y seguimiento de embarcaciones y aeronaves de esa nacionalidad que le habrían sido encomendada al ARA San Juan, alimentan conjeturas y, sobre todo, exigen respuestas oficiales. La negativa del gobierno expresada sobre la veracidad de tales trascendidos no resulta en lo más mínimo creíble. Todo indica que, a través de documentos oficiales y de testimonios expresados por testigos que ya han declarado en la causa judicial, los incidentes habrían ocurrido y esa misión difícil de justificar habría sido ordenada al comandante del submarino.
Otras circunstancias, que rompen con la naturalidad de la desaparición del submarino que el gobierno pretende instalar, son las que surgen de la información acerca de la ocurrencia de una fuerte explosión captada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE o en inglés CTBTO). Hasta ahora ni la Armada Argentina ni el gobierno han confirmado la magnitud del “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión” que fuera informado el día 23 de noviembre pasado por el vocero oficial. Tampoco han dado a conocer los detalles del resultado del ensayo que habría sido realizado lanzando al mar 100 kilos de TNT a 40 metros de profundidad para compararlo con aquella anomalía hidroacústica captada por el CTBTO. Ese ensayo fue dado a conocer por medios de comunicación oficialistas tras haber trascendido la realización del ensayo por dichos de los familiares de los tripulantes que habían tomado conocimiento de su realización.
De la comparación entre los informes de la explosión detectada y la explosión ensayada podrían inferirse relevantes conclusiones. El silencio del gobierno al respecto también levanta sospechas entre familiares y especialistas. Es por eso que los familiares remitieron una carta al presidente, mientras se encontraba en Chapadmalal, en la que le solicitaron que se den a conocer ambos informes. Allí expresan que “Hemos visto que por regla general, el análisis de todo evento explosivo comienza por el cálculo de su equivalencia en kg de TNT (o toneladas en el caso de explosiones más fuertes) y que en caso de confirmarse su relación con el destino del ARA SAN JUAN y su tripulación, nos podría dar con mucha precisión el origen y causa del siniestro. Entre muchas cosas, podría determinarse fehacientemente, si fue por fallas debido a negligencia o accidente, o si como muchos piensan, fue producto de un ataque externo. Nos preguntamos cómo puede ser que el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina no hayan hecho aún públicos y de manera oficial, los resultados completos de este informe, que permitiría repetimos, saber a ciencia cierta el origen y causa del siniestro”.
Sobre estas y otras circunstancias, para nada atribuibles a la naturaleza de las cosas, he formulado esta semana preguntas al jefe de gabinete Marcos Peña, en el pedido de informes presentado de manera previa a su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Será importante prestar atención a las respuestas que deberían llegar a nuestras manos en el mes de marzo. También será relevante si el jefe de gabinete no responde a estas inquietudes fundamentales, como viene ocurriendo hasta ahora.
La naturalización de los resultados negativos de la búsqueda tampoco resulta justificable. Los especialistas marcan que si hubo una explosión –principal hipótesis sostenida por el gobierno tras el informe de la CTBTO- los vestigios de la misma deberían haberse hecho evidentes rápidamente mediante la aparición de partes de la nave o fluidos. Además, con la tecnología hoy disponible no es para nada cierto que “el mar es inmenso”, como afirma el presidente. La determinación adecuada del área de búsqueda y la utilización de la tecnología adecuada hace que la localización sea no solo una expectativa remota sino una palpable posibilidad en base a las probabilidades.
Tampoco serían hechos de la naturaleza los ejercicios militares de la Armada Argentina en el Atlántico Sur concretados antes de la desaparición del submarino. En principio, sería de suponer que no se habría tratado de ejercicios combinados con fuerzas armadas de otros países ya que el Congreso de la Nación no los ha autorizado. Como el gobierno no da explicaciones al respecto también aparecen las dudas y las sospechas. De hecho, resulta extraño que el gobierno desistiera del tratamiento de su pedido de autorización al Congreso para los ejercicios militares con fuerzas extranjeras cuando aún no se había producido la desaparición del submarino.
El propio vocero de la Armada Argentina confirmó que “había habido hacía 10 días un adiestramiento integrado con la flota de mar y aeronaves de la aviación naval”. Circula al respecto una versión acerca de la realización de prácticas de misilísticas desde embarcaciones militares hacia un buque utilizado como blanco en áreas próximas a la isla de los Estados, días antes de la desaparición del ARA San Juan. Surge, al respecto, la pregunta acerca de la veracidad de esos trascendidos y, al mismo tiempo, sobre la razonabilidad de realizar ese tipo de ejercicios en un área tan próxima a la zona de exclusión británica en Malvinas. He consultado en el pedido de informes al jefe de gabinete, antes referido, sobre si se concretaron ese tipo de maniobras y las características que tuvieron. La falta de precisiones del gobierno y de la Armada hacen que sea fundamental preguntar por esos ejercicios militares que fueron realizados en forma inmediatamente precedente a la desaparición de la embarcación.
Todo indica que no se trata de “cosas que pasan”, como desea hacer suponer el presidente. Como legislador nacional, interesado en el conocimiento de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición de los 44 tripulantes y de la embarcación que los transportaba, he sido y soy extremadamente cuidadoso de evitar hipotetizar sobre las causas de la tragedia y no inclinarme por alguna de las hipótesis que están siendo formuladas. Pero a esta altura de las circunstancias se impone que surjan las respuestas del gobierno. El presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri, y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, deberían asumir que, mientras sigan en el plan de naturalizar la catástrofe, solo provocarán –como está ocurriendo- que se multipliquen por doquier las hipótesis y sospechas más variadas.
Tengo la impresión de que con la acción de naturalización de la tragedia el gobierno se está pegando tiros en sus pies. Eso no es, precisamente, lo que me preocupa. Lo gravísimo es que cada día queda más claro que se nos está ocultando la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y sobre los verdaderos motivos por los que el submarino no es encontrado.
Hasta ahora, el gobierno no ha logrado enterrar al asunto como lo viene intentando. Espero que algún día no muy lejano podamos conocer la verdad sobre los hechos y someter a la justicia a los auténticos responsables de la tragedia.
